Una educación de calidad ayuda a que haya una sociedad más justa con menores niveles de pobreza y desigualdad. Entre mejor estén preparados los trabajadores éstos pueden conseguir salarios mejor remunerados. Desde 1992, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB)1 se ha buscado que la educación de calidad esté al alcance de toda la población. Se estableció a la educación básica como núcleo de toda la educación y al maestro como su protagonista. De forma indirecta, se estaría mejorando la educación media superior y superior porque los alumnos tendrían más y mejores bases para ingresar a niveles de educación más avanzados. Además, se estaría dando recursos preferentemente a aquellos estados con mayores carencias en la educación, así como estimulando mejorar la calidad educativa. En la Constitución se señala que la calidad educativa se mide con el máximo aprovechamiento que tengan los estudiantes.

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Los estados y municipios tienen derecho a participar en los ingresos que la Federación recauda. A través de aportaciones se asigna el gasto educativo federalizado. A la educación básica, se dan recursos por medio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa. A la educación media superior, se asignan recursos mediante el FAM Infraestructura Educativa y del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). A la educación superior, se dan recursos a través del FAM Infraestructura Educativa. Finalmente, a la educación de adultos, se otorgan recursos mediante el FAETA.

El gasto educativo federalizado2 (1.9 % del PIB) en 2016 se distribuye un 97.2% a educación básica, un 1.3% a educación media superior, un 0.9% a educación superior y un 0.6% a educación de adultos. Del total del gasto educativo federalizado, el 87.8% se destina a servicios personales y tan sólo el 3% a inversión; por esta razón se ha estado impulsando los bonos de infraestructura educativa para compensar esta desproporción (conocidos como el programa “Escuelas al CIEN”). Este programa generará inequidad generacional porque alumnos actuales disfrutarán del adelanto de recursos del FAM Infraestructura Educativa de 23 años en perjuicio de futuras generaciones, que serán las que en paguen la mayor parte de este programa y no disfrutarían de las mejoras porque tienen rápida depreciación.

Los recursos del FONE se destinan a servicios personales, otros de gasto corriente y a gastos de operación de educación básica. Los recursos del FAM Infraestructura Educativa se destinan a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura educativa de educación básica, media superior y superior. Los recursos del FAETA para rezago de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo.

Distribución de recursos

Todos los estados tuvieron incrementos reales en su gasto educativo federativo de 2006 a 2016. Baja California Sur, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León y Tlaxcala fueron las entidades federativas con mayores avances. Mientras que Tabasco, Yucatán, Chiapas, Zacatecas y Colima tuvieron los menores progresos en dicho periodo. Para una versión más larga de este estudio consultar el reporte “Gasto público para una educación de calidad” presentado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Previo a la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de 2007, la distribución de recursos entre los estados para la educación básica dependía un 90% del pago de la plantilla del personal federal descentralizado y un 10% de otros gastos de operación. No se tomaba en cuenta el número de alumnos, ni el desempeño de éstos para la asignación de recursos. Sin embargo, ya desde 2006 se observaba que entre mayor gasto educativo básico se destinara por alumno, mejor desempeño tendrían los estudiantes, principalmente en español.

La reforma a la LCF de 2007 modificó las reglas de distribución. De 2008 a 2013, la distribución de recursos entre las entidades federativas para la educación básica dependía de la distribución del año anterior, como un componente fijo, y de un componente variable que estuvo conformado en un 20% por aquellos estados que tuvieron transferencias por alumnos inferiores al promedio; de un 50% de la matrícula de las entidades federativas; de un 10% de la calidad educativa; y de un 20% del gasto estatal. De esta forma, la distribución de recursos dependía, en parte, por el número de alumnos. Con las nuevas reglas de distribución se observó una mejora considerable en el desempeño de los estudiantes en matemáticas y en español.

En la reforma a la LCF de 2013 se cambiaron nuevamente las reglas de distribución. A partir de 2014, la distribución de recursos entre los estados depende de los servicios personales, otros de gasto corriente y por los gastos de operación sin ponderación alguna. De esta forma, nuevamente, los recursos se distribuyen dependiendo del número de maestros y no del número de alumnos. Esta situación afectó la calidad educativa. A pesar de que el desempeño de los estudiantes en español sigue mejorando, hubo un retroceso importante en el desempeño de los alumnos en matemáticas.

La distribución del gasto educativo básico per cápita no es homogénea entre los estados porque no hay fórmulas de distribución que fomenten igualdad de recursos para todos los alumnos de las distintas entidades federativas. Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Campeche, Nayarit y Zacatecas son los estados que más gasto educativo básico reciben por alumno. En cambio, el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Chiapas son las entidades federativas que menor gasto educativo básico reciben por estudiante. La desigualdad en la distribución de recursos para la educación básica es considerable, pues, cada alumno de la Ciudad de México recibe casi el triple que un estudiante del Estado de México.

El gasto educativo básico tampoco tiene un impacto homogéneo entre los distintos deciles. Con una distribución regresiva, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Yucatán tienen una alta proporción de alumnos en deciles de bajo nivel de ingreso y reciben un menor gasto por alumno que otros estados.

Finalmente, también hay inequidad en la distribución de recursos entre los distintos niveles de educación. La educación básica recibe el 97.2% del gasto federalizado provocando falta de oportunidades en educación media superior y superior. A pesar de esta circunstancia, en 2015, la calidad educativa fue mayor en educación media superior que en educación básica. Ciudad de México, Oaxaca, Durango, Hidalgo y Zacatecas son los estados con menor gasto educativo media superior per cápita. En cambio, Sonora, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Colima y Sinaloa son los mayores beneficiados.

Mientras las fórmulas de distribución del gasto educativo básico no consideren la calidad educativa, ni el rezago educativo ni la desigualdad entre los estados y entre los distintos deciles, difícilmente la reforma educativa será equitativa en los próximos años.

Kristobal Miguel Meléndez Aguilar es investigador de cuentas subnacionales en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP).


1 SEP. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Diario Oficial de la Federación. (DE, 18 de julio de 2016). 1992.
2 Cámara de Diputados. Gaceta parlamentaria: Anexo b. (DE, 18 de julio de 2016) 2015.