Mal se encuentra un sistema educativo, una política educativa y una visión social cuando considera que un mérito de la autoridad educativa es despedir a un grupo de profesores porque no se presentaron el día que les correspondía realizar su evaluación llamada de desempeño, que se realiza a través de subir evidencias a un sistema informático, resolver un examen estandarizado y/o realizar una planeación frente a una computadora, en un área que no necesariamente es construida para esta actividad, sino en ocasiones se puede ver en las fotografías que se suben a la red que son espacios reducidos, hacinados de computadoras o grandes galerías en donde se colocaron más de 100 equipos.

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En el primer ejercicio de este tipo, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, declaró que serían despedidos de manera inmediata 291 maestros (Excélsior, 16 de octubre 2015). Declaración en donde no se establece derecho a audiencia, ni el establecimiento de un mecanismo que permita aclarar cuáles fueron las razones por las que no acudieron a realizar tan importante actividad. La Ley Federal del Trabajo, ni la Ley para trabajadores del Estado protege en esta circunstancia a los docentes. Grave es la situación que desconoce derechos, igualmente grave es la situación que lleva a que se festeje socialmente esta decisión.

Esta situación significa que los maestros en México son ciudadanos sin derechos y sin protección jurídica, una situación que los coloca como si no fueran ciudadanos. Se ha creado la imagen de que los maestros están mal formados, pero resulta que quien formó a estos profesionales fue el propio Estado a través de un plan de estudios nacional que se establece para todas las normales, idéntico para las urbanas y rurales.

Ciertamente que la declaración del 16 de octubre la podemos tipificar como un acto de intimidación verbal por parte de la autoridad educativa, de suerte que en la segunda aplicación de la evaluación/medición del desempeño docente, realizada el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, se presentaron más de 46 mil maestros, mientras que 5,444 (Reforma, 16 de noviembre de 2015) no se presentaron. En este caso, la declaración efectuada por el subsecretario de Planeación fue que aunque no se hubiesen presentado al examen los docentes, si habían subido a internet sus evidencias no serían despedidos, pues habría algún elemento para evaluarlos. Reconoció a la vez algunos matices que en el primer momento no fueron reconocidos, como por ejemplo: situaciones de salud, problemas de embarazo y fallas en el sistema eléctrico.

Cabe la pregunta: ¿si la SEP rectificó frente a la postura drástica del 16 de octubre, o la llamada evaluación del desempeño se está aplicando en nuestro país de una manera atrabancada?

Me inclino por lo segundo. La llamada evaluación del desempeño emplea una política del garrote: se despedirá a los maestros. No se valoran una serie de arbitrariedades que en este acto se están realizando; algunas son de carácter técnico y otras de procedimientos (varias de estas arbitrariedades me han sido comunicadas por Facebook).

Entre los problemas técnicos se puede mencionar un examen de conocimientos que no necesariamente evalúa el desempeño, unas guías de examen que no reflejan ni los contenidos, ni la bibliografía del plan de estudios de la escuela normal. Un examen que no da elementos para medir el desempeño de los docentes frente a sus alumnos. Una solicitud de evidencias con un lenguaje poco académico. Subir “evidencias del mejor alumno y del alumno más deficiente”, cuando la psicopedagogía ha mostrado que cada alumno tiene procesos de desarrollo y de conocimiento particulares.

Por otra parte, a mi Facebook me llegaron más de 50 casos de docentes que plantean lo que está pasando. Un profesor claramente dijo que rechazaba ser evaluado, pero todos los demás ofrecieron argumentos dignos de ser pensados. La mayoría manifestó que hay una serie de irregularidades en el manejo de la información y en la convocatoria al examen. Expresaron que no identifican el correo electrónico al que tienen que mandar la información, hay errores en el envío de la CURP, cuando solicitan información los mandan de un lugar a otro, sin que se resuelvan sus dudas con claridad. La diferencia entre la información que les llega a su correo y la entrega de las claves para acceder a internet es notoria; hay profesores que trabajan en escuelas de contextos desfavorecidos que manifiestan no contar con internet de forma habitual, utilizan la expresión “el INEE piensa que nos podemos conectar en cualquier momento”, hay desconfianza en el manejo de sus contraseñas, pues además de ser entregadas de manera tardía, los funcionarios locales tienen acceso a esas claves, es decir, hay desconfianza hacia el sistema de evaluación establecido. Finalmente, la mayoría de profesores que cuentan sus experiencias tienen que realizar traslados de siete a ocho horas de su lugar de trabajo al lugar para la realización del examen/evaluación.

Una profesora que cuenta con maestría y doctorado narró que la notificación para el examen y la subida de evidencias las recibió con tan sólo 24 horas de antelación, que a los profesores de educación física de una entidad federativa los están evaluando con la guía de profesores de primaria, que a docentes que están en puestos directivos, esto es que no tienen grupo, los evalúan como si tuvieran grupo y les piden evidencias de sus alumnos que obviamente no tienen. Plantean que hay un mal trato en los lugares donde tienen que presentar la evaluación; una docente expresó “me tratan como si estuviera en un reclusorio”, que los que “vigilan la aplicación del examen” no tienen información suficiente, ni ofrecen el trato adecuado que merece un profesional de la educación.

Si bien las anteriores son evidencias aleatorias recibidas en una red social, se trata de expresiones de las irregularidades de las que se están quejando los maestros hoy en día. Desde el punto de vista ético y profesional el INEE no puede justificar estas arbitrariedades alegando que la tarea que le asigna la ley es enorme y los tiempos muy cortos. Nadie más que ellos están en condiciones de elevar una solicitud al congreso para que se revise la ley y se adecué a la realidad de la educación mexicana y a las necesidades de evaluar el desempeño de unos profesionales que merecen un trato digno y la realización de un trabajo profesional de evaluación. Un docente afirma “es absurdo que me apliquen nuevamente un examen, cuando hace un año me declararon apto para la docencia”. La ley del garrote en la evaluación mexicana es un acto que degrada la profesión docente y que también degrada a los especialistas en evaluación. Un sistema de evaluación en el que no confían sus maestros es de entrada un sistema ineficiente.

Ángel Díaz Barriga es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.