Desde su incipiente reconocimiento en el artículo 6º constitucional —resultado de la reforma en telecomunicaciones (2013-2014)— los derechos de las audiencias de radiodifusión se han visto estremecidas por una serie de turbulencias legislativas. Entre acciones de inconstitucionalidad y proyectos de dictamen venidos de todos los frentes posibles —el Ejecutivo, el Senado y la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados— académicos, organizaciones y especialistas ya hablan unánimemente de una “contrarreforma” que busca, entre otras cosas, remover facultades conferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular los derechos de las audiencias.

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