Alexis llevaba más de seis meses interno en la Comunidad de Desarrollo para Adolescentes (CDA) sin lograr aprender el alfabeto. Contrario a lo que le repetían los pedagogos de la Comunidad, no le parecía que la escuela fuera para “superarse”, sino una experiencia frustrante. Alexis tenía un ligero retraso mental, que le diagnosticaron desde su llegada a la CDA, consecuencia de un golpe en la cabeza que recibió de pequeño. La CDA es uno de los seis centros de detención para adolescentes en conflicto con la ley de la Ciudad de México, también conocidas como Comunidades de Tratamiento Especializado para Adolescentes. Forman parte del sistema penitenciario capitalino y su responsabilidad es ejecutar las medidas de sanción y facilitar la reintegración social de adolescentes que cometen algún delito. Entre las piezas para lograr esta reintegración, la educación ocupa un lugar central, su potencial en prevenir la reincidencia ha sido ampliamente documentado desde las narraciones de Makarenko en la Unión Soviética posrevolucionaria hasta evaluaciones de impacto recientes de intervenciones educativas con jóvenes en riesgo. No obstante, si bien la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes de 2016 reconoce este potencial y establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es corresponsable de la educación de los adolescentes detenidos, en la práctica esta responsabilidad recae completamente en el sistema penitenciario y en las familias. La SEP ni siquiera supervisa las condiciones de infraestructura escolar o la enseñanza en los centros de internamiento. En otras palabras, pareciera que la línea de la SEP ha sido tratar a estos adolescentes como si fueran estudiantes de escuelas privadas.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

Alexis fue detenido a los 14 años. Al igual que muchos de los que llegan a las Comunidades, había dejado la escuela varios años antes. La mayor parte de quienes son detenidos, no han concluido su educación básica. Muchos inclusive no han terminado la primaria. El analfabetismo es frecuente aún entre jóvenes que cuentan con certificados de primaria y secundaria. El bajo nivel educativo de estos adolescentes está relacionado con el pobre nivel socioeconómico de sus hogares de origen  —la mayoría vienen de comunidades de un alto grado de marginación— así como con el bajo nivel educativo de los padres y con su incorporación temprana al mercado laboral. En buena parte de estos casos, el abandono escolar está relacionado con el consumo de sustancias (que en ciertos casos, inicia durante la primaria), la falta de supervisión parental y la presencia de trastornos psiquiátricos. Ante este escenario, el reto que tienen los centros de detención es compensar esos años de abandono escolar y social para que los adolescentes internos retomen sus estudios. Para enfrentar esto, la estrategia que han adoptado ha sido enfocarse en que pasen los exámenes de distintos programas de educación a distancia para que certifiquen la primaria, secundaria y preparatoria. En la práctica esto consiste en que los pedagogos de los centros de internamiento den asesorías y resuelvan las dudas de los adolescentes sobre las guías de estudio para los exámenes. Con esta estrategia, en 2016, menos del 5% logró terminar la educación media superior. ¿Qué explica estos resultados? La falta de una atención que tome en cuenta las necesidades especiales de esta población.

Para que Alexis certificara la primaria, tuvo que pasar todos los exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Más allá de seguir las guías de estudio del INEA, esto implicó que iniciara un trabajo de rehabilitación cognoscitiva y que se le hicieran adaptaciones para el aprendizaje —entre ellas, un método para aprender el alfabeto mediante el tacto— con apoyo de una egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Sin duda esto excedió los alcances de la estrategia pedagógica del MEVyT, así como de la atención habitual que ofrecen las Comunidades, es decir las tutorías de los pedagogos para preparar los exámenes. El caso de Alexis no es aislado. En otro de los seis centros de detención, la Comunidad Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, Edgar terminó la secundaria con promedio de ocho y estaba muy motivado para seguir estudiando la preparatoria en línea con el sistema del Tec de Monterrey, por lo que se le facilitaron tutorías especiales para que preparara el examen de admisión. Edgar no pasó. Frustrado, tomó la decisión de cancelar todas las actividades que no tuvieran que ver con prepararse para la segunda ronda de admisiones y dedicar todo su día a estudiar. Entre tanto, se le aplicaron pruebas diagnósticas que apuntaron a que Edgar tenía un daño orgánico en las zonas del cerebro encargadas de la memoria, posiblemente asociado al consumo intensivo de solventes que llevó durante años. Lo anterior era consistente con ciertos problemas de aprendizaje que sus tutores habían identificado,como el hecho de que se le olvidara el alfabeto. Edgar logró pasar el examen, pero eso solo puso de frente nuevos problemas: el sistema del Tec no está diseñado para alguien como él.

Si bien muchos no requieren de una atención como la de Alexis y Edgar, el rezago y la falta de habilidades clave para el estudio, como la autoregulación y disciplina, son constantes en estos adolescentes. Además, todos ellos deben lidiar con los altos niveles de estrés que produce el encierro. Esto se suma al hecho de que un número importante presenta deterioro de funciones cerebrales por el consumo de sustancias. Otras situaciones comunes son el bajo desarrollo cognoscitivo que presentan varios de estos jóvenes —debido al limitado número de años que recibieron educación— el pobre desarrollo infantil temprano o el hecho de que experimentaron violencia a edades muy tempranas, por lo tanto sufren de estrés tóxico desde sus primeros años de vida. Igualmente entra en juego la dimensión psiquiátrica: un porcentaje considerable suele estar medicado el tiempo que pasa interno en los centros. De quienes se encontraban internos a finales del 2016, cerca de la mitad presentaban algún tipo de trastorno psiquiátrico y más de dos terceras partes tenían un trastorno adictivo. Es claro que estos adolescentes presentan condiciones de aprendizaje muy particulares. De ahí la necesidad de repensar la pertinencia de los contenidos y estrategia de los programas de educación a distancia que, de entrada, no fueron diseñados para ellos. Más aún, la propuesta educativa del sistema penitenciario no solo se queda corta, sino que parece un mero paliativo para cumplir con un mandato inalcanzable desde una sola área de gobierno. Aprender, para muchos de los adolescentes que llegan a las Comunidades, requiere de un trabajo multidisciplinario. Este es un trabajo tan especializado como costoso que, con el presupuesto y la coordinación interinstitucional actuales, no va a suceder. 

Sin lugar a dudas, es importante asegurar que los adolescentes en conflicto con la ley reciban la atención que requieren. Es su derecho. Contrario a lo que muchos piensan —incluidos servidores públicos del sector educativo— el hecho de que estén internos no restringe su derecho a la educación. Ahora bien, cabe reflexionar sobre el papel que puede tener la educación en reducir la probabilidad de que estos adolescentes reincidan. Experiencias recientes en otros países son alentadoras. Por ejemplo, hay evidencia sólida de que intervenciones educativas diseñadas ex profeso combinadas con terapias para el desarrollo de habilidades socioemocionales, pueden ayudar tanto a mejorar los resultados académicos como a reducir las conductas violentas y de riesgo.

De igual forma, la reflexión sobre el lugar de la educación en los centros de detención implica pensar en contenidos curriculares que ayuden a cambiar las ideas de estos adolescentes sobre las conductas antisociales que han incorporado a sus rutinas. ¿Cómo la educación puede contribuir a que deje de parecer normal robar una gasolinera para comprar una pantalla? También cabe reconocer el papel de la educación en aumentar las posibilidades de estos adolescentes para conseguir un trabajo “por la derecha”, es decir fuera de las actividades delictivas en las que han empezado a involucrarse. En estas condiciones, si el enfoque de derechos no es suficientemente convincente para preocuparse por que estos adolescentes reciban la atención que requieren, tendría que serlo el de la prevención del delito y la violencia.

Nuestro próximo presidente ha establecido como una de sus prioridades la incorporación de los jóvenes al mercado la laboral y al sistema educativo, mediante un programa con un presupuesto estimado de 108 mil millones de pesos. Esta iniciativa contempla varios ejes de acción, pero ninguno aborda específicamente la situación de quienes se encuentran en riesgo o que ya han cometido algún delito —a lo más considera estrategias de prevención primaria como la formación de promotores culturales, deportivos y de la salud. La agenda del próximo gobierno también plantea líneas de acción en materia penitenciaria, entre las cuales destaca la creación de un patronato que tendría como misión motivar a las empresas a destinar un porcentaje de sus vacantes a personas liberadas. Sin embargo, no queda claro si esta iniciativa será extensiva al sistema de justicia para adolescentes. Hasta ahora, ningún documento o integrante del equipo de Andrés Manuel López Obrador ha hecho mención de los adolescentes en conflicto con la ley. Sería un grave error que, una vez más, se omitiera la complejidad y el costo que conlleva la reintegración de estos jóvenes, cuyas problemáticas no son ajenas a otros que aún no han llegado al sistema de justicia. Sería igualmente grave que el nuevo gobierno diera al sistema penitenciario el lugar que ha tenido históricamente: el de tapadera de todo aquello que la sociedad no quiere voltear a ver.

 

Elisa Lavore
Consultora en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo.