El filósofo francés Michel Foucault señala que el examen en la escuela funciona como un mecanismo de control que en un mismo movimiento, bajo una misma operación, jerarquiza y sanciona el desempeño de los sujetos. Lo entiende como una tecnología de la sociedad disciplinaria que para normalizar utiliza procedimientos de clasificación con efectos de aceptación o rechazo social. En este sentido, y frente al dictamen que hace unas semanas recibieron los aspirantes a ingresar la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este texto se plantea si es vigente la descripción “foucaultiana” para el procedimiento que sigue la llamada máxima casa de estudios para la selección de su alumnado.

Nos preguntamos si dicho examen de ingreso que se traduce en un puntaje —en una medida— tiene por objetivo castigar  o premiar el desempeño académico de los individuos, o más bien, es posible entenderlo más allá de la singularidad de los aspirantes en tanto instrumento biopolítico que tiene por tarea la distribución de los sujetos al interior del campo social (en este caso la universidad). El poder del número en educación tiene una larga historia. Situaremos su antecedente más cercano: la invención del test para medir la inteligencia creado por los franceses Alfred Binet y Theodore Simon a principios del siglo pasado. La escala clasifica el desarrollo mental de un niño respecto a la media de otros niños de la misma edad. El promedio de las ejecuciones es el eje de validación de la prueba; funciona como medida legitimadora de normalidad; sus resultados permiten otorgarle al sujeto un acomodo jerárquico al interior de un campo de medición destinado a diferenciarlo y a ofrecerle —para cada categoría asignada— la graduación exacta de su capacidad. La clasificación que se le hace al sujeto es resultado de las respuestas de los otros. El poder del promedio es la escala estándar desde la que se califican los resultados individuales. Al examen estandarizado le asiste un doble operación que se articula mediante la desaparición del sujeto individual —para medirlo contra el grupo de sus pares— pero que paradójicamente dirige sus efectos y finalidades en el señalamiento a su singularidad. En ello cifra su poder. Este principio de calificación es parte de la lógica que sigue el concurso de ingreso a la universidad nacional.

En la página oficial de la Dirección General de Administración Educativa (DGAE), la UNAM publica la información anual respecto al número de estudiantes que presentan el examen, así como los lugares disponibles —oferta— en relación al número de aspirantes —demanda—, y los puntajes alcanzados por los sustentantes. Aunque la información allí vertida nos ofrece material para una docena de artículos, en este espacio se hará solamente un comentario respecto a la naturaleza del procedimiento de admisión.

En dicho portal se puede leer que el filtro de selección tiene dos elementos constitutivos: la relación de oferta-demanda y los aciertos de los sustentantes. La UNAM, a través de la DGAE señala textualmente: “La Universidad no pide un número de aciertos mínimos para ingresar a cada carrera, lo rige la demanda de ingreso y el cupo en cada entidad académica, pero sobre todo, la preparación de quienes presentan el examen año con año. Recuerda que a mayor número de aciertos, mayor posibilidad de obtener un lugar en la carrera de tu preferencia”. De esta forma, la mecánica de selección se establece en razón del principio regulador de la oferta y la demanda. Si se ofrecen veinte lugares, entonces se eligen a los primeros veinte alumnos que alcanzan los puntajes más altos. El número de espacios disponibles lo establece la universidad y los aciertos (o puntos) es la medida del rendimiento de los estudiantes. En términos económicos, la ecuación queda así: la institución establece la oferta, los aspirantes la demanda, y los resultados son los valores de aceptación que entran en competencia. La racionalidad económica es el eje organizador del procedimiento.

Habría que señalar que la enorme mayoría de los estudiantes desconocen todos los elementos en juego al momento de presentar la prueba, los alumnos no saben cuántos lugares se ofertan, ni cuántos contendientes se enfrentan. El grado de incertidumbre es alto. En este sentido, y desde el campo pedagógico cabría recordar que los principios de toda examinación exigen claridad en las características de valoración como condición de validez de la prueba. Por otra parte, se observa que las entidades académicas (quienes determinan el número de aspirantes aceptados) hacen drásticas variaciones de un año a otro. Las siguientes tablas condensan las cifras oficiales de los últimos tres años respecto a tres carreras del área de humanidades pertenecientes al sistema escolarizado:



En las anteriores tablas se observa que el número de aspirantes permanece más o menos estable en tanto es un factor previsible en tendencia, al menos a nivel demográfico y de egreso de educación básica. Lo que sufre fuertes variaciones, como en toda economía de mercado, es la oferta (el número de lugares disponibles). No obstante, pese a que la malla filtro se cierra de manera abrupta, paradójicamente la selección de los más altos puntajes no sufre alteraciones importantes, sus variaciones son mínimas. Se reciben menos pero del mismo perfil. En estricto sentido se quedan los mismos pero en menor cantidad. Es un mecanismo de selección que filtra de acuerdo a la capacidad numérica de la institución y no a la capacidad intelectual del aspirante. El examen de admisión tiene poco de pedagógico en tanto el rendimiento de los aspirantes juega un papel secundario.

Además, el examen de admisión a la universidad es heredero de las escalas de medición de aptitudes. De ello, es posible observar que en su aplicación y uso técnico cuenta con el estatuto de validez y confiabilidad propios a las pruebas objetivas tipo test. No obstante, en su utilización social el procedimiento de admisión no se organiza desde la medición pedagógica que en este caso tendría que verificar los conocimientos y las habilidades intelectuales que el aspirante posee y que le serán necesarios para ingresar al sistema de educación superior. Contrariamente, se observa que la malla filtro del examen se cierra o se abre de acuerdo políticas de crecimiento o contención de una determinada carrera. En este sentido, parece ser que admitir o rechazar mediante el mecanismo del examen es una práctica cambiante a una temporalidad determinada en tanto obedece a los límites asignados por una política específica. A través de este mecanismo se procesan decisiones de interés gubernamental para administrar la vida de las poblaciones. En suma, el examen es un mecanismo de utilidad política y no de pertinencia pedagógica.

En este contexto también se puede situar la polémica que ha desatado la iniciativa del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para —en caso de obtener la presidencia— eludir el examen de admisión a las universidades públicas. Pensar en su desaparición exhibe con mayor nitidez su función política. Abrir la malla del examen, de tal forma que ingresen todos, tendría por utilidad hacer transitar los flujos poblacionales con fines de gobierno. En esta propuesta los términos económicos de productividad, calidad, rendimiento ceden su lugar a criterios demagógicos de justicia social, cobertura y equidad. En este debate se debe tener presente a Foucault, cuando nos recuerda que la función social del examen tiene finalidades de regulación y control social en tanto su gestión permite administrar, a conveniencia, la entrada y salida de los sujetos en los diferentes niveles del sistema escolar. Regular los flujos y desplazamientos de los sujetos es una estrategia biopolítica desde la cual se organizan las sociedades actuales.

De lo anterior, es posible situar el tema del examen de admisión a la universidad al menos desde dos diferentes registros de discusión. Por una parte, podemos pensarlo a partir de su idoneidad pedagógica, lo que nos conduce a un debate predominantemente educativo donde confluyen argumentos de diseño técnico, de pertinencia didáctica y de reflexiones de índole social sobre la universidad que deseamos. Por otra parte, es posible situarlo dentro de necesidades políticas inmersas en lógicas de la administración económica en turno. En la primera opción, el alumno es el centro de la intervención educativa con miras al aporte social en general. En la segunda, es la población el objetivo del mecanismo en un claro afán de administración y regulación de la sociedad en su conjunto. Quizá, del tipo de análisis que predomine nos permita avizorar con mayor nitidez los elementos que configuran la educación de nuestros tiempos.

 

Irma Villalpando
Profesora en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma de México.