En fechas recientes se debate el tema de posibles cambios que se deberían realizar a la legislación mexicana en materia de educación superior, existen temores fundados e infundados al respecto. Uno de los tópicos que debe ser analizado en una futura ley es el relativo a la responsabilidad del Estado para financiar la educación superior pública. Sobre el tema particular del financiamiento y sus posibles afectaciones en cambios legislativos deseo expresar algunas opiniones empezando con que es evidente que la legislación vigente no garantiza la suficiencia y certeza financiera de las instituciones públicas de educación superior en la actualidad.

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En primer lugar, existe una ambigüedad interpretativa de la fracción IV del artículo tercero constitucional que dice: “toda la educación que el estado imparta será gratuita”. En efecto, algunos pensamos que la educación que se imparte en las universidades públicas autónomas no es una educación que el Estado imparte puesto que en la Ley General de Educación (LGE)  –en sus artículos 7 y 10–  se hace la diferencia entre la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. Al hacerse esta distinción en la ley, se infiere lógicamente que hay una educación que imparte el Estado, otra es la educación que se imparte en organismos descentralizados y otra la impartida por los particulares. Se sugiere, que una nueva ley incorpore un artículo que elimine la ambigüedad interpretativa. Se podría establecer, por ejemplo que: la educación superior de carácter público será gratuita. Las cuotas voluntarias y de servicios que establezcan las instituciones  no se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las instituciones autónomas regularán el destino y aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones y cuotas (tomando como punto de partida la redacción del art. 6 de la LGE).

En segundo lugar, la LGE, en su sección tres, art. 25 intitulada: “Del financiamiento a la educación” no establece proporción alguna –a diferencia de la especificada a la investigación científica y tecnológica (al menos un 1%)–  que deba destinarse a la educación superior. Se puede retomar la sugerencia reiterada de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde hace varios lustros de que se le destine, al menos, un 1.5% del PIB.

En tercer lugar, la legislación actual mexicana no establece obligación y procedimiento alguno a las entidades federativas y municipios a destinar recursos a la educación superior. La iniciativa presentada por el gobernador de Veracruz recientemente puede ser un mecanismo para el caso de las universidades públicas, consistente en destinar al menos un 3% del PIB estatal a la Universidad Veracruzana. Cabe señalar que esta proporción correspondería aproximadamente al 50% del presupuesto púbico de esa universidad.

En cuarto lugar, no existe alguna reglamentación de la fracción VII del tercero constitucional sobre las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas, en particular la interpretación y alcance de las universidades autónomas de su “facultad y responsabilidad de […] administración de su patrimonio”. Esta facultad autonómica se ve restringida, acotada e invadida por disposiciones no constitucionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y recientemente de la Auditoría Superior de la Federación, pues dan un trato a las universidades como si fueran dependencias públicas y no como entes autónomos constitucionalmente. Por ejemplo, el artículo 22 de la actual Ley para la Coordinación de la Educación Superior, vigente, establece que “los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en que intervengan dichas instituciones, si los impuestos, conforme a la ley respectiva, debiesen estar a cargo de las mismas”. Todos sabemos que lo que está en esa ley es letra muerta pues la SHCP no la respeta.

En quinto lugar, la Ley de Coordinación para la Educación Superior –aprobada desde  1978– responde a una realidad muy distinta a la actual. No sienta las “bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, Estado y Municipios, ni las bases para prever las aportaciones económicas correspondientes […]”. La legislación mexicana debería contar con mecanismos más efectivos para lograr una coordinación más armónica entre las diferentes autoridades en la materia. 

Un tema que llama la atención es que por lo menos en los programas sectoriales de 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018 se ha propuesto como meta, actualizar la legislación para la educación superior y aún no se cumple. Por ejemplo, en el programa educativo 2001-2006 se afirma: “la normativa de la educación superior ya no responde a la dinámica del cambio incesante en materia académica y de organización del sistema. El reto es revisar y actualizar el marco jurídico para permitir su desarrollo y adecuada regulación y coordinación” (p. 198). El programa educativo 2007-2012 estipula: “promover reformas a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, con el fin de fortalecer el sistema de planeación  coordinación de este tipo educativo, así como la regulación del sistema” (p. 54). Ha pasado más de una década desde que se enunciaron las primeras intenciones de cambio en esta materia y desde entonces no hay resultado alguno a pesar de tratarse de compromisos federales. Igualmente tampoco se han atendido las reiteradas recomendaciones de la ANUIES en su propuestas para el programa sectorial educativo, desde hace un cuarto de siglo. La última propuesta de un financiamiento con visión de Estado (Eje IX del Documento: “Inclusión con responsabilidad social”) no se ha atendido en los tres años del actual gobierno.

En mi opinión es claro que se requiere una nueva ley acorde a las nuevas realidades que, para el caso del financiamiento –entre otros aspectos– otorgue certidumbre jurídica de la aportación federal, estatal y municipal a las instituciones púbicas de educación superior; que establezca las obligaciones de las instituciones públicas para regular sueldos y prestaciones a su personal, como las jubilaciones y el retiro, que también permita , para algunas actividades de investigación a largo plazo y la construcción de obras de envergadura, la aplicación de presupuestos plurianuales. Por último, lo que se requiere en una nueva ley es que los legisladores asuman el principio básico de que la educación superior es un derecho social y un derecho humano y a diferencia de la educación básica y de la educación media superior, no es obligatoria pero sí una responsabilidad del Estado ofrecer un lugar oportuno y una educación de calidad a todo el joven que terminada su educación media superior tenga el noble y legítimo deseo de continuar su educación superior. Para hacer efectivo ese derecho es necesario que la nueva ley establezca la responsabilidad de financiar con recursos del Estado la educación superior de carácter público.

Romualdo López Zárate es Rector de la UAM-Azcapotzalco.