Ha transcurrido un mes desde que un grupo de estudiantes de la UAM decidió tomar las instalaciones, primero de las oficinas de la Rectoría General y luego de dos Unidades –Azcapotzalco y Xochimilco– así como las oficinas de la rectoría de la unidad Iztapalapa. El conflicto se originó, en primer lugar, debido a las decisiones tomadas por la gestión central para la distribución de recursos de apoyo a las becas de movilidad de los alumnos que, en la segunda convocatoria (se emiten dos al año) dado que la oficina correspondiente otorgó un número de becas menor a las concedidas en la primera convocatoria; esta situación dejaba “fuera” a una proporción de solicitantes mucho mayor que en la primera convocatoria y con respecto a las autorizadas en años anteriores. En segundo lugar, a la suspensión definitiva de los acuerdos 09/16 y 10/16 del Rector General, relativos a la  modificación en  las condiciones de contratación de los profesores temporales y visitantes. Y en tercer lugar, a la demanda para transparentar el uso de recursos a través de la realización de una auditoría externa al ejercicio presupuestal de la gestión del actual rector general Salvador Vega y León.

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En estas tres demandas confluyen los alumnos organizados, a las que suman cuestiones específicas de las unidades académicas de Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa. De esta forma generaron agendas particulares con sus respectivos pliegos petitorios, lo que ha dificultado la negociación con cada uno de ellos.

Del inicio del paro hasta al viernes 22 de julio, en redes sociales y en correos institucionales se expresaron diversos sectores de la comunidad –a través de un sin fin de comunicados, posicionamientos, aclaraciones institucionales– que más allá de convocar al diálogo, no contribuyeron de manera efectiva al avance en la negociación. Aunado a esto, aparecieron nuevamente, a través de un desplegado, (La Jornada, 19 de julio de 2016) actores políticos externos, específicamente asambleístas y exdiputados de distintos partidos que retomaron, aprovechando la coyuntura institucional, una vieja denuncia, respecto a recursos del año 2015. La historia no es nueva: al presupuesto aprobado para el 2015, se adicionaron 350 millones de pesos, cuyo origen y destino fue cuestionados por distintos actores, de un lado, asambleístas del PRD afirman que fueron conseguidos por ellos específicamente para la construcción de una sede alterna a la Unidad Azcapotzalco, en la delegación Gustavo A. Madero, propuesta sustentada en un proyecto originalmente planteado al rector de esa unidad Dr. Romualdo López Zárate; sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse formalmente. Por ello, de otro lado, las autoridades institucionales de la rectoría general, afirmaron siempre que esos recursos no fueron “etiquetados” para concretar ese proyecto, lo que condujo a  destinarlos a otros gastos operativos de la universidad. Como respuesta, asambleístas del PRD interpusieron una demanda legal contra el Rector General Dr. Salvador Vega y León, acusándolo por el desvío de esos recursos. Finalmente, el 19 de julio del presente, se hizo pública la resolución de la Procuraduría General de la Federación, de no ejercer acción penal en contra del Dr. Vega y León.

Más allá del oportunismo partidista al  retomar un tema formalmente resuelto (es pública la resolución de la PGR), se nota un intento de injerencia directa externa, por lo que de inmediato distintas autoridades respondieron a través de un comunicado, en el que manifestaron su rechazo al desplegado de los asambleístas, e hicieron un llamado a cuidar la autonomía institucional; en el mismo sentido se manifestó el Colegio Académico, en un acuerdo aprobado en su última sesión. Este asunto que no deja de sorprender pues nos recuerda que siempre han existido intereses políticos externos a las instituciones de educación superior.

Por el lado del conflicto con los estudiantes paristas, el pasado viernes 22 de julio, se convocó a una sesión urgente del Colegio Académico, ese día transcurrió de manera muy complicada: el orden del día se discutió durante  más de seis horas y la sesión fue interrumpida por un grupo de estudiantes paristas exigiendo un diálogo directamente con el Rector. Ya en la madrugada del sábado, el Colegio se declaró en receso, para dar lugar a la instalación, paralela, de una “mesa de diálogo”. Dicha mesa se convocó para el sábado 23, el Rector acudió acompañado de una comisión integrada por miembros del Colegio.  Después de horas de discusión,  se acordó atender y solventar los siguientes puntos: informar sobre las partidas presupuestales referidas al pago de compensaciones y bonos a las autoridades; conformar una comisión encargada de buscar mecanismos para ampliar el presupuesto institucional; garantizar que no habrá represalias a los alumnos en paro; atender la recalendarización del trimestre suspendido por el paro, en particular en las unidades Azcapotzalco y Xochimilco; suspender la aplicación de los acuerdos del Rector (asociados a los profesores temporales y visitantes) hasta que una comisión del Colegio realice un análisis de sus efectos y, finalmente, mantener la mesa de diálogo.

Los acuerdos serían llevados por los alumnos, a las “asambleas de las unidades” para regresar a la mesa, con el resultado de la votación sobre esos acuerdos. El domingo por la mañana, cuando se esperaba recibir acuerdos en las unidades cerradas, los representantes de la asamblea informaron que en Xochimilco no se resolverá la devolución de las instalaciones, hasta lograr que las demandas específicas de 14 puntos para la unidad Xochimilco –relacionadas con temas curriculares, de espacios físicos y de enseñanza y acreditación de idiomas, entre otros– sean atendidas.

Durante la sesión, se acordó también que el grupo de paristas entregaría las instalaciones de la unidad Azcapotzalco, tal y como sucedió, el lunes 24, mientras que los alumnos de la unidad Xochimilco, quienes retomarían la negociación con la rectora el martes, condicionaron la entrega de las instalaciones a los resultados de esa reunión, que se llevó a cabo el día martes 25, logrando la firma de los acuerdos del pliego petitorio respectivo. Esto permitió reanudar la sesión de Colegio Académico el miércoles 26, y aprobar los ajustes al calendario para las unidades Azcapotzalco y Xochimilco, que reanudarán el trimestre al concluir el período vacacional (del 27 de julio al 27 de agosto) para iniciar el último trimestre del año, de manera conjunta, es decir, para las cinco unidades.

Queda por resolverse el pliego petitorio de la unidad Iztapalapa, y con ello la entrega de las instalaciones de la Rectoría de la Unidad. La negociación, en este caso, entre los alumnos organizados y una comisión del Consejo Académico de la Unidad, fue suspendida sin lograr una resolución después de una discusión de más de 20 horas.1

Al final, queda claro que nuestra institución es vulnerable frente a un grupo organizado, aun cuando sean minoría, e incluso, aun cuando sus demandas sean atendibles. Tanto el manejo de los alumnos organizados como de las autoridades que negocian con ellos, ha permitido jugar una partida fuera de los espacios legítimos de la institución que han sido construidos durante más de cuarenta años: los Órganos Colegiados. Estamos siendo testigos de  que es posible, en nombre de la democracia, demandar y exigir la solución (al mismo tiempo) de problemas políticos, laborales, académicos, presupuestales, con lo que termina por afectarse profundamente,  precisamente aquello que se demanda resolver.

Norma Rondero López es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.


1 El punto del pliego petitorio de los alumnos hasta ahora insalvable dice: “Exigimos la abrogación del dictamen de la comisión de seguridad, aprobado en la sesión 405 del Consejo Académico, celebrada el 13 de abril del 2016. Exigimos que no se coloquen torniquetes privilegiando la capacitación y que se duplique la plantilla del personal de vigilancia, dando los insumos necesarios acordes a las necesidades de la unidad”.