La política de participación social forma parte de la propuesta internacional de gestión centrada en la escuela que se sustenta en la idea de otorgar capacidades de decisión a las escuelas. En México, la Ley General de Educación de 1993 crea espacios para este propósito con la creación de los Consejos de Participación Social en estados, municipios y escuelas.

1

La gestión centrada en la escuela en México adopta el nombre de “autonomía de gestión” o la “escuela al centro”. Este modelo asigna un espacio para las familias pero falta definir las características del mismo. Éste es un primer punto de debate sobre la forma de gobierno, o bien la gobernanza, que define la relación entre el gobierno y la sociedad, que en las escuelas se define por las relaciones entre los padres de familia, directores, docentes y las autoridades educativas.

La idea de otorgar capacidades de decisión a las comunidades escolares que anima la política de descentralización puede, paradójicamente, implementarse mediante formas de gobierno que actualicen la centralización. Esto se puede observar con la forma de gobierno en las escuelas donde el director puede centralizar decisiones o bien compartirlas con docentes y padres de familia.

La participación social en las escuelas se estructura a partir de los Consejos Escolares de Participación Social, en adelante CEPS, integrados por representantes de padres de familia y de docentes, el director y  otros miembros de la comunidad. En 2014, la SEP emitió dos normatividades que definen el significado y alcance de la participación social y su vínculo con la gestión escolar. La primera norma señala las funciones de los CEPS, entre éstas: conocer las acciones educativas, sensibilizar a la comunidad, alentar el interés de las familias, propiciar la colaboración, opinar en asuntos pedagógicos, contribuir a reducir el efecto de las condiciones sociales adversas y vigilar el cumplimiento de la normalidad mínima de las escuelas.1 La segunda norma señala a las autoridades locales, directores y a los Consejos Técnicos Escolares que necesitan promover y fortalecer la participación de los padres de familia.2 Destaca la frase: se “promoverá la vinculación del Consejo Técnico Escolar con las familias de los estudiantes… de acuerdo a sus condiciones, tiempos y contextos específicos, reconociendo y estimulando su papel de apoyo al aprendizaje de sus hijos, tanto en la escuela como en el hogar y desarrollando sus capacidades para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar”.3

Estas normativas perfilan el tipo de política que se construye para la participación social, este perfil lo podemos identificar a partir de la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo podrían los CEPS reducir el efecto de condiciones sociales adversas? ¿Qué herramientas tienen los CEPS para supervisar el cumplimiento de la normalidad mínima? ¿Cómo se espera que los Consejos Técnicos se acerquen a las familias y reconozcan el papel de éstas en el aprendizaje de los niños?

El primer aspecto plantea que los CEPS puedan enfrentar las condiciones adversas de las familias; sin embargo, el problema es complejo. La OCDE, con base en resultados de la prueba PISA, señala que los alumnos que viven en condiciones de desventaja social tienen tres veces más probabilidades de obtener un bajo desempeño en comparación con alumnos que viven en mejores condiciones.4 Este aspecto destaca el rezago escolar también diagnosticado mediante PISA. Es pertinente apelar a la voluntad para contribuir a atender el problema pero éste es de carácter sistémico y difícilmente pueden resolverlo por sí solas las escuelas y mucho menos los CEPS. En dado caso, se tendría que establecer que la contribución de los CEPS se realizaría mediante el apoyo a programas diseñados ex profeso.

El segundo aspecto es la vigilancia de la normalidad mínima que, al contrario del punto anterior, tendría menor dificultad para implementarse. Esta normalidad incluye que el servicio educativo se provea todos los días del calendario escolar, los grupos cuenten con docentes, puntualidad del docente, asistencia de alumnos, que los materiales estén a disposición de cada alumno, el tiempo escolar se ocupe en actividades de aprendizaje, las actividades que propone el docente logren que los alumnos se involucren en clase, que los alumnos consoliden su dominio de lectura, escritura y matemáticas. La mayor parte de éstas son funciones de gestión que realiza un director de escuela y supervisores escolares.

El tercer aspecto se refiere a la relación entre la educación en la escuela y en el hogar, pero es igualmente vago ya que sólo indica que los Consejos Técnicos Escolares busquen un acercamiento con las familias en la medida de las posibilidades en cada comunidad escolar. Un problema irresuelto, en este acercamiento, es cómo transitar del apoyo tradicional brindado en el hogar a los menores hacia uno donde el hogar, a través de actividades cotidianas, complemente la enseñanza que se recibe en la escuela. Esto último requiere orientación hacia los padres de familia por parte de los docentes y directores.

Necesitamos valorar la política de participación social en su dinámica y evolución, ya que podría innovarse o mantener el status quo. La presencia o ausencia de programas dirigidos ex profeso para atender los problemas críticos de la educación indicarían hacia dónde se orienta el diseño actual de la política educativa más allá del discurso.

Las familias participan en la educación de los menores, pero el problema es cómo transitar de una forma tradicional hacia otra de colaboración entre familias y docentes. Esto implicaría fortalecer el papel de las familias en la educación pero no como supervisores, como extensiones de la autoridad para labores administrativas, sino como actores para fortalecer las relaciones entre el hogar y la escuela. Este último tema es el principal pendiente de las políticas públicas para la educación en México.

Claudia Santizo es profesora-investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM- Cuajimalpa.


1 ACUERDO 716, Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. México, DOF, 7-03-2014.
2 ACUERDO 717, Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar. México, DOF, 7-03-2014.
3 Acuerdo 717, Capítulo VI, lineamiento vigésimo.
4 OECD (2012), Low-Performing Students: Why they fall behind and how to help them succeed, PISA. Paris.