De acuerdo con Sergio Cárdenas (ver “El (todavía reducido) papel del Poder Judicial Federal en la definición de política educativa en México”, en este mismo espacio el 30 de septiembre del 2015), las recientes interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de la distribución de competencias en materia de evaluación educativa ayudarán “no solamente a evitar ineficiencias en la operación del Sistema Educativo Nacional, sino a reducir la probabilidad de observar la dilución de responsabilidades que tanto afectó el proceso de descentralización iniciado en los noventa”. Cárdenas cree que debemos pasar de la actual etapa de controversias constitucionales entre la Federación y las entidades federativas acerca de la invasión de esferas en educación a la era de las decisiones sustantivas sobre el derecho a la educación y la equidad en la escuela.

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Cierto, la Corte debería ampliar su actuación. El sistema educativo es más grande y complejo y existen temas característicos del presente. Tras décadas de crecimiento de la cobertura en educación básica, el Estado ha introducido una obligación constitucional de garantizar la calidad de la misma (por cierto, con pésima técnica legislativa, pues hoy leemos en la Constitución: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria […] dicha educación será laica”, es decir –si nos fiamos de la gramática– enseñar religión en la educación básica y media superior ha quedado prohibido también en escuelas privadas; pifia producto de la improvisación). Pero sería un error confundir los cambios constitucionales con una “evolución” ordenada del sistema educativo y de sus temas.

En realidad, desde hace más de un siglo, las atribuciones jurídicas en la materia se centralizan, descentralizan y vuelven a centralizarse en un movimiento pendular. La Constitución de 1857 había confinado la educación a la esfera local (siguiendo el modelo de Estados Unidos), pero la penuria de las escuelas municipales dio origen, en el siglo XX, al protagonismo de Vasconcelos en el gobierno federal junto con reformas constitucionales centralizadoras (como la educación socialista y los libros de texto gratuito nacionales). En 1992-1993, una monumental transferencia de escuelas y personal a los estados retomó la etapa de las descentralizaciones. Pero henos aquí de nuevo centralizando: en 2013-2014 se atribuyen a la Federación facultades exclusivas en materia de evaluación educativa, se reforma la Ley de Coordinación Fiscal para establecer un sistema de administración de nómina desde la Secretaría de Educación Pública y se contrata a cientos de investigadores directamente desde el Conacyt. Nada asegura que esas medidas, aun validadas por la Corte, contribuirán a la eficiencia administrativa y a la clarificación de responsabilidades, como cree Cárdenas. Los abogados laboralistas ya debaten quién es realmente el titular de la relación laboral con los maestros, ¿la SEP o los estados? En las instituciones de educación superior se pasean jóvenes “catedráticos” que prácticamente no dan cátedra (no hay incentivos para darles clases porque los sistemas de becas y estímulos no se aplican a “externos”) y responden a dos jefes (Conacyt y la institución académica de adscripción) ¿Cuál es la eficiencia de ello, dado el déficit de cobertura en educación superior que sufre México y la opacidad con que se selecciona a estos jóvenes? La dilución de responsabilidades, el despilfarro y el influyentismo son tan problemáticos como siempre.

En lo que coincido con Cárdenas es en que existen muchos temas adicionales acerca de los que la Corte podría pronunciarse. Necesitamos, como dice el investigador del CIDE, una Corte dispuesta a pronunciarse sobre equidad educativa, asignación razonada de recursos públicos a programas efectivos, contra mecanismos de segregación injusta a través de las escuelas de doble turno, entre otros temas innovadores. La designación como ministro de Javier Laynez, quién trabajó en la Secretaría de Educación Pública durante la reforma del 92-93, podría contribuir a ello. Pero es deseable que los  sectores favorecidos por el Tribunal Constitucional no sean sólo instituciones filantrópicas de las que le dan un aura progresista y lo congracian con los poderes fácticos, como “Aprender Primero A. C.”. Los principales conflictos actuales en materia educativa no son acerca de novedosos derechos humanos de la tercera o cuarta generación, sino viejas disputas sociales, ideológicas y sindicales que nunca han sido resueltas, en parte por el reducido papel de la Corte.

Le suene bien o no a los ministros, los maestros disidentes suelen reivindicar tradiciones pedagógicas y derechos sindicales que aún tienen asidero en nuestro sistema jurídico. Éstos deben ser ponderados con las reformas modernizadoras, pero no se les puede ignorar. Los disidentes que exigen el respeto a conquistas laborales y la formación no meramente técnica y profesionalizante, están apoyados por convenciones internacionales y principios vigentes del artículos 3º constitucional (la Constitución Mexicana no renació de cero con el neoliberalismo). El interés superior del niño no significa el aval acrítico a proyectos de evaluación improvisados y descontextualizados. Sin tener que adherir a las teorías de Paulo Freire o Ivan Ilich que en ocasiones suelen citar los maestros de la CNTE, el Máximo Tribunal tiene la obligación de hacer algo más que implementar la reforma del Ejecutivo Federal. El hecho de que todos los ministros emanen de negociaciones entre el PRI y el PAN no los exime de la misión de identificar las expectativas legítimas de toda la sociedad, incluyendo a sindicalistas y movimientos de jóvenes sin universidad.

En vez de ello, sin embargo, la Corte se ha limitado históricamente a avalar las reformas del presidente. Hasta ahora, el Máximo Tribunal nunca ha contribuido a equilibrar el federalismo educativo, menos aún a adentrarse en los valores e ideologías presentes en el artículo 3º constitucional (positivismo, socialismo, liberalismo, entre otros). Sería deseable que la Corte entre a analizar “la asignación poco razonada de recursos públicos a programas”, como dice Cárdenas. Por ejemplo, a la evaluación magisterial nacional con reactivos improvisados, estandarizada y no contextual o a las citadas cátedras Conacyt que no contribuyen a la expansión eficiente ni de la educación superior, ni de la investigación (centralizar contrataciones no evita por sí mismo irracionalidad presupuestal y favoritismo, en particular cuando se llama “catedráticos” a quienes, lejos de la docencia y muchas veces en la Ciudad de México, son investigadores adscritos al fondo que financia la investigación en México y que debería hacerlo de manera imparcial). Estos son algunos de los retos importantes para la Corte en los próximos años en materia de educación.

Bernardo Bolaños es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa.