Los difíciles retos que México enfrenta en educación superior ya han sido abordados con anterioridad en este mismo espacio y por igual se han analizado algunas de las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la materia. Su programa de trabajo en educación, plasmado en el texto “Proyecto de Nación 2018-2024,” toma como referencia el principio de inclusión en educación —educación para todos— la cual se vuelve fundamental ante la baja matrícula en educación superior del país (solo tres de cada diez jóvenes mexicanos lograr estudiar una carrera universitaria). En días recientes, representantes de MORENA y del PAN pusieron a discusión en la Cámara del Senado la propuesta de amparar en el artículo tercero de la Constitución la obligatoriedad de la educación superior. Con ello en mente, a continuación, presento algunas consideraciones sobre el contenido normativo de un derecho a la educación superior con la finalidad de ponderar sus alcances y limitaciones.

El artículo tercero de la Constitución mexicana garantiza, entre otras cosas, el acceso gratuito e irrestricto a la educación en los niveles básico (preescolar, primaria y secundaria) y media superior bajo el amparo del Estado. Respecto a la educación superior, el artículo establece que el Estado se dedicará a la promoción y atención de este nivel, al mismo tiempo que garantiza la autonomía de las instituciones universitarias públicas. El artículo no incluye una garantía de acceso al nivel superior y no hay mención concreta de su carácter gratuito. La iniciativa del gobierno electo parece ir en este sentido, garantizar desde la constitución la accesibilidad y gratuidad.

Ilustración: Patricio Betteo

La educación superior como un derecho expreso en un texto legal tiene antecedentes en varios instrumentos del derecho internacional. Por ejemplo, el párrafo primero del artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 establece que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. En el inciso C del artículo 49 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948 se lee: “La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes”. De acuerdo con Tristan McCowan, hay varias limitantes importantes en el contenido mismo de estas declaraciones que complican su consecución. En el primer artículo mencionado, por ejemplo, el acceso a los estudios superiores queda condicionada explícitamente al mérito individual, el criterio base de los sistemas universitarios de masas de todo el mundo. Ya Humberto González señaló recientemente que las graves desigualdades vividas tanto en casa como en la escuela por la mayoría jóvenes mexicanos hacen del mérito un criterio de acceso injusto e inoperable.

Al mismo tiempo, en ninguno de estas declaraciones se especifica la gratuidad misma de los estudios superiores o el arreglo financiero del sistema educativo. La reciente experiencia chilena ha puesto de manifiesto las grandes dificultades financieras y sociales que conlleva materializar la gratuidad de la educación universitaria. Sin embargo, en el caso particular de México, un incremento sustancial en la matrícula a corto y mediano plazo requeriría de la gratuidad como estrategia ante la baja inversión en educación de las familias mexicanas. En un país de bajos salarios y de altas tasas de ocupación en el mercado laboral informal, es indignante pensar en créditos y ahorros como una solución plausible para los estudiantes más desfavorecidos.

El análisis de McCowan sobre el derecho a la educación superior parte de un marco normativo muy amplio, cimentado en nociones de derechos humanos y en el enfoque de capacidades. Pero nos ofrece varios criterios importantes a considerar. Por ejemplo, nos invita a definir quién puede reclamar este derecho, si sólo serán los jóvenes en edad universitaria o también otros grupos de nuestra sociedad, como los adultos mayores. Por igual, debe considerarse la relación entre la educación superior y otras experiencias formativas, como la educación continua y para adultos, con el fin de evitar la duplicidad de actividades y misiones. Adicionalmente, dicho autor sugiere que un derecho pleno a la educación superior sólo puede darse a partir de una visión integral de la educación, en donde haya espacio tanto para la búsqueda de fines humanistas —por ejemplo, el desarrollo de capacidades o la plena búsqueda de conocimiento— independientes de cualquier política instrumental, como el crecimiento económico o la movilidad social.

Principalmente el derecho a la educación superior debería construirse con una visión de justicia social, nos dice este mismo académico. En el caso mexicano, este punto es central para cualquier proyecto educativo ante la exclusión histórica de miles de mexicanos de escasos recursos y de origen indígena. Algunos académicos ya han planteado políticas en educación superior con el enfoque de justicia social que analizan temas más allá del acceso, como la permanencia, la calidad y la conclusión de los estudios. De vuelta al caso chileno, la política de gratuidad en las universidades públicas se ha desarrollado a través de un enfoque gradual, favoreciendo en primera instancia a los estudiantes con mayores desventajas socioeconómicas.

Lamentablemente, en el caso mexicano un decreto legislativo no será suficiente. Por un lado, la baja matrícula en educación superior del país responde a las varias fracturas de nuestro sistema educativo, especialmente las relacionadas a la educación secundaria y media superior, en donde, a pesar de su carácter obligatorio, persisten altas tasas de deserción y muy baja calidad. Sin una política educativa integral en donde inclusión y calidad sean prioridad, no habrá derecho a la educación superior que valga la pena. Por el otro lado, el sistema universitario público se encuentra actualmente sumergido en una crisis de legitimidad ante los gravísimos escándalos de corrupción en una docena de establecimientos académicos y el desaseo financiero en otros tantos. Si sumamos el aumento de la inseguridad y la venta de drogas al interior de algunas de las instituciones de mayor prestigio del país, el panorama se vuelve más desolador. En lugar de fungir como faros de luz en el momento más oscuro del país, las universidades mexicanas se nos muestran enquistadas y rebasadas por la cruda realidad que nos azota.

En este sentido, de poco serviría la creación de 100 nuevas universidades, como AMLO ha prometido en repetidas ocasiones, si no hay una revisión de fondo de los arreglos institucionales de las universidades públicas, especialmente a sus mecanismos de transparencia y métodos de gobierno ya caducos, como en el caso de la UNAM. Además, la obligatoriedad de la educación superior debe considerar un robustecimiento a la ciencia y la tecnología, de las misiones de investigación y difusión cultural de las universidades mexicanas. Y es que México necesita, desesperadamente, de jóvenes preparados para investigar qué nos condujo a esta situación de barbarie y cómo salir de aquí, y de jóvenes empapados de un nuevo humanismo.

Por ello, pensar y buscar un derecho a la educación superior en México en estos momentos no es un ejercicio superfluo. Con ello, nos estamos obligando a voltear la mirada hacia aquellos jóvenes nacidos para perder, cuyo sistema educativo los deja cortos de alas. Y al mismo tiempo, nos exigimos imaginar los nuevos discursos y prácticas sobre los que podamos construir un futuro distinto y más prometedor, un futuro más igualitario y justo para todos. 

 

Diego Ángeles
Estudiante de doctorado en el Institute of Education [Instituto de Educación] de la University College London en el Reino Unido.