La reforma educativa no sólo cambió las reglas de acceso, permanencia y ascenso en el servicio docente al establecer la evaluación periódica de los maestros como su principal instrumento sino también las reglas de asignación de estímulos salariales asociándolos a los resultados en las evaluaciones y a la permanencia en contextos rurales, además de que no los ofreció permanentes, y los condicionó a los resultados en las pruebas. Al mismo tiempo redistribuyó facultades y roles entre organismos y actores del sistema educativo (v.gr. devolvió la nómina magisterial a la federación, deslindó la competencia laboral del sindicato de maestros de la académica, amplió las facultades del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) para definir criterios de evaluación, y fijó nuevas sanciones para el ausentismo de los maestros) (ver LGSPD). En resumen, la reforma supuso una modificación del sistema de regulación laboral del magisterio del país, por lo que era previsible ver un fuerte despliegue de movilizaciones, tal como se está viendo en estos días, de manera particular en las entidades que registran una fuerte presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el ala disidente del conocido Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el agravante de una escalada en la violencia y la pérdida de vidas humanas.

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La reforma educativa reciente puede considerarse la más radical de los últimos tiempos, no sólo por su rango constitucional, sino porque tocó algo que las reformas previas no tocaron: la permanencia condicionada en el servicio docente. Desde la etapa de cambio constitucional hasta la etapa actual de implementación y conflicto, la reforma ha sido la arena para la lucha entre dos coaliciones principales (político-educativas); una que busca preservar el modelo de regulación del trabajo magisterial y otra que busca introducir cambios radicales en el mismo. La primera, la coalición preservacionista, conformada por la CNTE, algunos grupos de académicos y asociaciones civiles, se ha planteado como meta derogar la reforma. La segunda, la coalición evaluacionista, conformada por la SEP, el INEE, asociaciones civiles (visiblemente Mexicanos Primero), medios de comunicación, periodistas, y otros grupos de académicos, quiere implementarla sin el acuerdo de la primera. Estas metas antagónicas sólo han reforzado el conflicto.

Preservacionistas vs. evaluacionistas

La coalición evaluacionista promovió en años recientes la creencia fundamental de que el sindicalismo magisterial generó un sistema de reglas con incentivos negativos para el desempeño de los maestros en el aula, lo que habría redundado en un grave rezago de los aprendizajes. O en sentido contrario, la creencia de que la seguridad laboral del magisterio generó incentivos contra el esfuerzo y el buen desempeño en el aula. En tal sentido esta coalición sostuvo que la evaluación y el condicionamiento de la permanencia y de los ascensos en el servicio docente debían ser los ejes rectores del sistema.

La tensión fundamental entre estas coaliciones se refleja en sus ideas de sindicalismo, estabilidad laboral y desempeño docente y en las de reglas basadas en el mérito y reglas basadas en la antigüedad, o la perspectiva de conciliación entre derechos educativos de la infancia y derechos colectivos del magisterio.

Para los preservacionistas la presencia de un actor sindical no se contrapone con la materia educativa, antes bien, la refuerza. Para los evaluacionistas, por el contrario, se trata de campos contradictorios que se deben separar. En este último sentido era urgente excluir al sindicato de las decisiones que atañen a lo educativo, o como se dijo, recuperar la rectoría del Estado en educación.

La reforma está confrontando también dos formas de identificar los factores asociados al aprendizaje. Por un lado, los preservacionistas imputan a los contextos familiares, escolares y/o sociales los resultados del alumnado (i.e. los alumnos son pobres, o vienen de hogares disfuncionales, por eso no aprenden). Por el contrario, los evaluacionistas atribuyen el rezago educativo al desempeño del docente. Obviamente aquí no existen perspectivas en estado puro pero son las dos tendencias principales. Cuando se participa de uno o de otro sistema se generan diagnósticos y soluciones distintas de política educativa. La reforma imprimió claramente una perspectiva centrada en el docente (con todo y que luego de las críticas se echó a andar un programa de mejora de la infraestructura escolar). Esto se inscribió en el enfoque difundido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), según el cual los maestros son “…el recurso más importante en las escuelas” (Ocde, 2005).

Otro tema en disputa gira en torno a la pregunta¿Enseña mejor un docente que tiene el empleo condicionado? Las coaliciones en pugna no logran acuerdo sobre la relación entre estabilidad laboral y el desempeño. En la reforma se piensa que el cambio en los incentivos del trabajo mejorará el desempeño en el aula y con ello los aprendizajes. En la perspectiva de la coalición preservacionista, el condicionamiento del empleo en el servicio a los resultados obtenidos en las evaluaciones no sólo constituye un atentado a los derechos laborales, sino que es contrario a los resultados educativos. Para los evaluacionistas, por el contrario, condicionar garantiza el buen nivel de desempeño.

Igualmente, la antigüedad y el mérito son temas en disputa. Se pregunta, ¿los criterios de asignación de premios basados en la antigüedad son enemigos del buen desempeño en el aula? Es decir, cuando se obtienen premios por la acumulación de años y no por el desempeño o por los resultados en una evaluación ¿se desincentiva el trabajo frente a los alumnos? Se trata de una discusión que hace eco de debates no resueltos y que tienen lugar en el campo de los estudios sobre el trabajo.

Un componente que se imprimió en la reforma educativa es precisamente el de los premios conforme al mérito. La reforma reciente pone fin a la acumulación de años en servicio como mecanismo preponderante para obtener beneficios o ascender en el escalafón (el cual elimina).

Hay que notar que a pesar de su antagonismo, tanto las dirigencias del SNTE como las de la CNTE mantuvieron un campo de convergencia que buscó preservar el viejo modelo laboral.1 La reforma actual parte de la premisa de que el cambio en las reglas de contratación de los docentes habrá de llegar al aula y a los aprendizajes a través de una mejora en su desempeño. Quizá sea en este entramado causal en el que se pueda tener una explicación de por qué para sus diseñadores se considera educativa una reforma que esencialmente modifica reglas que atañen a la regulación laboral de los docentes.

La conflictividad que rodea a la implementación de la reforma educativa en estos días se teje entre actores con sesgos cognitivos. A la coalición preservacionista se le podría acusar de ignorar las evidencias acerca de las malas prácticas del servicio docente dentro del viejo modelo laboral. A la coalición evaluacionista se le podría acusar de ignorar los contextos rurales e indígenas y de concentrarse en el docente como factor casi único del logro educativo.2

Ninguna de las tensiones enunciadas se resuelve fácil. Son difícilmente conciliables. Son eco de dos doctrinas opuestas: el liberalismo y el colectivismo. Una posible solución al conflicto actual podría tener lugar si la CNTE aceptara las evaluaciones, pero participando en los diseños, contenidos y formatos de las mismas, de modo que los instrumentos fueran contextualmente pertinentes; es decir, tomaran en cuenta realmente lo rural e indígena que predominan en los estados del sureste. Entonces la mesa de negociación que puede solucionar el conflicto no es con la SEP, ni con la SEGOB, sino con el INEE. Además, habría que asegurar que cada docente goce de todo el apoyo formativo y de todas las oportunidades, antes de diagnosticarle objetivamente como no apto para la enseñanza. Hay en esto un asunto de justicia que pasa por la eficiencia de los dispositivos técnicos.

Luis Arturo Tapia es investigador de Cátedras CONACYT comisionado en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del IPN, Unidad Oaxaca.


1 El SNTE en los últimos años venía cediendo en algunas de estas tensiones, pero en otras no. Aceptaba algunos programas basados en el mérito. Aceptaba algunas formas de evaluación.
2 Esto no significa que en contraparte la CNTE sea la mejor representante de lo rural y de lo indígena. De hecho su marcado gremialismo (i.e. lucha por la agenda de su gremio) la mantuvo durante años ignorando la educación rural e indígena en sus negociaciones.

Referencias

Ocde. (2005). Teachers Matter. Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (pp. 237 pp.). France: Organisation for Economic Co-operation and Development.