En términos de oposición política, las acciones de la autoridad son evaluadas no por sí mismas sino como un posible medio para alcanzar objetivos ulteriores, pero en el campo de la academia, me parece que habría que abordar las políticas educativas más desde criterios técnicos (incluyendo el impacto social de las políticas públicas) y menos desde la perspectiva ideológica. En este sentido me llamó la atención el artículo “Autonomía de gestión de las escuelas: la ilusión del poder de decisión” de Lucía Rivera, publicado en este mismo espacio. A la autora le parece inquietante la concepción de la escuela “como una organización productiva rentable, cuya razón de ser es el logro de determinados aprendizajes”; sin embargo, desde los años setenta1 se ha usado en la investigación sobre políticas educativas el modelo de función de la producción para evaluar los resultados en el aprendizaje de los alumnos. Para adaptar el método de los economistas, el centro escolar es considerado, en este caso, la unidad de producción cuyos insumos de trabajo son los docentes, directores y alumnos, los insumos de capital son los recursos físicos y administrativos de la escuela y el producto final es el aprendizaje. Para determinar la productividad de las escuelas se usan variables como las características de los docentes y de las escuelas, el tamaño de los grupos, el gasto por alumno, los insumos administrativos, el entorno familiar y cualquier otra que se pueda medir.

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No debería inquietarnos, entonces, que se incorporen a las políticas educativas mexicanas “metas verificables” e indicadores del Sistema Educativo Nacional, que deben incluir el nivel de conocimiento de los docentes medido por pruebas estandarizadas. Es deseable que las escuelas sean también una “organización productiva rentable” para las familias que destinan recursos privados al enviar a sus hijos a la escuelas esperando un ingreso futuro mejor para ellos, así como para la sociedad que destina recursos públicos a la educación. Rentable, además, en el sentido de que el alumno ingresa a un ciclo escolar con un nivel de conocimientos (X) y se espera que egrese con un nivel superior (X+Y).

Sobre el riesgo de “reducir la escolarización y el currículo nacional a la adquisición de contenidos instrumentales” cabe mencionar el principal rezago en la etapa de educación básica es el de la calidad del aprendizaje de habilidades básicas –como matemáticas y lenguaje– además de la cobertura de los primeros años de la educación preescolar.2

Resulta inquietante la tendencia a descalificar las pruebas estandarizadas de conocimientos como herramienta de medición de la calidad educativa al denunciarlos como una medida que no considera el contexto sociocultural tan diverso en México, sobre todo si tomamos en cuenta que las habilidades en matemáticas y comprensión de lectura son un ingrediente fundamental en las habilidades que las personas requieren al incorporarse a la edad productiva en cualquier contexto sociocultural. Los investigadores White y Masset,3 por ejemplo, encontraron en un estudio sobre educación en Ghana, que el efecto positivo del grado de escolaridad promedio en el ingreso de las comunidades llega a un límite y el factor que incide en la diferencia de ingresos entre personas con escolaridad similar es el grado de aprendizaje de cada individuo. Enfocarse en la calidad del aprendizaje es un imperativo para los gobiernos si se quiere cerrar la brecha de ingresos en la población. Eric Hanushek y Dennis Kimko demostraron, en el año 2000, el efecto causal de la calidad del aprendizaje (usando la prueba PISA para su estimación) y el crecimiento económico de los países, en una investigación que es un referente para la OCDE en el tema de evaluación del aprendizaje.4

En lo que respecta a la autonomía de gestión escolar, el programa Education For All de la Unesco5 sugirió en 2009 –entre otras cosas– descentralizar la toma de decisiones e involucrar a los comités escolares en la definición de prioridades de material e infraestructura en las escuelas con el objetivo de reducir la corrupción y mejorar la eficiencia en el gasto educativo, elementos incorporados en los acuerdos 716 y 717 citados en el artículo, que de ninguna forma restringen la participación de los padres de familia “a resolver problemas de operación e infraestructura”, sino que otorga a los Consejos Escolares de Participación Social la facultad de participar y definir temas variados de “materias que el Consejo Escolar juzgue pertinentes”.

En cuanto a que “la autonomía de gestión puede convertirse en un parapeto para emprender jugosos negocios, mismos que generalmente arrastran consigo una cauda de males como el desvío de recursos públicos, corrupción, opacidad e impunidad”, debe mencionarse que un principio básico de gobernanza es el supuesto de que la participación ciudadana reduce las posibilidades de corrupción al incrementar la transparencia en la gestión de los recursos, tal y como se espera con estas medidas. En el contexto educativo, los mencionados White y Masset, por ejemplo, sugieren que la participación de la comunidad en las escuelas es un factor para la mejora de la infraestructura, aunque advierten que puede implicar un aumento entre la desigualdad dado que las escuelas ubicadas en comunidades de mayores ingresos reciben más recursos de su comunidad que las escuelas en poblaciones marginadas. El Programa Escuelas de Calidad, por su parte, proporciona ayuda técnica y financiera para las escuelas que se encuentren en situación de bajo rendimiento en aprendizaje, alto índice de abandono escolar o en poblaciones de alta marginación (51 mil 227 escuelas participaron en el programa para el ciclo 2014-2015). Este financiamiento es utilizado de acuerdo con la Ruta de Mejora que cada escuela determina a través de su Consejo Escolar de Participación Escolar y bajo su supervisión. En otras palabras, es una política progresiva de redistribución de los recursos que mitiga –aun cuando sólo de forma parcial– la desigualdad entre las escuelas rurales y urbanas, por ejemplo.

Los riesgos mencionados en el artículo sobre la política de autonomía en la gestión escolar no están, al parecer, fundamentados por la literatura internacional actual sobre políticas educativas. Hay, por supuesto, muchísimas inquietudes en el tema de la educación en México que sin duda comparto.

José Espinoza Vargas actualmente se desempeña como secretario General de Gobierno del estado de Nayarit.