El pasado 7 de noviembre, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó la más reciente estrategia de alfabetización digital denominada –a manera de parche puesto a corregir la funcionalidad de programas anteriores– Aprende 2.0. En su primera fase, el programa será sometido a una muestra de 3 mil escuelas primarias a nivel nacional en que se contempla la construcción de aulas de medios –provistas de tabletas y computadoras– accesibles a todos los alumnos. A esto se suma una plataforma digital que ofrece un amplio y variado paquete de recursos educativos de terceros (2,050, hasta ahora) dirigidos a alumnos y padres de familia, así como una base de tutoriales y lineamientos generales de gestión para los educadores.

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Debido a los pobres resultados de recientes estrategias que marchaban en la misma dirección (“Alfabetización digital”, “Habilidades Digitales para Todos”, etc.), los fundamentos presupuestarios y operativos del programa han sido objeto de suspicaz escrutinio de analistas y partes interesadas. Sin embargo, los malogrados resultados publicados en el informe PISA –que una vez más arrojan luz sobre serios problemas del sistema educativo mexicano– exigen una revisión más integral de las bases normativas sobre la que se constituye la nueva estrategia de educación digital.

Ante el desafío formativo que enfrenta la región, Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE y coordinador de las pruebas PISA, exhortó a los países de América Latina a distanciarse de los sistemas enfocados en la enseñanza de contenidos en favor a un modelo en que los estudiantes puedan desarrollar capacidades participativas. En esta línea, queda por ver si Aprende 2.0 ofrece una extensión con pantallas del modelo de contenidos o si abre la puerta a una innovación pedagógica que pueda brindarle a los estudiantes elementos de participación en sus procesos de aprendizaje.

Si bien, los arquitectos del programa –SEP y SCT– reconocen la creciente necesidad de alfabetizar digitalmente a los niños y jóvenes en el presente contexto tecnológico y mediático, es crucial que los procesos de aprendizaje no se consignen a la funcionalidad: esto es, a la adquisición de competencias digitales básicas para realizar operaciones específicas (Buckingham, 2007). De acuerdo con la UNESCO (2011), la alfabetización digital requiere que las competencias en el uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) trasciendan el perímetro educativo y sean ostensibles en el contexto social, democrático y comunicacional más amplio. Llevada a sus últimas consecuencias, la educación digital no aspira al aprendizaje de habilidades mecánicas aisladas de su contexto: éstas, al contrario, deben formar parte de un continuo en la vida de los alumnos que corra del salón de clases a la sociedad en general.

En consecuencia, aunque las TICs puedan representar un valioso complemento pedagógico para diversas materias en el plan de estudios, sería igualmente provechoso que se hicieran valer como instrumentos de sensibilización ciudadana. Visto así, Aprende 2.0 podría ofrecer un marco educativo que active a los niños y jóvenes en su papel de ciudadanos emergentes, fomentado el uso de las TICs como recursos de involucramiento en el devenir democrático y público del país.

Existen diversos argumentos que respaldan esta posición. En Estados Unidos, en el marco del creciente papel que desempeñan los medios digitales en la conformación de la llamada “democracia postfactual” que asistió en el triunfo de Donald Trump, académicos y organizaciones civiles hacen vigorosos esfuerzos por introducir programas de ciudadanía digital en los planes curriculares de las escuelas (Mihailidis, 2015). Pero llama la atención que los cimientos de este enfoque ya encuentran sustento en dos de los cinco objetivos fundamentales de la “Estrategia Digital Nacional” (EDN):

-Transformación de la educación, del que proceden Aprende 2.0 y sus congéneres fallidos, busca incorporar las TICs en el proceso educativo para mejorar la calidad de la educación y desarrollar habilidades digitales en los estudiantes e introducir al país en la sociedad de la información y el conocimiento.

-Innovación cívica y participación ciudadana apunta al desarrollo de mecanismos que ayuden a la sociedad a resolver temas de interés público mediante la promoción de la participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas (ITU, 2015).

A pesar de que la EDN incorpora dimensiones de educación y participación ciudadana, éstas no se han armonizado de manera explícita. La desincronización entre los objetivos ha derivado, hasta la fecha, en estrategias de educación digital que continúan la tendencia del sistema educativo mexicano de desatender su responsabilidad como educador y formador de ciudadanos.

Si el gobierno estuviera en línea con sus objetivos –con el fin de introducir al país, pues, en la sociedad de la información y el conocimiento– encontraría en programas como Aprende 2.0 campo fértil para ensayar innovaciones cívicas que promovieran de manera temprana la participación en asuntos públicos entre niños y jóvenes a través del uso de las TICs.

Un escrutinio cabal de los sostenes del programa obliga preguntarnos si la fragmentación que exhiben los objetivos de la EDN responde al incómodo compromiso entre los valores que encierran la «sociedad de la información» y la «sociedad del conocimiento», articuladas como una sola en el diseño de la política. Gómez-Mont (2016), investigadora en el uso de las TICs en contextos educativos, sostiene que representan modelos sociales que “tienen puntos de cruce, pero no son compatibles”.

La idea de la «sociedad del conocimiento» surgió en contraposición a la «sociedad de la información» a raíz de los debates que dieron lugar en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información el 2003 en Ginebra y el 2005 en Túnez, en que la sociedad civil cuestionó la prevalencia de la información sobre el conocimiento. En el documento recopilado por la UNESCO (2005), se argumenta que la sociedad de la información representa un proyecto vertical que obedece a la demanda de procesamiento de datos del gran capital, mientras que en las sociedades del conocimiento –concepto que asume las realidades sociales en su pluralidad– la información está subordinada un a proyecto de transformación social.

En efecto, sin antes atender la amplia desigualdad de acceso a las fuentes, contenidos e infraestructuras de la información que existe en México, cualquier ambición por hacer del país una ciber-utopía de la información y/o el conocimiento se quedará en la simulación. Ante este axioma, no deja de sorprender que México Conectado, piedra angular del 6to constitucional, haya sido sometido a la severidad de la tijera presupuestal con recortes de hasta un 80% para el 2017.

Sin la voluntad presupuestaria (o voluntad a secas) que permita desplegar las redes de conectividad en espacios públicos a lo largo del territorio nacional que promete México Conectado, los programas de educación digital como Aprende 2.0 están destinados a profundizar, y no así reducir, una brecha digital que fracciona la población mexicana en partes iguales.

Si bien los niños y jóvenes en las escuelas tienen el potencial de ser la punta de lanza que lleve a la consolidación de una sociedad más participativa, es importante apostarle a un modelo de alfabetización digital de largo y amplio aliento que pueda cumplir con el reto de ofrecerles habilidades y conocimientos encaminados tanto al desempeño laboral como al quehacer público. Así, programas como Aprende 2.0 no deben complacerse con la formación de individuos que puedan integrarse a la sociedad del conocimiento, sino de ciudadanos capaces de participar y contribuir en su construcción.

Alfonso Méndez Forssell es investigador independiente en temas de alfabetización mediática y estudios discursivos.