Las recientes noticias sobre la intervención de la Suprema Corte en la determinación formal de una omisión por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y la comisión de excesos con respecto a la atribución de facultades en el caso de los mismos poderes de otras entidades federativas (entre las que se encuentran Baja California, Zacatecas y Michoacán), han creado una expectativa por ver concluida una relativa ausencia del Poder Judicial de la Federación en la interpretación de normas que influirían sustancialmente el diseño e implantación de políticas destinadas a garantizar la vigencia del derecho a la educación en México. La interpretación que ha hecho acerca de cuáles son competencias exclusivas de la Federación en materia de evaluación educativa (como en el caso de la determinación de responsabilidades con respecto al diseño de instrumentos, o bien la restricción para que organizaciones estatales no diseñen estándares e indicadores para evaluación), ayudará no solamente a evitar ineficiencias en la operación del Sistema Educativo Nacional, sino a reducir la probabilidad de observar la dilución de responsabilidades que tanto afectó el proceso de descentralización iniciado en los noventa.

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La participación de la Corte en la resolución de controversias relacionadas con la puesta en marcha de la reforma constitucional en materia educativa del año 2013 era inevitable, como lo sugería Javier Cruz Angulo al pronosticar una “colisión de normas constitucionales” que se presentaría tras la puesta en marcha de los sistemas de evaluación docente. Aún más, otras resoluciones recientes en el ámbito educativo, como en el caso de la respuesta al amparo promovido por “Aprender Primero A. C.”, con el cual logró el reconocimiento de un derecho a exigir a las autoridades el “cumplimiento de obligaciones en materia educativa”, han demostrado el interés entre los integrantes del Poder Judicial Federal por conocer y resolver litigios relacionados con la educación en México.

Pese al escenario favorable que se presenta al observar una Corte más interesada en estos temas, persiste sin embargo la duda sobre si observaremos resoluciones de mayor trascendencia, es decir, que superen resoluciones sobre aspectos de técnica legislativa o sobre distribución de facultades y competencias entre órdenes de Gobierno. Nada ayudaría más a incrementar la eficacia del sector educativo para garantizar el derecho a la educación, que encontrar una Corte dispuesta a proponer, difundir y defender una conceptualización de equidad social que establezca principios y genere obligaciones claras para los funcionarios educativos. En la inercia que se observa en la operación del sistema educativo, pocas intervenciones serían más significativas que una participación activa de la Corte en búsqueda de una mayor equidad, similar a cuando la Suprema Corte en los Estados Unidos marcó un hito en la discusión sobre igualdad y derechos civiles, al emitir la famosa resolución que acabó con la segregación escolar por origen racial, al sostener que en el campo de la educación pública, la doctrina de ‘separados pero iguales’ no tiene lugar. Espacios educativos separados son inherentemente desiguales”.

El campo para convertir a la Corte en un actor relevante que contribuya a convertir en justiciable y exigible el derecho a la educación es amplio y fértil. El paradigma del “segundo mejor” que con tanta frecuencia determina acceso a educación de baja calidad a las poblaciones  más vulnerables, abre sin duda oportunidades para excitar a los órganos jurisdiccionales federales para manifestarse y establecer hitos que reorienten el diseño de políticas compensatorias efectivas y equitativas. Las eternas desigualdades que se observan en el sistema educativo (algunas incluso producidas por las decisiones inadecuadas de las propias autoridades educativas), la asignación poco razonada de recursos públicos a programas no efectivos, la reproducción constante de inequidades por falta de criterios de selección de beneficiarios adecuados en programas públicos, la existencia de mecanismos de segregación injusta a través de las escuelas de doble turno, entre otros, son solamente algunos ejemplos de asuntos que debería conocer y resolver de fondo un Poder Judicial interesado en generar mayor equidad social y en trascender discusiones sobre formas legales y de distribución de competencias.

Resolver controversias constitucionales entre la Federación y las entidades federativas es necesario y sin duda constituye un avance con respecto al tipo de asuntos en los que con frecuencia intervino la Suprema Corte relacionados con educación, (primordialmente interpretación de normas laborales, conflictos sobre validación y acreditación, autonomía universitaria, entre otros similares). Si bien lo anterior era un proceso necesario, es todavía insuficiente si aspiramos a lograr resoluciones que modifiquen criterios de operación del sistema educativo mexicano: baste señalar que la palabra “justicia” no aparece en uno solo de los argumentos de los ministros expresados en la sesión ordinaria realizada el 28 de septiembre, en la que se abordó una de las controversias constitucionales en materia educativa, de la misma forma que la palabra “calidad” aparece exclusivamente cuando se da lectura al contenido de los artículos de la legislación estatal que dieron origen a la controversia.

La intervención de la Suprema Corte en las últimas semanas, resultado de la necesidad de interpretar la constitucionalidad de las reformas legales aprobadas en los estados para alinearse a la reforma educativa del año 2013, es un paso importante sin duda. Puede incluso festejarse como un avance en la construcción de experiencias sobre como provocar la respuesta de los tribunales mexicanos con el fin de cuestionar o validar decisiones públicas que afectarían la operación del sistema educativo. Sin embargo, como Pablo Latapí resaltó hace unos años, es necesario reconocer el derecho a la educación “como el punto de partida y el fundamento último de las políticas educativas de los Estados”. Ese reconocimiento ratifica la relevancia que adquiere que los integrantes de la Suprema Corte tengan una participación más sustancial en la interpretación de las leyes que sustentarán y ordenarán la intervención de diversos órdenes de Gobierno para proveer servicios educativos a la población del país tras la reforma constitucional del 2013.

Sergio Cárdenas es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).