El pasado 23 de agosto, el Senado de la República organizó el foro “Educación para el desarrollo sostenible: la reforma necesaria”. Ahí realicé una presentación en la que sostuve que las cifras utilizadas por la SEP, basadas en la tasa bruta de cobertura (“Tasa bruta”) sobreestiman los niveles de cobertura en la educación media superior (EMS); también señalé que, utilizando cifras que se apegan más a la realidad de la cobertura de la EMS en el país, el objetivo de alcanzar la cobertura universal en 2021 parece inalcanzable.


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Unos días después —el pasado domingo 27 de agosto— el periódico Reforma publicó una entrevista al Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Media Superior, en la que el Dr. Tuirán hace una defensa de los avances en materia de cobertura de EMS y del uso de la tasa bruta como medida de cobertura. Con el afán de contribuir a un debate constructivo sobre este tema, en este espacio discuto algunos de los problemas y limitaciones que tiene el uso de la tasa bruta, la ventaja de medidas alternativas como la Tasa Neta de Cobertura (“tasa neta”) y la necesidad de avanzar hacia la integración de un comité técnico de medición de la cobertura educativa, que elabore medidas más certeras y apropiadas con el aval de la academia y las instituciones públicas involucradas.

Es importante reconocer como punto de partida que el Dr. Tuirán tiene razón al señalar que en los últimos años se han presentado avances importantes y verificables en la cobertura de la Educación Media Superior (EMS) en el país. También es cierto que la tasa bruta es un indicador que ha sido utilizado históricamente por la SEP para medir la cobertura, no sólo en EMS, sino en todos los niveles educativos. No obstante, el disponer de una serie histórica no es razón suficiente para continuar utilizando cualquier medida, especialmente si ésta presenta problemas conceptuales y técnicos serios.

La tasa bruta en la EMS se calcula al dividir el número de personas matriculadas en este nivel en determinado año calendario entre la población en las “edades típicas” para asistir a este nivel educativo (frecuentemente definidas como el rango 15-17 años, aunque a veces se usan otros cortes de edades). El problema técnico fundamental de la tasa bruta es que el numerador es inconsistente con el denominador, pues el primero incluye personas en edades que no son consideradas en el segundo (quizás menores a 15 años, pero sobre todo mayores a 17). Por tanto, si lo que pretendemos medir es la proporción de jóvenes que teniendo la edad típica para asistir a la EMS efectivamente lo hacen, la tasa bruta presenta sistemáticamente un sesgo de sobreestimación.

La tasa neta intenta resolver este sesgo, restringiendo el numerador a los jóvenes que asisten a la EMS en el mismo rango de edades considerado en el denominador. Es un índice que presenta mayor consistencia entre numerador y denominador y refleja de manera más precisa lo que pretende medir.

Así, si usamos la tasa neta, podemos afirmar que en 2016 el 57% de los jóvenes entre 15 y 17 años se matricularon en la EMS. La tasa bruta, en cambio, se sitúa en 82%, pero ¿qué nos dice este porcentaje? ¿Nos dice que 82% de los jóvenes de una cohorte determinada asisten a la EMS en 2016? No, porque el numerador incluye múltiples cohortes; de hecho, al comparar la tasa neta y la tasa bruta, podemos deducir que cerca de 30% de las personas consideradas como población con cobertura en la tasa bruta en realidad no formaban parte del grupo de referencia definido en el denominador, sino que son personas de mayor edad, pertenecientes a otras cohortes.

El Dr. Tuirán también señala que la tasa neta presenta cierto truncamiento, ya que algunos de los jóvenes entre 15 y 17 años no inscritos en 2016 podrían ingresar posteriormente a este nivel. Aunque esto es técnicamente correcto, cabe hacer dos precisiones: a) que los jóvenes asistan a la EMS en las edades “típicas” debe ser parte de los objetivos de la cobertura, pues esto evita que la falta de acceso oportuno a la EMS se convierta posteriormente en un problema de rezago; en este sentido, restringir el rango de edades en el numerador a los 15-17 años hace de la tasa neta un buen indicador de cobertura oportuna y de la posibilidad de que los estudiantes continúen posteriormente en el sistema (en la educación superior) en las edades más idóneas; y b) el problema del truncamiento no se resuelve agregando a quienes tienen mayores edades sólo en el numerador, ya que esto deriva en los problemas de inconsistencia de la tasa bruta ya señalados. En cualquier caso, se deberían proponer medidas de cohorte alternativas.

Por otra parte, un aspecto que también es preocupante es la segunda crítica que hace Rodolfo Tuirán a la tasa neta (crítica que, por cierto, también se aplica a la tasa bruta), de que es una medida de “cobertura etérea” en tanto incluye en el denominador a jóvenes que no terminaron la secundaria y por tanto no están en posibilidad de cursar la educación media superior. Reproduzco la cita textual que aparece en Reforma: “Un índice lo que debe de medir es la capacidad que tiene el sistema educativo para asimilar a quienes teniendo la edad y la condición esencial, en este caso la secundaria, buscan ingresar a la educación media superior, ese debería ser el propósito de la cobertura, no una cobertura etérea”.

Es comprensible que, desde una perspectiva programática y sectorial, la Subsecretaría de Educación Media Superior deba concentrar sus esfuerzos en la población elegible, ya que el problema de la eficiencia terminal de la educación secundaria le corresponde a la Subsecretaría de Educación Básica. Lo que parece más cuestionable es que se sugiera que las medidas de cobertura para cada nivel educativo deberían ser condicionales a la terminación del nivel previo. Para esto existen al menos tres objeciones:

1. La “capacidad que tiene cada sistema educativo” debe evaluarse en forma integral, considerando los cuellos de botella que imponen las deficiencias en un nivel (en este caso la secundaria) en el nivel siguiente (la media superior).

2. La sugerencia de adoptar medidas de cobertura condicionales a la terminación del nivel previo impulsa, quizás inadvertidamente, una noción de universalidad a la que paradójicamente podríamos denominar como “excluyente”, ya que bajo este supuesto se podrían alcanzar coberturas de 100% excluyendo a amplios sectores de la población. Por cierto, esta “universalidad excluyente” se refleja en la meta de cobertura universal en la EMS tal como la define el decreto publicado en 2012 en el Diario Oficial de la Federación, que restringe la obligación al Estado de otorgar un lugar en la EMS al grupo que “teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica”. Actualmente cerca de 20% de los jóvenes en “la edad típica” del país no han concluido la educación secundaria; ellos están excluidos de esta forma tan peculiar de definir el acceso “universal”.

3. Una medida como la tasa neta tiene su principal virtud (y quizás también su mayor defecto) en integrar en un solo indicador sintético la elegibilidad, la absorción y la continuidad en la EMS. Ya se ha definido un índice de acceso restringido a quienes tienen la secundaria (se le conoce como “Tasa de absorción”) y tiene otras funciones; no sustituye a las medidas resumen de cobertura.

En síntesis, podríamos concluir que tanto la tasa bruta como la neta tienen problemas en común que las hacen aproximaciones burdas a la medición de la cobertura; no obstante, ante la disyuntiva de utilizar una u otra medida, la tasa neta tiene cualidades conceptuales y técnicas superiores, aunque nos presenta un panorama mucho menos optimista del camino que es necesario recorrer en los próximos años para alcanzar la meta de la cobertura universal y nos hace ver que los logros recientes, aunque sin duda importantes, son insuficientes.

Finalmente, como expliqué en mi presentación del día 23 de agosto en el Senado, lo ideal sería avanzar en el diseño de medidas que identifiquen los tres componentes de la cobertura (elegibilidad, absorción y continuidad) y resuelvan los problemas de las fuentes de datos utilizadas para calcular la tasa bruta y neta.1 Así como lo hemos hecho ya dos veces con la metodología para la medición de la pobreza en los últimos 20 años, es necesario desarrollar ejercicios metodológicos que nos permitan lograr un amplio consenso técnico y político sobre las medidas de cobertura educativa y sus componentes. Este esfuerzo debería ser encabezado por la comunidad académica, a través de un comité técnico integrado por especialistas en el que tuvieran participación —pero no el voto decisivo— la SEP, el INEE e INEGI.

Patricio Solís es profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.


1 Un esfuerzo inicial en esta dirección, en el que defino el acceso a la EMS como el producto de la elegibilidad y la absorción y utilizo las encuestas nacionales de hogares de INEGI, produce un nivel de acceso de alrededor de 68%, es decir, menor a la tasa bruta pero mayor a la tasa neta.