Desde su incipiente reconocimiento en el artículo 6º constitucional —resultado de la reforma en telecomunicaciones (2013-2014)— los derechos de las audiencias de radiodifusión se han visto estremecidas por una serie de turbulencias legislativas. Entre acciones de inconstitucionalidad y proyectos de dictamen venidos de todos los frentes posibles —el Ejecutivo, el Senado y la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados— académicos, organizaciones y especialistas ya hablan unánimemente de una “contrarreforma” que busca, entre otras cosas, remover facultades conferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular los derechos de las audiencias.


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Los dictámenes no sortean el cifrado lenguaje jurídico que hace intransitable el seguimiento de estos acontecimientos para personas no iniciadas, pero algunos especialistas han hecho un buen trabajo en dilucidar por qué los derechos de las audiencias han producido molestia entre los empresarios mediáticos, originada en mayor medida a partir de los derechos que arremeten contra la publicidad disimulada: “Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y “que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y contenido de un programa”.

Tales experiencias dejan en evidencia el restablecimiento de la proverbial relación de beneficio mutuo entre las élites políticas y mediáticas que refrenda el rentable pacto de difundir propaganda política en épocas electorales. No es de extrañar que la publicidad, motor primario de sistemas mediáticos consolidados en el liberalismo económico, descanse en el seno de este mutualismo. Sin embargo, es factible asumir que el reacercamiento apunta a una coyuntura de mayor trascendencia: su interés compartido por contener la precipitada transición a un nuevo escenario mediático y comunicativo derivado del liberalismo de mercado, los desarrollos tecnológicos y el robustecimiento de la cultura participativa.

Ante todo, semejantes tejemanejes legislativos demuestran que las reformas legales han sido insuficientes y abonan a la necesidad de mirar más allá del horizonte regulatorio en disyuntivas de interés público. Es por eso que sorprende la poca consideración que han merecido el resto de los Lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias: de escrutarse a fondo, podrían animar un cambio de rumbo en las discusiones públicas, en particular el apartado que establece a la alfabetización mediática (AM) como uno de los derechos fundamentales de las audiencias.

Los Lineamientos ofrecen una definición sucinta de la alfabetización mediática basada principalmente, según especifican, en la conceptualización de la UNESCO: “la alfabetización mediática tiene el objetivo de capacitar y proporcionar conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para colaborar con los medios y las nuevas tecnologías”. La definición es apenas elemental pero es de llamar la atención que el organismo internacional por excelencia dedicado a educación se ocupe de estos temas. De hecho, gracias a esta intervención la región atestigua el despliegue de la alfabetización mediática como un proyecto unificado de gran alcance, reuniendo a estudiosos y especialistas que han abogado por la educación mediática durante décadas en grupos más aislados. Aunque no existe una definición genérica de la alfabetización mediática o una metodología universal, el punto de cruce entre las diferentes escuelas es desarrollar en las audiencias la capacidad de hacer discernimientos críticos de los contenidos mediáticos.

La alfabetización mediática es un concepto en constante evolución que cambia regularmente conforme cambian los medios, la tecnología y el comportamiento de las audiencias o usuarios. Pero si aventuramos una definición amplia e integral podría concretarse como la capacidad comprender y evaluar críticamente aspectos de los medios —esto incluye todos los medios— y su contenido y crear comunicaciones en una variedad de contextos, siendo su objetivo aumentar la conciencia de las personas sobre las muchas formas de mensajes mediáticos que se encuentran en su vida cotidiana (Ding, 2011).

De acuerdo al artículo 53 de los Lineamientos, la alfabetización mediática tiene dos finalidades, ambas de suma importancia en el endeble marco regulatorio: “Que las audiencias conozcan sus derechos y entiendan los alcances e implicaciones de los mismos” y “que las audiencias tengan herramientas y conocimientos suficientes para la comprensión y análisis de la información, los mensajes, contenidos y publicidad.” En este sentido, Norbert Vrabee (2011) plantea una pregunta obligada: ¿a las compañías mediáticas realmente les interesa formar audiencias que piensan críticamente, o prefieren audiencias adoctrinadas que sean complacientes consumidores de contenidos mediáticos y objetivos fáciles para las estrategias de marketing y publicidad?

Asimismo una pregunta pertinente es ¿cuál es el papel de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la educación de las audiencias? Hasta la fecha, según Guillermo Orozco, director de la Cátedra de Alfabetización Mediática e Informacional en México, la SEP no ha mostrado gran interés a pesar de cabildeos por parte de académicos, educadores y promotores como la UNESCO. Este cuestionamiento no es especulativo: a la luz de los presentes debates sobre las llamadas ‘noticias falsas’, la OCDE afirma que la capacidad de distinguir entre información verdadera y falsa es un esencial pedagógico en tiempos en que las redes sociales han ganado un lugar central en el entorno mediático de las audiencias (infantiles). No se puede desestimar la posición privilegiada de los maestros de educación formal —en todo su espectro— para procurar orientación a los estudiantes en su papel de audiencias. En este sentido, tener las competencias para examinar la veracidad de una noticia es conducente a poder distinguir entre publicidad e información. Al fin de cuentas, el punto de partida es el mismo: poseer habilidades de discernimiento crítico. Cabe destacar que ésta es apenas una expresión de la alfabetización mediática en el salón de clases —aunque quizá, actualmente, la más visible— entre muchas posibles. Visto de esta manera, la SEP tiene un papel ineludible frente al actuar de las compañías mediáticas: ambas entidades forman parte del continuo educativo en la vida de los estudiantes que corre desde el salón de clases hasta el hogar, donde pasan un promedio de 4 horas y media frente al televisor. ¿De qué sirve introducir un nuevo modelo educativo si buena parte de la educación de niños y niñas en México acontece de cara a los medios?

Aunque el artículo 54 estipula que el IFT llevará a cabo “convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y/o privadas”, existe una distancia considerable entre formar convenios educativos y modificar el plan de estudios. Es cierto que tal gestión supondría un significativo acercamiento al sistema educativo formal que debe ser sometido a la exigencia y al escrutinio público, pero un compromiso cabal con la metodología de la UNESCO encauzaría la alfabetización mediática hacia robustas políticas educativas que, en última instancia, le abrieran un espacio en el currículo escolar. Con este fin la UNESCO ha desarrollado un extenso plan de estudios para profesores de alfabetización mediática.

Existen diversas razones por las que dicha alfabetización mediática resulta un tema primordial frente a los embates contra los derechos de las audiencias, pero destacan dos:

• Para estudiosos del tema como Silverstone (2005), la AM puede representar la salida a este tipo de “embrollos regulatorios”. Silverstone ofrece una metáfora precisa cuando sugiere que la regulación es como la gramática: “se ocupa de las reglas del lenguaje, no de cómo se habla el idioma o lo que se dice”. En esta línea, pide un distanciamiento de las nociones estrechas de la regulación de medios, abriendo la posibilidad de desarrollar un proyecto informado por la AM como una forma de empoderamiento de las audiencias. Esta óptica encuentra campo fértil en México: casos como la controversia en torno al desplazamiento de las clasificaciones para adolescentes y adultos a horarios más tempranos, pone en evidencia la plasticidad inoperante de un entorno regulatorio que, sin miramientos, es capaz de transgredir el bienestar emocional de las audiencias infantiles. Uno de los argumentos centrales frente a los Lineamientos emitidos por la Segob es que estos contenidos audiovisuales tienen una incidencia en el comportamiento, desarrollo y formación de los niños, lo que a su vez es un argumento tácito que posiciona a la alfabetización mediática como un elemento pedagógico imprescindible en un ambiente mediático desregulado. Si bien es cierto que en el presente escenario mediático de México reducir las atribuciones del regulador sería un grave desacierto, las audiencias alfabetizadas mediáticamente pueden representar un punto de apoyo para este tipo de escenarios.

• La alfabetización mediática es el derecho más inmanente a las audiencias: representa una serie de facultades encarnadas en las audiencias que suponen una radical contestación a las relaciones inequitativas de poder en el ecosistema mediático que privilegian a los concesionarios, al órgano regulador, a los poderes de la unión e incluso a la figura del defensor de las audiencias por encima de las audiencias. No hay autoridad en el mundo que pueda restringir o suprimir el conocimiento asimilado; no así los procedimientos, canales y directrices que dan parte de este conocimiento. En este sentido, el criterio para distinguir entre publicidad e información recaería en las audiencias alfabetizadas mediáticamente. Asimismo, poner el énfasis en las audiencias ofrece una forma de diluir el paternalismo del sistema mediático que, de acuerdo al investigador Alejandro Guerrero (2015), ha tomado sus contornos del sistema político.

La alfabetización mediática debe ser entendida como una forma de capital político y cultural conducente al ejercicio de los derechos culturales y civiles. En diversas partes del mundo, desde Hungría hasta Mozambique, se ha reconocido la importancia cívica de la educación mediática en acabadas políticas públicas. Desde 2011 la Comisión Europea considera a la AM como uno de los prerrequisitos clave para una ciudadanía activa y plena. Eso hace que, en el marco de democracias no consolidadas, la AM esté obligada a tener una función marcadamente cívica. En línea con este argumento, Alexander Fedorov (2011) afirma que en Rusia, donde existe un sistema mediático de corte propagandístico, es deseable que la AM esté presente en todos los niveles de la educación institucionalizada.

Domaille y Buckingham (2002) expresan en su reporte sobre el estatus de la AM en diferentes contextos a nivel internacional que es una fuente de optimismo que aún en circunstancias relativamente difíciles los educadores argumenten en favor de la educación mediática. En efecto, los recientes procedimientos puramente legislativos resaltan razones suficientes para ubicar a la alfabetización mediática en el centro de los debates sobre los derechos de las audiencias. Aunque su reconocimiento en los Lineamientos supone un avance decidido, queda por crear conciencia pública sobre su potencial para las audiencias.

Alfonso Méndez Forssell es investigador independiente en temas de alfabetización mediática y estudios discursivos