Pocos meses después de la asunción del actual presidente de la Argentina, el ingeniero Mauricio Macri, en diciembre de 2015, se expandió un gran desconcierto de parte de la comunidad universitaria y periodistas especializados en los medios escritos y en las redes sociales, cuando se hizo público el nombre del candidato del oficialismo para cubrir el cargo de secretario de Políticas Universitarias. El licenciado propuesto era el productor televisivo de un programa de entrevistas a políticos, titulado “Animales sueltos”, que había tenido alto rating de audiencia en los meses previos a las elecciones presidenciales. El joven productor, licenciado en psicología, carecía de antecedentes y autoridad en el campo y no pudo sostenerse. Finalmente, el desacertado episodio culminó con el nombramiento del exrector de la histórica Universidad Nacional del Litoral, el abogado Albor Cantard, quién cuenta con el reconocimiento y apoyo de los universitarios.

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Hace más de un año cuando Mauricio Macri era todavía candidato presidencial, concurrió a un congreso sobre economía y gestión en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En dicho evento dio su opinión sobre la creación de 14 universidades públicas y gratuitas durante la última administración de Cristina Kirchner, que fue rápidamente viralizada en las redes sociales. Acompañado por un exfuncionario de su gobierno –el entonces decano de la facultad de Ciencias Económicas, que luego renunciaría por escándalos de corrupción y violencia de género– el ingeniero Macri afirmó: “Estamos muy mal hoy. Las pruebas Pisa muestran que no estamos ni entre los primeros países de Latinoamérica. Pero también el problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Acá hay que hacer más jardines de infantes. Acá falta que todos los chicos tengan la oportunidad de ir al jardín de infantes. Basta de esta locura“.

Estos signos iniciales parecen haber marcado los comienzos de una relación con el poder ejecutivo, que no tardó en mostrarse conflictiva y efervescente.

De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Políticas Universitarias, correspondientes al 2015, el campo universitario argentino está conformado por 133 instituciones, de las cuales 54 son nacionales públicas, 50 privadas, siete institutos universitarios públicos, 14 privados, seis universidades provinciales, una universidad internacional y una extranjera. Como puede observarse, domina una heterogeneidad pareja en cuanto la división entre instituciones públicas y privadas que muestra una composición mixta, aunque durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner creció el número de universidades nacionales, se crearon las provinciales y en menor proporción privadas. Con respecto a las nuevas universidades públicas bonaerenses, se pudo observar que aproximadamente el 70% de sus estudiantes es primera generación de universitarios. Este escenario debe completarse con el dato que en el año 2013 un 78,5% del total de universitarios se encuentra en el sector público y un 21,5% en el privado, teniendo en cuenta además que son más de 1,830,000 los estudiantes de grado. Obviamente el caso universitario argentino es particular por la composición de la matrícula mayoritariamente pública, la modalidad de ingreso directo a las universidades y la gratuidad de la oferta. La selectividad se produce al interior de las propias casas de altos estudios que tienen una tasa de graduación de aproximadamente 30 de cada 100 en el sector público y un poco más de 40 de cada 100 del sector privado. Esta brevísima radiografía adquiere sentido cuando se completa con algunas referencias al presupuesto, cuyo modo de aplicarse no ha variado significativamente a través del tiempo: un poco más de un 80% del gasto total anual de las universidades públicas se destina a sueldos y funcionamiento y menos de un 20% a programas especiales para el desarrollo institucional. A su vez las universidades públicas son financiadas en un 98% por los fondos asignados por el Ministerio de Educación. Durante la última década, se logró un aumento del presupuesto educativo hasta alcanzar un 6.4% del PIB, se desarrollaron programas orientados a la inclusión social además de la inversión pública en infraestructura y en ciencia y tecnología con la asignación de un 0.65% del PIB. Entonces, podemos afirmar que el campo universitario argentino entre un 70% y un 100%, pertenece al sector público y depende del Estado.

Con la llegada de la nueva administración macrista se aplicaron medidas económicas que afectaron severamente la situación presupuestaria de las instituciones y sobre todo los salarios docentes. Para entender el grado de afectación es útil mencionar algunas políticas diseñadas desde el inicio de la gestión: la devaluación del dólar y liberación del cepo cambiario, que automáticamente se trasladó al aumento de precios con la dura consecuencia inflacionaria calculada informalmente de modo diferencial según los productos y tarifas entre un 30% y un 60% desde noviembre 2015; además la eliminación de subsidios a los servicios de luz y gas, que incrementó las tarifas particulares y de los establecimientos desde dos hasta casi cinco veces el monto que se venía pagando según los casos, y por último la falta de acuerdo con los gremios docentes universitarios para actualizar los salarios en función de las paritarias salariales acordadas con las administraciones de los Kirchner.   

Esta descripción se constata en los distintos medios de comunicación con voceros oficialistas anticipando un semestre muy duro (apretar el cinturón) aconsejando caminar, comparar, buscar los mejores precios, y sobre todo advirtiendo sobre la necesidad de despedir empleados públicos nombrados por favoritismo político y otros que no son necesarios para alcanzar la modernización y el anhelado “cambio”. Este último concepto resultó clave para el éxito de la campaña del nuevo Partido oficialista PRO (Propuesta Republicana) y a partir del 2015, se consolidó como alianza Cambiemos  junto a la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Inflación, aumento tarifario, desactualización del valor del salario, amenaza de despido –y recientemente el veto a la ley anti-despidos de parte del Poder Ejecutivo– configuran algunas imágenes de época que incidieron en la masiva marcha por la defensa de la Educación Pública y de la Universidad Pública, que desde el gobierno del expresidente Carlos Menem, no sucedía. 

La impactante marcha del 12 de Mayo facilitó las condiciones para la negociación promovida por los gremios docentes universitarios, quienes lograron un aumento salarial global del 35% distribuido en cuatro cuotas: un 18% en mayo, un 7.5% en septiembre, un 7.5% en noviembre y un 2% en diciembre. Sin embargo, el efecto placebo del aumento salarial no invisibiliza los problemas estratégicos que derivan de las políticas de ajuste en contexto inflacionario y tarifas sin subsidios, que amenazan la continuidad de los programas de desarrollo institucional, las becas para estudiantes, el mantenimiento de las infraestructuras, entre otros. Lamentablemente, el escenario de las universidades públicas no es ajeno a las urgencias que plantean distintos actores sociales estatales y privados, cuyo malestar resulta al menos perturbador.

Marcela Mollis es profesora regular de Historia General de la Educación e investigadora de tiempo completo en educación superior e historia de las universidades, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.