Con la celebración de un referéndum de autodeterminación, el pasado 1 de octubre (1-O) se vivió un capítulo importante en la históricamente tensa relación entre Cataluña y España. El referéndum fue convocado unilateralmente por el Govern de la Generalitat, de mayoría parlamentaria independentista y —como era de esperarse— fue declarado ilegal por parte del Tribunal Constitucional del Estado español. Además, el Gobierno de España no tuvo empacho en aplicar la fuerza pública para impedir que el referéndum se celebrara. A pesar de las acciones del gobierno español, más de dos millones de catalanes acudieron a votar bajo condiciones adversas, mientras que las imágenes de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil golpeando ciudadanos indefensos que protegían los colegios electorales dieron la vuelta al mundo, haciendo más visible un conflicto que pareciera destinado a no resolverse en el corto tiempo.

Una de las posibles consecuencias del referéndum es la declaración unilateral de independencia (DUI), con lo que se abriría un periodo de incertidumbre sobre cómo y cuándo se haría efectiva la transferencia de poderes y competencias hacia una eventual República Catalana, asumiendo que el nuevo país independiente tuviera reconocimiento tanto del Estado español, como de la comunidad internacional, y particularmente de la Unión Europea, algo que se antoja poco probable a la vista de los hechos recientes. Ayer, en otra jornada histórica, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia, aunque inmediatamente pidió al parlamento suspender sus efectos para “dialogar”. Otra posible consecuencia del 1-O es la aplicación, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, del artículo 155 de la Constitución que, sin entrar en más detalles, suspendería el gobierno autonómico y sus instituciones, al menos temporalmente, además de un posible encarcelamiento de gobernantes catalanes. Entre ambos polos del conflicto, algunas voces —incluida la propia Generalitat— piden la apertura de un proceso de diálogo a través de una mediación neutral que, entre otros debates, podría poner sobre la mesa la celebración de un referéndum pactado y vinculante, a semejanza de lo ocurrido en Quebec o en Escocia. Sobre esto último, cabe recordar que, tanto en el caso quebequés como en el escocés, el “no” tuvo un respaldo mayoritario, con lo cual no se produjo una ruptura que pudiera servir de referente para analizar una eventual independencia catalana. En síntesis, existe un alto grado de incertidumbre política sobre el rumbo que tomará el conflicto —como se ha visto, las consecuencias mencionadas no son mutuamente excluyentes— por lo que se vislumbra también la misma incertidumbre sobre las consecuencias sociales y económicas de las decisiones que se tomen en los próximos días, semanas y meses.

La educación representa uno de los puntos más sensibles dentro del actual conflicto. En el arreglo institucional del Estado español actual, las comunidades autónomas tienen la competencia de gestión del servicio educativo, que incluye, por ejemplo, la determinación de los contenidos, la regulación de los centros educativos, la evaluación educativa, entre otros aspectos (Artículo 131 del Estatut d’Autonomia de Catalunya). Es decir, si bien existe una normativa del Estado español en materia educativa que aplica a todos los territorios, Cataluña ha gozado desde la transición a la democracia de una relativa autonomía con respecto a qué tipo de educación ofrecer a sus ciudadanos. Así, uno de los pilares del modelo educativo catalán es la llamada “inmersión lingüística”, mediante la cual el catalán se constituye como “lengua vehicular” para la enseñanza en todos los niveles educativos, bajo la premisa de ofrecer igualdad de oportunidades y favorecer la cohesión de una sociedad diversa en orígenes. En este sentido, si bien el catalán es la lengua mayoritaria de la enseñanza, los estudiantes terminan su formación obligatoria con el dominio tanto del catalán como del castellano, como se ha mostrado recurrentemente en diferentes pruebas. A pesar de ello, y de que el modelo goza de un alto nivel de aceptación social y política —lo han apoyado formaciones de diversa índole en el eje izquierda-derecha— en los últimos años se han incrementado las disputas judiciales en torno al tema lingüístico, particularmente promovidas por partidos políticos opositores en Cataluña —sobre todo el extremo unionista en el eje Cataluña-España—, o por el mismo Estado español, en el marco de la aplicación de reformas educativas estatales —como recientemente ha ocurrido con la LOMCE del Partido Popular. Así, para comprender el conflicto actual, es preciso tomar en cuenta el papel que ha jugado el modelo pedagógico de inmersión lingüística, que ha sido utilizado por los opositores a la independencia como una constante arma de ataque político —algunas veces con argumentos tan polémicos como la manipulación ideológica o el adoctrinamiento— pero que ha afianzado entre los partidarios del soberanismo una cultura de la defensa del catalán y de su uso como lengua vehicular. Esta defensa se ha manifestado a través de diversas acciones tanto políticas como sociales, con particular énfasis en los años recientes, como fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, que según muchos analistas inauguraría la fase actual del procés sobiranista.

Por otro lado, a partir de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, en las que las fuerzas independentistas ganaron la mayoría en el Parlament, el gobierno catalán comenzó una serie de acciones de cara a la conformación de las futuras estructuras de Estado. Así, el Departament d’Ensenyament, órgano rector de la educación catalana, encargó la realización de un debate sobre el futuro de la educación en Cataluña, que podría servir para comprender hacia dónde podría avanzar la política educativa, asumiendo que se materialice el nuevo estado. El documento de conclusiones y propuestas del debate, que se aprobó por parte de la Generalitat en julio pasado, se titula “Ara es demà”(ahora es mañana) y contiene de manera sintética las conclusiones en torno a cinco temas: los pilares del sistema educativo, la arquitectura del sistema educativo, el centro educativo, el profesorado, y el alumnado. El primer tema propone que los pilares del sistema educativo deberán ser: equidad, inclusión, plurilingüismo (se aspira a la competencia suficiente tanto en catalán como en castellano), interculturalidad y familias. En el segundo tema, se aspira a un sistema “flexible, dinámico, inclusivo y desburocratizado” y se proponen algunos cambios en lo que hace a las etapas formativas, entre los que destaca la ampliación de la educación obligatoria hasta los 18 años (a diferencia de los 16 años que rigen actualmente en el sistema español), misma que estaría sujeta a un análisis de factibilidad en términos de la normativa en materia laboral y de la disposición de recursos económicos para su implementación. Con respecto al centro educativo, el principal énfasis está puesto en la autonomía de centro, algo que ya se ha trabajado fuertemente a través del “proyecto educativo de centro” (PEC), que ofrece un margen importante en términos de adaptación a las necesidades de la comunidad. La concepción del profesorado en el proyecto educativo refleja algunas de las problemáticas que se identifican con el modelo vigente, y refuerza entre otros puntos la autonomía, la colaboración entre docentes y una revisión profunda de la selección y formación, que incluye esquemas de tutoría y formación permanente. Finalmente, el alumno se concibe como el “protagonista del hecho educativo”, reconociendo que “la singularidad de cada alumno y sus necesidades han de ser los ejes vertebradores de la acción educativa”. Además, llama la atención la aspiración a superar la división tradicional entre materias y horarios, a través de una integración competencial que incorpore diversas metodologías.

Finalmente, es preciso reconocer que el movimiento independentista no es un bloque monolítico, ya que agrupa formaciones políticas de diversa índole. Bajo la suposición de una materialización de la independencia de Cataluña como fruto del 1-O, se esperaría que las fuerzas que relajaron sus aspiraciones políticas y sociales en torno a la constitución de un gobierno independentista de coalición en 2015, volvieran a sus reivindicaciones históricas, por lo que el debate tomará otro tono que el observado recientemente, incluyendo la discusión y aprobación de la nueva arquitectura del sistema educativo. Vale recordar, por ejemplo, que la crisis económica y sus recortes sociales provocó una amplia movilización social en todo el Estado español, que incluyó la defensa de la escuela pública, y que fue dirigida en el ámbito catalán en contra del gobierno de la antigua Convergència i Unió (centro derecha catalanista).

En síntesis, es muy pronto para conocer las consecuencias que el diferendo entre Cataluña y España tendrá para el ámbito educativo. En términos generales, podríamos afirmar que ya existen las estructuras necesarias para que el sistema educativo catalán continuara funcionando bajo cualquiera de los posibles resultados del conflicto. Esto valdría tanto para la enseñanza preuniversitaria como para la universitaria, ya que Cataluña cuenta con una sólida red de universidades públicas que funcionan con un alto grado de autonomía. Sin embargo, entre los efectos previsibles de un periodo de insurrección a partir de una DUI, podríamos ser testigos de un periodo de crisis en la economía catalana, con consecuencias negativas para los servicios sociales, como el educativo. Además, se podría abrir un periodo de impasse de reconocimiento internacional del nuevo Estado que, particularmente en el caso de las universidades, podría perjudicar el reconocimiento de títulos universitarios. Esperemos que al final aparezca la cordura, es decir, el famoso seny catalán.

 

José Navarro Cendejas
Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y catedrático CONACYT.