Cuando en un país se intenta realizar una reforma educativa, invariablemente se aprecia la importancia del diálogo, el debate y el logro de ciertos consensos básicos entre los principales actores involucrados. En el caso de la reforma educativa mexicana en curso,  no ha sido así.  Ello no se explica por el  añejo verticalismo, ni por el designio maléfico de un puñado de personajes políticos, sino que nos remite a las condiciones en las que esta reforma inició y en las que se ha desenvuelto hasta la fecha.

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Se ha debatido si estamos o no ante una verdadera reforma educativa; voces críticas han señalado que se trata mas bien de una reforma laboral o, en todo caso, administrativa. De cualquier forma, es innegable que ha introducido cambios importantes en el ámbito educativo. A ello agrego, que como proceso ha sido también y sobre todo, una reforma de índole política. Es, a mi juicio, esta característica de su etapa inicial, la que marca todo el proceso y nos ayuda a entender, hacia el futuro, sus alcances y limitaciones.

Recordemos que en el punto de arranque se encuentra la decisión del Ejecutivo federal de descabezar a la  dirigencia del SNTE mediante el proceso judicial y el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. Era sabido que las autoridades  también  tenían  preparados, para otros miembros de la dirigencia, gruesos expedientes sobre probables ilícitos. La neutralización del SNTE fue un prerrequisito para dar viabilidad a los cambios jurídicos que fueron el verdadero corazón de la primera etapa de la reforma.

El tiempo era muy poco y en el marco del Pacto por México, articulado entre las dirigencias de los tres grandes partidos políticos, se logró imponer un viraje radical en la condición de los maestros. Al aprobarse las modificaciones al artículo tercero constitucional, los maestros dejaron de estar regidos por la protectora legislación de los  trabajadores al servicio del Estado, para convertirse en integrantes de  un grupo especial: el del servicio profesional docente.

Poco a poco vamos conociendo más sobre la identidad, la pertenencia, los pesos relativos y la actuación de los protagonistas que integraron las “mesas” en las cuales se fueron definiendo las modificaciones al marco jurídico;  el del artículo tercero y  sus derivaciones, su ley reglamentaria, la que dio lugar al nuevo INEE y la Ley del Servicio Profesional Docente. Aspectos sustantivos provinieron y se cocinaron en Presidencia pero intervinieron también, de manera directa, funcionarios de Gobernación y en menor medida de la SEP. Además no habría que subvalorar la importancia del trabajo propiamente legislativo. De hecho, el actor –del que hasta hace poco se pensaba que sin su aceptación nada se podría lograr– el otrora poderosísimo SNTE,  tuvo una participación marginal en la discusión de la Ley del Servicio Profesional Docente.

Los cambios jurídicos llevaron consigo una delicada operación política y el nuevo marco en el que se desarrollará el trabajo docente pone en el centro de éste la evaluación, estableciendo un nuevo disciplinamiento para el magisterio, disciplinamiento del cual, el sindicato queda excluido.

Se abre así una segunda etapa de la reforma la cual se acompaña con un relevo en la SEP que pasa a estar a cargo de un funcionario que, desde la Presidencia, ya había participado en la hechura de la reforma: Aurelio Nuño. Si ponemos atención en su mapa de ruta, mismo que hizo público como editorialista invitado en un diario de circulación nacional, veremos que hacia el futuro plantea objetivos más claramente educativos: gestión escolar, nuevo modelo educativo e incluso una “nueva escuela mexicana”. Las condiciones que dan viabilidad a esta segunda etapa son distintas e incluso opuestas a las de la primera. Si,  como vimos, en su arranque la reforma requería y consiguió,   como aliados y operadores, a actores provenientes del ámbito político, hacia el futuro la ausencia de actores internos del sistema educativo se torna problemática.

El discurso desde la SEP pregona que “el centro de la reforma es la escuela” –como apenas lo propuso este lunes en un segundo artículo publicado en otro diario nacional el secretario Nuño–; dicha frase parece querer dar un cierto grado de credibilidad al planteamiento donde se vuelva indispensable, aunque sea mínimamente, la participación de maestros, directores de escuela, supervisores e investigadores educativos.

El SNTE, otros sindicatos estatales y grupos que gravitan en la Coordinadora poseen puntos de vista y propuestas en torno a temas tales como el currículo, los planes y programas y la gestión escolar. Menos visible es la presencia de grupos de maestros que en la sombra han trabajado con criterios más profesionales que sindicales. Pero hemos de admitir que en general, la capacidad de propuesta que surge del ámbito del magisterio mexicano no es demasiado robusta. Para explicarlo habría que considerar que décadas de disciplinamiento corporativo han producido un gran vacío; son pocos los maestros que poseen una identidad profesional suficientemente fuerte y desarrollada. El aprisonamiento al que los sometieron los ordenamientos burocráticos de las autoridades y del sindicato lo han impedido.

El secretario Nuño, en su hoja de ruta, se refiere a la importancia de la participación de los padres de familia. Esto resulta extraño cuando la SEP no ha mostrado un apoyo más decidido al trabajo que se desarrolla desde el Consejo Nacional de Participación Social (CONAPASE) para que pueda llevar adelante sus proyectos .

La autoridad educativa puede, porque está dentro las competencias que le confiere la ley, modificar reglamentos, cambiar planes y programas, flexibilizar calendarios. Pero lo que no se ve es cómo puede “hacer de la escuela el corazón de la reforma” con maestros que se sienten amenazados, organizaciones docentes que en la sumisión o en la rebeldía tienen como horizonte su sobrevivencia y padres de familia ignorados. Esta segunda etapa de la reforma se hace por tanto muy dependiente de un apoyo difuso de núcleos de la ciudadanía que han bebido el elixir del binomio evaluación-calidad educativa, del apoyo de organismos internacionales y en especial de la OCDE y de unas cuantas y selectas organizaciones de la sociedad civil  la principal de ellas: Mexicanos Primero.

A mi juicio, importantes como son los apoyos a los que acabo de hacer referencia, no son suficientes y lo que es más preocupante, no se observa una acción gubernamental vigorosa tendiente a crear condiciones medianamente favorables para establecer un diálogo real con los agentes que conocen de primera mano lo que acontece en las escuelas.

Aurora Loyo es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.