Uno de los temas que con el paso de los años ha ganado y ganará mayor trascendencia es el de los organismos constitucionales autónomos (OCAs) y su papel dentro del control democrático en el Estado mexicano. Indudablemente, la irrupción a partir de 1993 de esta novedosa figura ha supuesto un decremento en la cantidad de facultades ejercidas por el poder ejecutivo en razón de que las tareas desempeñadas hoy por los OCAs eran llevadas a cabo originariamente por el presidente de la República. No obstante, puede observarse que con este nuevo esquema institucional ya se considera la existencia de estos entes públicos que no se encuentran adscritos ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, ni al poder judicial y que incluso se señala que tienen una paridad de rango respecto de los otros poderes, lo que ha redundado en un fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos del gobierno mexicano con aquello que podría considerarse un cuarto poder.

Vale la pena recordar que el sistema presidencialista tuvo durante los últimos años del siglo pasado un claro desgaste que llevó a que en los años ochenta se presentara un fenómeno descentralizador del poder en razón de dos grandes conceptos, que en buena parte del mundo occidental tomaron fuerza: la democracia y la liberalización económica.

Ilustación: Gonzalo Tassier

Factores externos y también internos generaron la necesidad de que el presidente de la República se desprendiera de algunas facultades que —se empezó a considerar— debían ejercerse con criterios estrictamente técnicos, alejándose de cualquier sesgo político que afectara negativamente la toma de decisiones y que les restara eficacia y trascendencia más allá del proyecto político que las implementara. De igual manera, fenómenos como el de la desconcentración y la descentralización administrativas fungieron como figuras que se utilizaron para tratar de darle un sentido mayormente técnico al quehacer cotidiano del gobierno. A pesar de ello, se tuvo que tanto los órganos desconcentrados como los organismos públicos descentralizados formaran parte del poder ejecutivo, tratándose de entes subordinados al presidente de la República y por tanto sujetos a los sesgos políticos que invariablemente tendrían como resultado de esta realidad.

Es así que, actualmente, dentro de la estructura institucional del poder público mexicano se cuenta con entes públicos encargados de desempeñar tareas muy específicas y especializadas que deben ejecutar con criterios estrictamente técnicos y de oportunidad, pero que al no encontrarse adscritos a los poderes tradicionales se constituyen como la máxima autoridad en ese tema específico no por virtud de lo señalado por la legislación secundaria, sino gracias a encontrarse establecidos y configurados directamente en el instrumento normativo más importante de este país: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de lo anterior, se tiene que el banderazo inicial fue dado en 1993 por el Banco de México (Banxico) como el OCA encargado de la política monetaria,  para en 1996 dar paso al nacimiento del entonces Instituto Federal Electoral —hoy Instituto Nacional Electoral (INE)— como OCA encargado de la organización de procesos electorales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 1999 como OCA encargado de la protección y promoción de los derechos humanos, todos ellos en la última década del siglo pasado. Ya iniciado el nuevo siglo se dotó en 2008 de autonomía al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que se encarga de brindar datos estadísticos y geográficos del Estado mexicano.

Durante la administración del presidente Peña Nieto, la figura del OCA cobró una nueva dimensión al crearse como resultado del “Pacto por México” seis nuevos entes dentro de esta categoría. Las reformas estructurales realizadas apenas en los primeros días del gobierno actual, trajeron una serie de cambios de gran calado que tendrían evidentemente su repercusión en la reingeniería del gobierno, teniendo en algunos casos como resultado la creación de estos nuevos OCAs.

Así, la autonomía constitucional cobró mayor notoriedad con el nacimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en febrero de 2013; la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en junio de 2013; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en febrero de 2014 y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y la Fiscalía General también en febrero de 2014. A pesar de lo anterior, es de destacarse que tanto el CONEVAL como la Fiscalía General de la República no han logrado su perfeccionamiento y por causas como la falta de su ley orgánica respectiva o la designación de los integrantes de sus órganos de gobierno, aún funcionan tal y como se conocen.

Lo anterior se tradujo en que el Estado mexicano vio robustecidas sus funciones evaluadoras y reguladoras a partir de que se le dio preponderancia a lo técnico por encima de lo político, esto en espacios del servicio público que precisan de ello para coadyuvar junto con los otros poderes en la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Resulta por demás positivo que en los últimos días el equipo de transición del candidato ganador de las elecciones el pasado 1º de julio haya declarado que, si bien se harán cambios profundos a las reformas emprendidas por su predecesor, en lo referente a la reforma educativa esta derogación conservará lo relativo a la evaluación.

Sin duda, en las sociedades actuales la función evaluadora de los estados resulta de vital importancia en aras de lograr un mejoramiento constante de la prestación del servicio que se trate. Por dicha razón, la elevación de la calidad de la educación a partir de evaluaciones que brinden elementos técnicos, objetivos e idóneos para la toma de decisiones fundamentales se vuelve indispensable.

Dado que la evaluación seguirá siendo un pilar del sector educativo, resulta necesario fortalecer, mejorar y finalmente consolidar decididamente al INEE como aquel organismo autónomo frente al cual las demás autoridades deberían tener la deferencia técnica de la que habla el jurista Stephen Breyer. Ello como resultado de que primordialmente cuenta con una facultad originaria en razón de su establecimiento en la Ley Fundamental y en que esa facultad se le ha dado por virtud de su especialización.

Así se tiene que, a partir de la evaluación educativa, se busca mejorar la capacitación docente que junto con el modelo educativo y los avances en lo relativo a la infraestructura física necesaria traerán un progreso sustancial en la calidad de la educación. Sin duda, una autoridad con las garantías institucionales que brinda la autonomía constitucional puede ser lo suficientemente fuerte para establecer lazos de coordinación tanto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) como con las autoridades educativas en las entidades federativas, así como también con los otros poderes de la Unión.

A pesar de lo anterior, debe tomarse en cuenta que para lograr esa consolidación tanto el INEE como todos los demás OCAs —principalmente los de reciente creación— deben propugnar por hacer valer de manera efectiva esa autonomía constitucional y guiar su actuar por criterios única y exclusivamente técnicos que doten a los resultados de su trabajo de la confiabilidad y validez por las que la Constitución buscó darles dicha naturaleza jurídica. Igualmente, la mejora en sus procesos y en sus esquemas de rendición de cuentas ayudarán a brindarles la legitimidad  para que su trabajo sea conocido y reconocido o, incluso cuestionado, por la sociedad para la cual trabajan.

Si bien, reformas como la educativa tienen amplios márgenes de mejora, la irrupción de entes públicos técnicos no sujetos a los vaivenes de la política es una buena noticia para un país en que los resultados en muchos rubros no corresponden a la posición que se tiene en el mundo; en el caso de la educación, ha quedado claro que la toma de decisiones a partir de coyunturas políticas ha arrojado resultados que no son los idóneos, obstaculizando así el desarrollo que todos esperamos y que definitivamente merecemos.

 

Marco Antonio Zeind Chávez
Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y socio de la firma de abogados Zeind & Zeind.