agosto 24, 2016

Equidad en el gasto educativo federalizado

Una educación de calidad ayuda a que haya una sociedad más justa con menores niveles de pobreza y desigualdad. Entre mejor estén preparados los trabajadores éstos pueden conseguir salarios mejor remunerados. Desde 1992, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB)1 se ha buscado que la educación de calidad esté al alcance de toda la población. Se estableció a la educación básica como núcleo de toda la educación y al maestro como su protagonista. De forma indirecta, se estaría mejorando la educación media superior y superior porque los alumnos tendrían más y mejores bases para ingresar a niveles de educación más avanzados. Además, se estaría dando recursos preferentemente a aquellos estados con mayores carencias en la educación, así como estimulando mejorar la calidad educativa. En la Constitución se señala que la calidad educativa se mide con el máximo aprovechamiento que tengan los estudiantes.

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No es fácil analizar los dos documentos que recientemente ha presentado el Secretario de Educación Pública, me refiero al Modelo Educativo 2016 y a la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. Su lectura permite identificar que finalmente se presenta –aunque de manera muy tardía– una visión para el futuro de la educación del país. Se puede afirmar en primer término que estamos ante dos documentos que tienen una rigurosa formulación, ideas significativas para impulsar un cambio en la educación y que al mismo tiempo por su extensión, diversidad de temas que contienen y su visión de la educación para el siglo XXI difícilmente se pueden comentar en una primera aproximación y mucho más difícil resultará convertirlos en realidad en el país.

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La Reforma Educativa constituye una transformación profunda del modelo educativo para mejorar la calidad de la educación de México, para que los estudiantes se formen integralmente —tal como señala el Artículo 3º constitucional— y logren los aprendizajes que necesitan para ser exitosos en el siglo XXI.

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La política de participación social forma parte de la propuesta internacional de gestión centrada en la escuela que se sustenta en la idea de otorgar capacidades de decisión a las escuelas. En México, la Ley General de Educación de 1993 crea espacios para este propósito con la creación de los Consejos de Participación Social en estados, municipios y escuelas.

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Una lectura acuciosa de la reforma constitucional y las leyes que enmarcan a la reforma educativa permite desentrañar que los parámetros legales, diseñados desde la misma Constitución, abren el camino para un cambio profundo tanto en el modelo de gestión escolar como en la filosofía pedagógica que dan origen a una nueva forma de entrelazar la enseñanza con el aprendizaje y no sólo se trata de medidas de índole administrativa y laboral.

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