Desde finales de los años ochenta1 hemos presenciado la rápida expansión del sector privado en la educación superior. La educación superior privada ha experimentado un crecimiento de más del doble en lo que va del siglo XXI –concentrando actualmente al 33% de la matrícula de educación superior total del país–. De hecho, siete de cada 10 instituciones de educación superior en México pertenecen al sector privado. Pero uno de los fenómenos más importantes de los últimos 15 años de la oferta privada es el relacionado con la nueva tendencia de regionalización y dispersión territorial de la oferta educativa, caracterizada por rebasar los límites de las ciudades y expandirse hacia las zonas no metropolitanas de los estados.

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Esta incipiente expansión hacia zonas no metropolitanas tiene al menos dos implicaciones de importancia que permiten (re)pensar los efectos del sector privado y el papel que juega en la configuración de los sistemas estatales de educación superior. Por un lado, aporta elementos para abordar con mayor consistencia el asunto de la regulación del sector privado, específicamente lo relacionado con aquellos vacíos en la implementación del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Y por otro, da cuenta de la “plasticidad” y dinamismo del sector privado, que ya no se limita a la diferenciación o la competencia, sino que se extiende a la conformación de agendas institucionales con objetivos más particulares, muchas veces estructurados a partir de intereses políticos y lucrativos.

La importancia del RVOE radica en que es el único dispositivo dentro de los entornos regulatorios de las instituciones privadas que permite explicar la expansión del sector desde una perspectiva de acción pública; es decir, el RVOE es la única acción emprendida desde el gobierno que precisa lineamientos para la creación y funcionamiento de las instituciones, y que si no fuera por su existencia el entorno regulatorio de la educación superior privada sería de un completo vacío institucional. Se ha sostenido que desafortunadamente el RVOE no ha tenido efectos contundentes sobre la expansión del sector privado, y mucho menos sobre la calidad de las instituciones. Inclusive, se ha llegado a argumentar que el RVOE no es más que el reflejo de que el gobierno ha desregulado abiertamente al sector privado de la educación superior, y que su postura de “no acción” ha incidido de manera importante en el crecimiento exponencial de instituciones. La verdad es que todos los cambios que ha experimentado la educación superior privada en su trayectoria histórica se han dado sin un cambio sustancial en los esquemas regulatorios, y por tanto la intervención gubernamental ha sido poco eficaz.

Desde nuestra perspectiva, los poco eficientes resultados del RVOE para promover la calidad y frenar la expansión indiscriminada de instituciones se deben principalmente a dos razones: primero, a que no es un instrumento diseñado para observar la “función universitaria” en esencia y que tampoco contempla los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que únicamente se limita a atender la cuestión operativa. Por ello, la obtención del reconocimiento puede representar un primer paso en cuanto la acreditación legal de las instituciones, pero el aseguramiento de la calidad no se da con el mero proceso de autorización.

Segundo, el RVOE es un instrumento desarticulado de una política pública formal; a pesar de que su implementación se ha asociado al problema público de la calidad, en sentido estricto no está anclado en los objetivos y estrategias diseñados para la resolución de dicho problema. La realidad es que la expansión de la educación superior privada nunca ha sido definida ni tratada como un problema público propiamente dicho que parta de un diagnóstico claro, hecho que no permite plantear objetivos claros ni estrategias estructuradas con respecto a qué se quiere resolver.

Por otro lado, la creciente dispersión de la oferta privada hacia zonas no metropolitanas, ha significado la emergencia de instituciones privadas que ven en los territorios alejados de las ciudades un espacio estratégico para la operacionalización de agendas institucionales específicas, regularmente configuradas con base en intereses de carácter político o económico y, muchas veces, orientadas a la consecución de fines institucionales que poco o nada tienen que ver con aquellos objetivos expresos de la educación superior, tales como la formación de profesionistas, el lucro económico y la ampliación y preservación de grupos de interés. Si bien la emergencia de este tipo de instituciones puede representar la apertura de oportunidades de acceso para sectores de la población que tienen posibilidades limitadas o que han permanecido “marginados” de la educación superior, también pueden llegar a representar un fraude con el ofrecimiento de programas de contenidos educativos deficientes o, incluso, hasta podrían constituirse como negocios de lavado de dinero dada la escasa supervisión gubernamental.

Llama la atención que en Chiapas –uno de los estados de la república con mayores índices de pobreza, así como uno de los que presentan mayor diversidad cultural y religiosa– el sector privado sea el de mayor peso específico en la educación superior local; de acuerdo con datos de la ANUIES, en 2014-2015 Chiapas se posicionó como el único estado del país con mayoría de matrícula privada y mayor número de instituciones privadas, a la vez que la presencia del sector privado en las zonas no metropolitanas del estado ha aumentado en casi 15 veces desde el año 2000. Este crecimiento no metropolitano se ha caracterizado por el surgimiento de instituciones aisladas, creadas en municipios donde no existe oferta de educación superior adicional (ni pública ni privada) –regularmente mono o bidisciplinares–, que atienden a no más de 500 estudiantes y que no son planteles descentralizados de otras instituciones de mayor tamaño, sino que su origen es especialmente no metropolitano. Actualmente, existen 46 instituciones privadas no metropolitanas en Chiapas, cifra que representa un 40% de la oferta privada local, destacando el hecho de que en dichas zonas se ofrecen un total de 371 programas con RVOE, de los cuales un 85% se encuentran bajo la modalidad de otorgamiento estatal.

Es importante el hecho de que los RVOEs no metropolitanos en el estado estén siendo otorgados mayoritariamente por la autoridad local, ya que aporta elementos para (re)pensar tanto en los mecanismos de otorgamiento por parte de las autoridades (discrecionalidades o laxitudes) como en los factores decisionales que contemplan las instituciones (cercanía o costos) y que están incidiendo en la creación de instituciones con características tan peculiares, y que apegándonos en sentido estricto a lo estipulado en el Acuerdo 279, no estarían cumpliendo con los requisitos de operación que el propio RVOE exige.

Ciertamente, no se puede pensar en el dinamismo de la educación superior privada sin hacer alusión a las acciones de gobierno orientadas a la atención y regulación del sector, y es por ello que hoy más que nunca es necesario reorientar la discusión sobre las especificidades de los esquemas regulatorios que enmarcan el comportamiento del sector privado. Urge el diseño de un marco regulatorio que esté a la par de las rápidas transformaciones y las nuevas tendencias de la oferta privada, y en el que se contemplen aspectos que históricamente han estado fuera de la discusión, en este caso, las características locales y regionales del desarrollo de la educación privada. Porque tal como lo dijera Roberto Rodríguez, hoy las cosas son más complejas y no es lo mismo tratar con un puñado de universidades que con un panorama institucional ampliamente heterogéneo que tiene la capacidad de “mutar” en el tiempo y el espacio.

Eduardo Navarro Meza es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.


1  El presente texto se basa en la siguiente investigación: Navarro Meza, Eduardo (2016). Las políticas de educación superior en México y la oferta privada en zonas no metropolitanas. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales: Flacso-México.