El plagio académico consiste en presentar por escrito las ideas de otros como si fueran de uno. No cabe duda que frente al asesinato y otros actos puede considerarse como una falta menos grave. Esto no convierte al plagio, sin embargo, en una falta menor. El trabajo que realizamos estudiantes y profesores en todos los niveles educativos, para crear y difundir el conocimiento, es posible gracias a una ética para la cual la prohibición de robar ideas ajenas no es un precepto trivial. El hecho mismo de que empiece mi nota con esta aclaración es preocupante; lo hago porque hemos escuchado recientemente declaraciones que minimizan la gravedad del plagio académico.

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Ya en julio de 2015, un grupo de académicos preocupados por este asunto señalamos la necesidad de crear una reglamentación para prevenir el plagio en las instituciones de educación superior. No tuvo un impacto decisivo y, sin embargo, los casos de plagio siguen saliendo a la luz. No discutiré si, en la inundación de información de nuestro mundo digital, el plagio es hoy en día más fácil de llevar a cabo que antes y de hecho ocurre más. O si en realidad lo que permiten las nuevas tecnologías es una detección más fácil y rápida del plagio y una denuncia pronta en los nuevos medios, facilitando así que estemos más conscientes de estos casos. Lo que me interesa subrayar aquí es qué podemos aprender del tipo de respuestas que hemos visto en los medios a los distintos casos de plagio en los últimos años.

En 2012, con motivo de la entrega del Premio FIL al novelista Alfredo Bryce Echenique –acusado del plagio de 16 ensayos publicados en revistas– señalé la lógica perversa de quienes defendieron entregarle el premio, y lo hicieron, a pesar de la evidencia. Destaqué que la academia y el mundo literario comparten una presión particular: publica o perece. Los escritores de cierta talla deben mantenerse vivos en el mercado y así se los hacen saber los consorcios editoriales que los publican: de ahí que, aunque ya tengan varias buenas novelas, tengan que estar publicando, además, múltiples ensayos. Los académicos somos evaluados según nuestra producción de publicaciones, y buena parte de nuestro sueldo depende de ella. La manera en que se ignoró o minimizó la evidencia de plagio de Bryce Echenique sugiere un razonamiento que iría más o menos así (para no autoplagiar, cito mi conclusión en aquella ocasión): “En el fondo, lo que piensan todos ellos, es que el plagio es comprensible y justificable, peccata minuta, porque vivimos en un mundo exigente que demanda una productividad sin límite. En el mercado de las ideas, hay que crear las propias pero, caray, si uno ya produjo tanto propio y lo inundan las invitaciones a escribir, o nunca parece alcanzar el número de puntos necesario para recibir el sobresueldo ¿qué tendrá de malo tomar una cosa aquí y otra allá? Lo más triste de este pensamiento es que, incapaz de cuestionarla, se rinde a la productividad”. La exigencia de productividad es poco realista pero en lugar de confrontarla, preferimos simularla. Si bien la reflexión surgió con el caso de un novelista, la lógica de los casos de plagiarios de la academia que hemos conocido en los últimos años, parece responder a un razonamiento muy similar. Ante este problema, la carta antiplagio de 2015 ya citada señalaba la necesidad de discutir la importancia de la calidad –frente al primado de facto de la cantidad– en la evaluación a investigadores.

El caso que salió a la luz recientemente donde se acusa a Enrique Peña Nieto de haber plagiado su tesis de licenciatura es diferente y las reacciones que ha suscitado también lo son, si bien comparte la condonación o incluso defensa de la simulación. Se trata del plagio de un tercio de una tesis para obtener el grado de licenciado en derecho. Aquí la lógica no gira en torno a la productividad, sino al “trámite”, como parecen indicarlo los dos tipos de banalización del plagio que hemos escuchado: 1) Aquella que niega el acto y sus consecuencias al pretender que fue un error técnico o un olvido y que parece creer, contra lo que opina el derecho, que la ausencia de intencionalidad es suficiente para que las consecuencias del robo no sean castigadas, ni siquiera discutidas, a pesar de que hay personas que sufrieron daño (los autores plagiados). 2) Quitarle importancia al acto, tolerarlo o hasta justificarlo porque se considera que es una práctica común, junto con la práctica de comprar la tesis a quienes se dedican a venderlas. La conclusión parece ser “si todos pecan, no es pecado” en lugar de, como señalaba Soledad Loaeza, reconocer la gravedad y profundidad del problema precisamente por estar tan extendido.

Que el plagio sea visto como un acto banal, por común, naturaliza el robo y la falta de ética pero lo que hay de fondo aquí es el hecho de considerar el acto de graduarse, de obtener un título de licenciatura, como un “trámite”: no se trata de la obtención de ciertos conocimientos y habilidades indispensables para el ejercicio de una profesión, sino de cumplir un requisito administrativo, al parecer sin contenido alguno, pero que permite, efectivamente, ser reconocido y ejercer como profesional. Además, resulta que al final todo se obtiene con el robo o el dinero: la tesis no es el resultado del estudio, la reflexión y la eventual producción de conocimiento, sino una mercancía que se roba o se compra. Se trata de la degradación de las credenciales a su nivel más bajo posible.

Así pues, estamos atrapados entre una demanda de productividad irrazonable pero no cuestionada y unas credenciales que son mera mercancía. A lo mejor habría que empezar a pensar en poner al conocimiento antes que a la productividad y el mercado.

Ariadna Acevedo Rodrigo es profesora-investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav.