Durante el último trimestre de 2015 y el primer cuatrimestre de 2016 estará culminando el primer periodo de evaluación del desempeño de directivos y docentes, dentro del marco de la Reforma Educativa de 2013 y del recientemente creado Servicio Profesional Docente (SPD). Sin duda, de las leyes secundarias propuestas por el Ejecutivo a finales de 2013, el SPD es la más controvertida debido a sus alcances e implicaciones. La Ley General del Servicio Profesional Docente establece lo que será el trayecto profesional que deben seguir directivos y docentes dentro del sistema educativo a partir de procesos de evaluación en su ingreso, promoción y permanencia.

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Investigadores como Pedro Ravela (2015) insisten que utilizar la evaluación como solución a problemas asociados a la educación implica riesgos enormes, principalmente porque en esta última convergen un número importante de factores que en la gran mayoría de los casos no son del control absoluto de actores educativos como los directivos o los docentes. Guerrero como sistema educativo es un claro ejemplo de lo antes señalado, particularmente porque su realidad social impacta fuertemente a la educativa.

Desde la aprobación de la reforma educativa 2013 y su posterior armonización en las entidades federativas iniciaron en varias entidades del país–incluido el estado de Guerrero– manifestaciones de maestros en contra de los preceptos y consideraciones de la reforma y desde luego de sus leyes secundarias. Según Thomas S. Popkewitz (2000) en la medida en que una reforma como política pública no obtiene consenso con los involucrados en la misma, se corre el grave riesgo de que ésta carezca de pertinencia y factibilidad, señalamiento que ha sido usado por los opositores a la presente reforma, aduciendo que implica también modificaciones a su estatus laboral a partir de la obligatoriedad de evaluar su desempeño cada cuatro años con la finalidad de garantizar su permanencia en el servicio.

Resulta importante resaltar que un 46.2% de la población de Guerrero se encuentra ubicado en algún nivel de pobreza, de los cuales cerca de un 18% presenta cierto rezago educativo.1 Si lo que se quiere es contar con mejores directivos y docentes, el resultado hasta ahora ha sido una fuerte resistencia para participar en este proceso, en buena medida se trata de una responsabilidad compartida de autoridades, sindicatos, directivos, docentes, sociedad civil en su conjunto y desde luego medios de comunicación, principalmente por la desinformación que se ha generado entre el magisterio guerrerense sobre las condiciones de la evaluación y las consecuencias de la misma.

En Guerrero, hasta el mes de abril de 2016, han sido evaluados 4,123 directivos y docentes2 (3,706 de educación básica y 417 de educación media superior), esto a partir de un estimado de 5,418 directivos y docentes que se esperaba evaluar en este periodo (lo que representa un 76% de lo programado y equivale a un 10.2% del total de directivos y docentes que actualmente laboran en el sistema educativo local); quedarán así pendientes de evaluar 47,464 directivos y docentes para los subsecuentes periodos. De mantenerse la misma tendencia, podrían ser hasta 11 mil maestros los que quizás no se presentarían a evaluación en el estado de Guerrero en sus periodos correspondientes, la cifra, aunque es un cálculo arriesgado, revela una situación que debe preocupar y ocupar a las autoridades educativas del estado y del país.

Evidentemente esto ha ocurrido dentro de un contexto no exento de complicaciones y sucesos inesperados como los ocurridos en diciembre de 2015 en donde directivos y docentes se manifestaron al interior de la sede de aplicación por la falta de organización en la misma –hechos ampliamente difundidos a través de diversos medios de comunicación y las redes sociales–, ello generó la necesidad de programar una evaluación extraordinaria en abril de 2016 con la finalidad de alcanzar la meta establecida. Considerando las apreciaciones de directivos, docentes y desde luego autoridades este proceso encierra en sí incertidumbres, retos y desde luego tensiones, por lo cual resulta importante considerar que ninguna reforma puede carecer de consenso, siendo necesarios ajustes que permitan que todos los actores involucrados jueguen un papel activo en su aplicación.

Por lo anterior en lo subsecuente, será fundamental que las autoridades educativas asuman una determinación más específica respecto a lo que deriva de la evaluación del desempeño; es decir, que ésta se traduzca en acciones encaminadas a la profesionalización del magisterio, y desde luego en la mejora de las condiciones en las cuales directivos y docentes llevan a cabo su accionar. La labor docente es una de las más importantes en cualquier sociedad, México no es la excepción, por lo cual habría que ser cuidadosos con anuncios de alto impacto comunicativo como el futuro despido de 1,300 directivos y docentes3 que en Guerrero no contribuyen a distensar la situación. De llevarse a cabo todos esos despidos, además de que son previsibles más conflictos políticos, sociales y laborales, se tiene que prever cómo evitar el colapso del funcionamiento de un número importante de escuelas en la entidad, las cuales actualmente funcionan pese a muchas carencias y necesidades.

Guerrero es una entidad federativa peculiar, lo cual debería obligar a una aproximación diferente de sus problemáticas; analizar lo que sucede en su sistema educativo es en buena medida una forma plausible para identificar los problemas sociales que han agobiado históricamente a este estado: lo sucedido a finales de 2014 en Iguala –la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa– vino a agudizar más el encono social que ya presentaba complicaciones. Si una de las finalidades de la educación es coadyuvar a la mejora social, nos encontramos en un momento histórico y social importante para tomar decisiones acertadas, las cuales se deberían traducir en acciones encaminadas a la atención de una población cada vez más necesitada de cambios, de transformaciones y desde luego de innovaciones, conceptos elementales de una reforma, en cualquier ámbito.

Irving Donovan Hernández es estudiante de doctorado en educación en la Universidad IEU (Campus Acapulco).


Referencias

INEE (2015). Panorama Educativo de México 2014. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media superior. México: INEE.

Martínez Rizo, F. (2015). “Dilemas éticos y políticos de la evaluación de docentes y directivos”. En 2º. Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional. Ciudad de México, México.

Popkewitz, T.S. (2000). Sociología política de las reformas educativas. México: Ediciones Morata.

Ravela, P. (2015). “Uso de resultados para la mejora y la rendición de cuentas”. En 2º. Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional. Ciudad de México, México.

Notas

1 Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2015.
2 
De acuerdo con los resultados parciales publicados por la SEP, hasta abril de 2016, en Guerrero el 32.7% de los evaluados obtuvo un resultado insuficiente, 32.5% suficiente, 30.8% bueno y únicamente el 3.6% fue destacado.
3 
Comunicado 160 de la Secretaría de Educación Pública. 11 de abril de 2016.