José Joaquín Brunner publicó en este espacio un artículo interesante en donde el investigador chileno se interroga si existe una salida del capitalismo académico para América Latina y, particularmente, para Chile. Una pregunta pertinente si tenemos en cuenta que, en efecto, la región ostenta los niveles de participación privada en la cobertura de educación superior (ES) más altos a nivel mundial. Con la notable excepción de Cuba, dicha participación, según datos brindados por el proprio artículo, oscila entre un 14% en Uruguay, y llega hasta un 84% en el caso de Chile. En este contexto, Brunner señala que 11 de 19 países (no se especifica cuáles), están aplicando cambios en sus respectivas legislaciones, que irían en sentido opuesto a la apertura de los sistemas de educación superior (SES) hacia el mercado.

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En efecto, buena parte de los casos de intervención estatal que se han registrado en los últimos años reflejan la voluntad de los gobiernos por acotar, administrar y contener las deficiencias creadas por el mercado, tras poco más de dos décadas de laissez-faire. Sin embargo, y aquí difiero con la opinión del profesor Brunner, salvo aquellos países que siguieron un rumbo declaradamente antineoliberal (principalmente Bolivia, Ecuador y Venezuela), dicha intervención no busca revertir el proceso de privatización de la ES, sino más bien garantizar la estabilidad de su despliegue, ya sea tratando de corregir los –así llamados– errores del mercado, o a través de (in)acciones destinadas a disminuir presiones sociales o políticas, con el objetivo de concentrar los esfuerzos gubernamentales en otros ámbitos de la agenda económica neoliberal (laboral, de salud, energética, etcétera).

En efecto, si distribuimos los sistemas de educación superior (SES) de la región a partir de su grado de privatización actual, obtendríamos dos conjuntos más o menos bien definidos, cuyos casos más representativos serían Cuba (más orientado a lo público) y Chile (más orientado a lo privado). En el primero conjunto (Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay) hay elementos que sugieren una clara prevalencia de un arreglo de gobernanza sistémica de tipo jerárquico (definido con base al protagonismo del Estado), aunque la falta de información pormenorizada sobre el desempeño de los países que lo conforman hace muy difícil saber en qué casos dicho arreglo ha permitido experiencias verdaderamente alternativas a la modernización neoliberal, o si más bien se han producido políticas inerciales de crecimiento (en cobertura y financiamiento) pero con escasos efectos en el desarrollo nacional.

En el segundo conjunto de países, además de Chile, encontramos –entre otros– a Brasil, Colombia, México y Perú. De ellos se dispone de mayor información, incluyendo diversos indicadores elaborados por organismos como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o el Banco Mundial (BM) que, además de dar cuenta del panorama educativo regional, valoran los efectos de políticas  tendientes a incrementar los niveles de privatización los SES. De ahí que, en mi opinión, sería más acertado restringir el análisis a este segundo conjunto de países, debido a que la orientación de sus procesos de reforma se fundamenta tanto en una creciente participación del mercado en la cobertura de ES, como en la adopción de instrumentos propios del mercado en la administración de las instituciones de educación superior públicas.

Obviamente quedaría pendiente una reflexión más profunda sobre el primer conjunto, del que por ahora se podría decir que –a nivel sistémico–, representa más bien un ejemplo de academia dentro del capitalismo (neodesarrollista, si se quiere), y no –como en el caso que aquí nos interesa– de voluntad por desarrollar y gobernar un sistema basado en el capitalismo académico. Ahora bien, cabe preguntarse si el segundo grupo está de verdad experimentando o no una ola de “re-estatalizaciones”, tal como infiere el profesor Brunner a partir del caso chileno. En mi opinión, si se va más allá de algunas políticas aisladas que parecerían confirmar esta perspectiva, la respuesta es negativa. Ello en parte por la singularidad del caso chileno en el contexto regional, y en parte porque la naturaleza de la intervención del Estado en los mercados ha demostrado ser predominantemente correctiva (y no restrictiva o de plano estatalizante); la crisis económica actual nos ofrece numerosos ejemplos de ello en Europa Occidental. 

En efecto, el sistema educativo chileno representa un caso paradigmático de reforma de mercado debido a su elevado grado de integración privada. De hecho, muchos de los retos que este país enfrenta en la actualidad, así como las soluciones esbozadas por su gobierno para encararlos, no tienen paralelo en la región. El tema de la desmercantilización o descomodificación de la ES –muy presente en el país sudamericano–, por ejemplo, no aparece siquiera en contextos como el mexicano o el brasileño, en donde cuestiones tales como las desigualdades geográficas y la escasa cobertura de la educación terciaria (apenas por debajo del 30%) obligan a los diferentes actores a tomar posiciones que repercuten de alguna manera en el ámbito de la toma de decisiones. Mi punto es que no me parece plausible hablar de un único horizonte de sentido en el que puedan distribuirse todos los SES de la región, verbigracia el aludido “cambio de marea” en sentido opuesto al mercado, luego que cada nación habría experimentado sus excesos en carne propia.

Independientemente de que las reformas propuestas por el gobierno de Michelle Bachelet prometan la eliminación paulatina del esquema de apoyos estudiantiles (créditos y becas), ello no quiere decir necesariamente que se esté hablando de eliminar el modelo de financiamiento –dominante en la nación sudamericana–  orientado a la demanda, ni que vayan a desaparecer otras modalidades de transferencia de fondos públicos a instituciones privadas, se considere o no su “vocación pública”. Ahora bien, una eventual “verticalización” del sistema por parte del Estado, al menos en los términos planteados en el artículo de Brunner, sugiere un desplazamiento desde una gobernanza descentralizada y con instituciones prácticamente autónomas, a una de control a la distancia [steering-at-a-distance], en donde el Estado se reserva la determinación de ciertos fines colectivos, sin alterar ni la orientación hacia el mercado (programas, contenidos; modos de administración y gestión del personal, etc.), ni la autonomía financiera de un número importante de IES.

Por otro lado, se debe reconocer que la preponderancia del tema educativo en la agenda nacional tiene tal influencia en el posicionamiento de las fuerzas políticas chilenas, que no es sorprendente que a través de él se diriman cuestiones que van más allá los cambios que se proponen. En efecto, hablar de un horizonte temporal de 24 meses para la implementación de una reforma educativa tan ambiciosa, no debería entretenernos tanto por la improbabilidad de su realización en dicho plazo, sino por la conversión potencial de la reforma educativa en la punta de lanza de un eventual programa de gobierno de cara a las inminentes elecciones presidenciales del 2018.

Más allá del acalorado debate que sigue permeando la vida política del país sudamericano, su sistema de educación superior se ha visto sí, profundamente cuestionado, pero sin que ello se haya traducido –al menos por el momento–, en una intención de viraje hacia el estatalismo que pueda ser tomada en serio. Efectivamente, el hecho de que el predominio del financiamiento a la demanda y la transferencia de recursos públicos a las instituciones privadas amenacen con atravesar (aunque sea bajo la forma de otro tipo de instrumentos), el puente de la reforma, sugiere que la intención es mantener lo fundamental del sistema educativo chileno tal como es, manteniendo la retórica de la necesidad de un “cambio real” como capital político para la administración en clave electoral del malestar (ese sí real y generalizado) de la población con respecto al sistema educativo realmente existente.

M. Alejandro González Ledesma es becario posdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.