La migración –temporal o definitiva– es parte ya de la vida mexicana. Somos una nación multicultural con los que llegan, con los se van y con los que transitan. Sin embargo, pareciera que dentro de nuestro país existen muros invisibles que merman las oportunidades y los sueños de migrantes, nacionales, internacionales, o de paso.


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Habiendo nacido en Guanajuato, y después de haber tenido el honor de servir en diversos cargos de responsabilidad pública y académica, comprendo que la migración tiene muchas formas, realidades y niveles. Están los que migran en avión y con visa de trabajo; los que viajan con visa de turista y se quedan a vivir en el lugar de destino, y los que emprenden el viaje llevando sólo un corazón nostálgico, la ropa que traen puesta y la esperanza de poder construirse a ellos y a los suyos un mejor camino. Los que hemos acompañado las batallas de la comunidad migrante desde hace ya muchos años conocemos que el primer problema al que se enfrentan los que regresan a México es la falta de identidad. En muchos casos, acompañando a un familiar deportado, llegan niños sin documentos que den constancia sobre su identificación o sobre su nivel de estudios.

En caso inverso, cuando un niño llega a Estados Unidos, comúnmente sólo se verifica su edad y se le admite en el sistema educativo. No importa su situación migratoria, no importa si lleva sus documentos, no importa que no hable inglés, lo único que importa es que el alumno tiene el derecho de aprender y la edad de estudiar. Cuando una niña, niño, o adolescente migrante, llegaba a México se encontraba con otra realidad: se topaba de golpe con la burocracia nacional. No podía ser legalmente admitido en una escuela por no traer su acta de nacimiento, su identificación con fotografía, su constancia de estudios y una larga lista de documentos que suele pedir la burocracia nacional para guardarlos en un archivero que no volverá a ser utilizado hasta que concluya el nivel educativo que cursaba.

Éste no era un problema de la Ley General de Educación, sino del entramado normativo de oficios, circulares y acuerdos secretariales que hace más pesada la carga de la burocracia educativa. Si pensamos en niveles superiores a la educación básica las complicaciones eran mayores. En muchos casos tenían que reiniciar sus estudios de preparatoria, lo mismo con los universitarios. El modelo estaba tan mal diseñado que un graduado de una carrera en una universidad extranjera, sin importar que ésta fuera la mejor del mundo, no podía obtener una revalidación por un camino sencillo. Se debía encontrar alguna universidad en México que ofreciera el mismo programa con un 75% de las mismas materias y con planes de estudio similares. Esto significaba un incentivo absurdo para limitar los estudios en el extranjero, o peor aún, para no regresar a ejercer en México lo que estudiaron en otro país. Una de las razones de más peso para irse a estudiar a otro país, además de la excelencia académica, es estudiar algo distinto, ya sea por la aproximación al tema o por ser un área del conocimiento que no se desarrolla en México.

Así era la situación antes de la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión el primero de febrero de este año, motivada por el riesgo de deportaciones masivas en Estados Unidos. Un temor inspirado en el irrespetuoso y doloroso discurso antimigrante que ha enarbolado el presidente Trump. La figura de la iniciativa preferente es de reciente creación, tiene reglas muy simples, cada Cámara tiene 30 días para su discusión, aprobación, modificación o rechazo. En caso de no cumplir el plazo se da por aprobada y pasa a la siguiente Cámara; es importante recordarlo porque puede parecer que actuamos demasiado rápido.

Debemos celebrar en la iniciativa del presidente fundamentalmente dos aspectos: el primero es la intención de romper con la inercia burocrática frente al acceso y equivalencia de estudios; el segundo, el carácter de iniciativa preferente, logrando que fuera el primer tema de la agenda legislativa en el Congreso de la Unión.

Su contenido original se quedaba muy lejos de su intención. La iniciativa principalmente iba orientada a atender a los dreamers (nombre dado en EE.UU. a los jóvenes indocumentados que son estudiantes universitarios y que “sueñan” con alcanzar la ciudadanía); por lo tanto, sólo abría algunos canales para revalidar la licenciatura. El aporte consistía en facultar a las universidades particulares para esta tarea y quitaba algunos obstáculos para el acceso al nivel básico.

La iniciativa casi no contemplaba a los estudiantes del nivel medio superior, la migración interna, o los problemas y retos educativos que acompañan a los migrantes. Teníamos como desafío hacer las cosas bien y rápido, pero en ese orden, ya que en tan sólo 30 días debíamos escuchar a todas las voces que tuvieran algo que decir, analizar y, de ser necesario, mejorar la iniciativa. Otra tarea apremiante fue construir los consensos necesarios para su aprobación y modificación. En este veloz esfuerzo, fuimos acompañados por docentes, migrantes, funcionarios de distintos órdenes de gobierno, expertos en migración, investigadores, instituciones académicas públicas y privadas y organizaciones sociales. Todos ellos tuvieron aportaciones muy valiosas para cambiar el enfoque de la iniciativa ampliándola para ir más allá de los dreamers.

Desde el Congreso incorporamos la garantía de tránsito y movilidad entre todos los niveles y tipos del sistema educativo. Otorgamos a la SEP la obligación de facilitar la movilidad, el acceso, la reinscripción, la regularización y la acreditación al hacer las normas de control escolar. Después de revisar las mejores prácticas internacionales se mandató crear un marco nacional de cualificaciones. Estos instrumentos agrupan los parámetros que permiten validar las habilidades, conocimientos y competencias obtenidas en un proceso educacional sistemático para facilitar tanto la movilidad como la certificación de competencias que van adquiriendo en el camino. Cabe destacar que esta idea no nace de cero, hace una década, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) propuso la adopción del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), en el que se incluyen los objetivos de contar con una escala o marco nacional de cualificaciones, un sistema nacional de nomenclatura que permita identificar el área, nivel y tipo de asignatura, actividad o unidad de aprendizaje, curso o actividad ofrecida.

En materia de educación superior se cambió el diseño original. Decidimos ir más allá y no limitarnos sólo a la licenciatura, sino a toda la gama de grados de este nivel educativo, y a cambiar las reglas para la revalidación y equivalencia determinando que el procedimiento atienda a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad, permitiendo por ejemplo, la verificación electrónica de documentos. Podemos resumir que el Congreso de la Unión recibió una iniciativa orientada a la revalidación de licenciaturas, y construyó y aprobó una reforma legal para facilitar el ejercicio del derecho de educación a los migrantes, internacionales y nacionales, desde preescolar hasta la educación universitaria.

Como siempre que hacemos una reforma, lo más difícil es hacerla funcionar. La ley sola no cambia la realidad, debemos estar al pendiente de la implementación, acompañarla y protegerla. Los artículos transitorios instruyen el camino inmediato a seguir para que la reforma llegue a los estudiantes, en ellos resaltan: 1) El marco nacional de cualificaciones tendrá que estar listo en un año; 2) La SEP tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del Acuerdo Secretarial 286; 3) Las instituciones de educación superior constitucionalmente autónomas podrán celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación de estudios sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa, y 4) La autoridad educativa en coordinación con otras instituciones puedan implementar planes de emergencia y acciones afirmativas, particularmente a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, etc. Si bien la implementación es tarea que formalmente corresponde a la Secretaría de Educación, todos los mexicanos debemos acompañar y vigilar el proceso.

El error más común cuando hablamos de educación es confundir el derecho a la educación con el derecho al acceso. Todos los mexicanos tenemos derecho a la educación y esto significa que tenemos derecho a aprender y no sólo a estar sentados en un pupitre. Para lograr esto no basta una ley, ni el esfuerzo de un gobierno, se requieren las manos y el talento de todos los mexicanos. Las tribus de la África Subsahariana lo tienen muy claro: tienen un dicho que dice “a un niño lo educa toda la aldea”. Eduquemos bien a todos los niños y niñas de nuestra aldea.

 

Juan Carlos Romero Hicks es Senador de la República y presidente de la Comisión de Educación en el Senado.