Aunque la educación no es el principal tema de esta elección —ya que la corrupción y la inseguridad pública son asuntos más controversiales— la reforma educativa aún crispa los ánimos. Como la controversia que el video de Mexicanos Primero suscitó recientemente, tras mostrar a niños que parodian a los candidatos presidenciales, y que piden elegir al “que apoye la transformación educativa”, la reforma educativa aún polariza: mientras Meade, Anaya y Zavala respaldaron el contenido de este video, López Obrador cuestionó su ética.

Y aunque para conocer las posturas de los aspirantes en materia educativa habrá que esperar hasta el 12 de junio, fecha en la que este tema se discutirá en el tercer debate del Instituto Nacional Electoral (INE), lo visto hasta ahora deja entrever la dirección de la discusión pública en las próximas semanas. En especial, de los ejes que marcarán el segundo diálogo que la organización de la sociedad civil 10 por la Educación ha programado con los candidatos el 8 de mayo, tras un primer encuentro con algunos de ellos hace unos meses.

¿Cuál será el devenir de la reforma educativa? Si examinamos las plataformas electorales de los punteros, el análisis arroja, grosso modo, dos posturas. Por un lado, hay quienes le apuestan a la continuidad, ya sea porque asumen que la reforma es buena y debe seguir como está, como José Antonio Meade de la coalición “Todos por México”, o quienes, aunque la apoyan, reprueban su implementación, como Ricardo Anaya de la coalición “Por México al Frente”. Por otro lado, hay quienes cuestionan aspectos nodales de la reforma, como Andrés Manuel López Obrador de la coalición “Juntos Haremos Historia”, quien critica indirectamente la evaluación docente y la labor del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dentro de su propuesta de gratuidad de la educación y becas para universitarios.

¿Qué tan adecuada es la anterior caracterización? Vayamos por partes. Meade es el candidato de la continuidad. A pesar de impulsar un cambio discursivo que renombra la “educación de calidad” por “educación de excelencia”, lo que propone no trastoca la reforma. Por el contrario, su oferta profundiza las políticas existentes, como el aumento de Escuelas de tiempo completo y el énfasis en la cultura y el arte. Y, aunque nuevas, propuestas como los créditos a jóvenes emprendedores y una red nacional de guarderías con preescolar no se contraponen a la reforma educativa.

El caso de Anaya es más complejo. A primera vista, sus propuestas privilegian la continuidad, ya que advierte que impulsará una “reforma educativa a fondo” para colocar “a los estudiantes al centro de la política educativa” —que ya no la escuela— como la actual administración. Y si bien esto avizora un panorama de continuidad, Anaya contempla un cambio radical para la implementación de la reforma: “fortalecer la libertad y democracia sindicales, y las instancias de defensa de justicia laboral”, y “desmantelar el sindicalismo corporativo adscrito a partidos políticos, gobiernos y a grupos de interés contrarios a los intereses de la sociedad” (punto 13). Si esto cierto, la continuidad que Anaya ofrece no puede equipararse con la de Meade.

Dada la inadecuada representación del magisterio mediante líderes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes han podido darse el lujo de no articular las demandas de los maestros, el potencial disruptivo de este cambio es mayúsculo. No sólo porque conlleva la posibilidad de que el magisterio cuente con líderes que velen por los intereses de sus bases, sino porque rompe el pacto que mantiene en la cúpula del SNTE a líderes a modo: como Juan Díaz de la Torre, quien está en libertad, a pesar de presuntamente participar en el esquema de lavado de dinero al que Gordillo se le acusó. Por lo anterior, este cambio abre la posibilidad de que el magisterio exprese institucionalmente sus demandas: no mediante marchas y huelgas como a las que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) —grupo disdidente del SNTE— recurre para mostrar su frustración ante líderes “charros” que se someten a las autoridades y que, en su ánimo de hacerse escuchar, dejan a millones de niños sin clases y pactan acuerdos que rayan en la ilegalidad con las propias autoridades.

Si bien antes de votar es preciso reconocer que la reforma educativa tiene problemas, es menester no olvidar que antes de 2012 estábamos ante un escenario en el que el poderío del SNTE parecía avasallador. Dicho lo anterior, conviene recordar que la reforma educativa, en su afán de desmantelar el sistema de lealtad sindical, también puso en entredicho la estabilidad laboral del magisterio, ya que la reforma mandató a los docentes a evaluarse cada cuatro años.

De ahí que propuestas como las de López Obrador, quien ha prometido “cancelar la mal llamada reforma educativa”, en realidad sean guiños destinados a capitalizar el descontento magisterial que atisban un revés para la reforma. ¿Estamos hablando de una cancelación total o de una modificación a la legislación que norma el Servicio Profesional Docente (SPD) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)? Dado que el candidato de Morena contempla en su programa “erradicar el sistema de evaluación educativa con fines punitivos y laborales (p. 6)” y “una transformación radical” del INEE (p.7), aspectos sobre los que ningún otro candidato se ha pronunciado explíctamente, conviene escudriñar las posturas de todos los candidatos en estos rubros.

¿En dónde están parados los candidatos presidenciales? Hasta el momento, es difícil precisarlo: hay más interrogantes que respuestas. Si Anaya elimina el corporativismo y fortalece la libertad y democracia sindicales, su postura inaugurará una etapa políticamente explosiva que, aunque los líderes sindicales rechazarán, también le permitirá distinguirse de Meade. De lo contrario, con distintos matices, ambos serán candidatos de la continuidad. En cambio, las propuestas de López Obrador conllevan el riesgo de dar marcha atrás a la reforma, ya sea porque su instrumentación podría frenarse de facto o porque podrían inaugurar negociaciones en el Congreso para limitar su alcance de jure.

Ante este escenario, los ciudadanos deberíamos pensar nuestro voto de manera estratégica, especialmente de cara a un posible cierre de elección entre un candidato con una amplia ventaja, como López Obrador, y dos contendientes, como Anaya y Meade, que compiten por consolidarse como el adalid que le hará frente al quien hasta ahora les lleva más de veinte puntos porcentuales.

Dado que, en 2006, López Obrador perdió frente a Felipe Calderón por menos de un punto porcentual, tras una supuesta alianza entre Elba Esther Gordillo y el entonces panista, guiños como los que el candidato de Morena ha hecho al magisterio no son ingenuos. De igual forma, el que la educación no sea un asunto estelar en esta elección tampoco es casualidad: ni a Anaya ni a Meade les conviene atizar el descontento magisterial y perder el voto de un gremio que aglutina a casi dos millones de trabajadores en el SNTE.

Si a usted le interesa la educación, forma parte del porcentaje de indecisos de las encuestas que aún no sabe por quién votará, manténgase al tanto del diálogo que la organización civil 10 por la Educación realizará el 8 de mayo, y del tercer debate presidencial del INE el próximo 12 de junio.

 

Javier Rojas
Profesor-investigador del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).