Una vez más, como cada año, presenciamos el mismo fenómeno: miles de jóvenes que intentan ingresar a una universidad pública consolidada y reconocida de la Ciudad de México se quedan sin la posibilidad de acceso; algunos lo han intentado hasta seis veces o más, lo que implica que llega a requerir hasta tres o cuatro años conseguir el ingreso. Este año, un joven de 20 años logró un puntaje perfecto en el examen de ingreso a la UNAM y dos tuvieron un solo error. Con ello la llamada “máxima casa de estudios” intenta distraer —como si fuera necesario— a la opinión pública del fenómeno de “siempre”, que es que sólo puede atender entre al nueve y el diez por ciento de los que aspiran a un lugar ahí. Felicidades a estos tres jóvenes y a sus familias que hoy ven los frutos del esfuerzo. Pero poco se ha señalado el hecho de que no fue la primera ocasión en que estos tres jóvenes presentaron dicho examen, por lo que frente a los límites del sistema -como que las plazas ofertadas son realmente insuficientes para la cantidad de jóvenes que desean ingresar- los jóvenes aspirantes desarrollan una suerte de resistencia o resiliencia para intentar acceder. Al mismo tiempo, en redes sociales se desencadena una campaña con la etiqueta “UNAM cuna de pobres” para señalar que los recientemente aceptados estudiantes pertenecen a un sector de bajos recursos.

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Se calcula que este año hubo en total 383 mil 557 aspirantes que se inscribieron para participar en el proceso de selección de la UNAM, la UAM y el IPN. Este dato hay que tomarlo con precaución porque muchos de los que hacen el proceso no sólo lo hacen en una institución, muchos, sino es que la gran mayoría, lo hace en estas tres casas de estudio en su búsqueda por un lugar. Este fenómeno no es exclusivo de la Ciudad de México. Como hace algunos años apuntó Wietse de Vries: “existe una treintena de universidades públicas, donde la demanda excede a la oferta de plazas, lo que lleva al rechazo de aspirantes”.

Para algunos sectores de la sociedad, la imposibilidad de acceder a una universidad pública significa un rechazo del sistema educativo y social. Rechazo que impacta tanto en la trayectoria educativa como en los ideales, expectativas y aspiraciones que los jóvenes, junto con sus familias, tienen sobre la educación superior. Enfrentar este rechazo, incluso para pasar por el proceso de selección más de una vez, implica tener la capacidad de asumir que el acceso a una institución de educación superior no será inmediato y que tendrán que ser consideradas otras opciones como ingresar a una universidad privada de bajo costo.

Como parte de los hallazgos de una investigación realizada en el Departamento de Investigaciones Educativas, observé que cuando los jóvenes consultan los resultados del proceso de selección y encuentran que éste es distinto al que esperaban, suele surgir en ellos la necesidad de encontrar un culpable. La tendencia de los jóvenes es asumir que ellos son responsables del fracaso. Esto es así porque la educación superior continúa siendo significada por nuestra sociedad como un medio de movilidad social, como una vía para la construcción de la identidad, o como un bien a heredar; así, “reprobar el examen” es fracasar en el intento de acceder a las herramientas adecuadas que permitirán alcanzar las aspiraciones y las expectativas de educación superior.

Y es que el peso de la responsabilidad que cae sobre el único responsable identificado por los propios jóvenes es mucho más contundente que las explicaciones que podríamos dar al hecho de no ser admitido por una universidad pública; pues éstas no evitan que, instalados en las sensaciones de rechazo, frustración, enojo y decepción, algunos jóvenes se depriman, decidan no volver a intentarlo o consideren otras opciones.

Si el sistema universitario es un vehículo para cumplir objetivos específicos como ayudar a la familia, ser alguien en la vida o tener un buen trabajo, no acceder a él por supuesto que significará un fracaso, que por lo general no se espera que ocurra. Aun así, muchos jóvenes hacen el examen de selección para conseguir un lugar en una institución de educación pública sabiendo que es posible que no se queden pero esperando conseguir un lugar y depositan en esa esperanza sus planes a futuro.

Así, muchos jóvenes al no ser seleccionados pueden enfrentarse a una situación adversa para dar continuidad a su trayectoria escolar ya que se ven frustrados los planes a futuro, construidos a partir de las expectativas e ideas relacionadas con la educación superior. Aunado a ello, el fracaso de ingreso a una universidad pública está significado como “no pasar el examen” y, en una mirada autovalorativa, esto pone en duda las capacidades y habilidades de los jóvenes aspirantes.

Sin embargo, como Adrián de Garay señaló en 2012, es importante aclarar que la mayoría de las instituciones públicas aplican a los aspirantes el examen diseñado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) —conocido como EXANI-II— el cual reporta sus resultados en lo que llama el índice CENEVAL (ICNE). Se trata de una escala de entre 700 y 1300 puntos; así, si no se obtuvo ningún acierto, la puntuación que se asigna según la escala es 700 puntos; y si el aspirante acertó en todos los reactivos de la prueba entonces obtiene 1,300 puntos. Por tanto, no ser admitido por una institución pública no significa que el joven aspirante haya reprobado el examen, simplemente no ha sido admitido por falta de cupo, y los que logran ingresar lo lograron porque obtuvieron mayor puntaje, aunque la diferencia sea de un punto.

Hoy, dado el estado de la cuestión, los jóvenes aspirantes a ingresar al sistema público universitario llegan a desarrollar una suerte de resiliencia educativa que podríamos definir como una capacidad para reponerse a la situación adversa que supone no obtener un lugar en una universidad pública a partir de evaluarla, reconocer las aptitudes y recursos para afrontarla y así retomar el camino y proyectarse hacia adelante buscando alternativas educativas para producir resultados que se consideren como logros.

La realidad es que el sistema educativo superior que prefieren la mayoría de los jóvenes mexicanos colapsó hace mucho tiempo. Y si bien, en nuestra sociedad el sistema de exámenes aparentemente asegura a todos la igualdad formal ante pruebas ideáticas y garantiza a los sujetos dotados de títulos idénticos la igualdad de posibilidades de acceso, en realidad sistema satisface el ideal pequeño burgués de la igualdad formal y recrudece la desigualdad de oportunidades de acceso.

En este juego hay dos actores: los aspirantes y el sistema educativo. Cada uno tiene asignado un rol, derechos y responsabilidades. Como bien dice el joven Manelik Martínez “hay que prepararse para lo que es una decisión de vida”, entonces es importante, en la medida de lo posible, tratar de hacer elecciones de carrera informadas buscando todo lo relacionado con la oferta educativa nacional, los programas y sus modalidades; también es necesario prepararse para presentar el examen de admisión ya sea estudiando sin descanso la guía de estudios durante meses o tomando algún curso para apoyar dicha preparación. Pero también es importante considerar que el sistema universitario del país está –de hace tiempo– pasando por momentos de crisis que nada tienen que ver con los aspirantes o con quienes no consiguen un lugar. Y sí tiene mucho que ver con las decisiones y las políticas públicas de educación que hoy restringen la capacidad de las universidades para crecer y constriñen la ampliación de la oferta educativa preferente de los jóvenes. Si bien el sistema en su conjunto (instituciones tecnológicas, politécnicas y universitarias) podría atender a la demanda total, la demanda se concentra en aquellas opciones que, aparentemente, garantizan una buena perspectiva laboral en universidades reconocidas.

Brenda Yokebed Pérez Colunga es estudiante de doctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.