El 8 de febrero de 2019, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera —del partido Morena— presentó una iniciativa para decretar la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (LHCT) y para modificar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Aprovecho este espacio para compartir algunas consideraciones sobre la LHCT que abrogaría a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCT) vigente. Poco después de haberse propuesto, esta iniciativa ha recibido amplias críticas porque en su elaboración no se buscó contar con una participación plural y amplia de la comunidad científica y por el impacto a la arquitectura institucional que promueve la investigación en el país.

Ilustración: Víctor Solís

Edgar Morin ha escrito sobre el valor de la ciencia en nuestra democracia, así como sobre las similitudes que la democracia y la ciencia poseen. En sus palabras:

[…] la verdad de la ciencia no está en sus teorías, sino en el juego que permite afrontar estas teorías, en el juego de la verdad y el error; la ciencia no posee la verdad, pero juega a un juego de la verdad y del error. Se puede decir lo mismo, en el plano socio-político, de la democracia: la democracia no es solamente el menos malo de todos los sistemas; tiene de particular que no tiene verdad; ¡no es propietaria de una verdad! En los otros sistemas, están en la cima los jefes, sacerdotes, reyes, etc., que tienen el libro sagrado que ellos interpretan, ellos y sólo ellos, y son así los detentores monopolistas de la verdad; la democracia no tiene verdad, sino que lo propio de una democracia es que permita más o menos que se juegue el juego de la verdad y del error […].

Para Morin, los métodos de la ciencia y la democracia no llevan a la verdad ni a una sociedad perfecta; sin embargo, permiten corregir periódicamente errores que ayudan a descartar teorías no verificables o demagogos. Karl Popper en Después de la Sociedad Abierta concibe a la sociedad democrática apuntalada en el conocimiento, en la diversidad de ideas, la denomina sociedad abierta, cuyas características principales son la tolerancia y la pluralidad. De hecho, la democracia y la ciencia son procesos que deben someterse a una perpetua autocorrección. Popper en la Lógica del Descubrimiento Científico lo veía claro en el caso de la ciencia y de esta forma eludió el término de ciencia verdadera y prefirió el de ciencia verificable.

Una democracia tiene en su centro la realización de elecciones justas y libres, con un propósito de autocorrección. Los ciudadanos tienen de esta forma la oportunidad de renovar periódicamente a sus gobernantes y estrategias de gobierno, de acuerdo a su éxito, ideologías, agendas o gustos personales. Por su parte, la ciencia incluye procedimientos para llevar a cabo la observación, experimentación o el trabajo empírico, la compilación de datos y explicación o comprensión de los resultados. La revisión por pares, conocedores expertos en los temas que se investigan, es fundamental para la ciencia. Por su parte, la democracia contempla la división de poderes, los principios del federalismo y otras balanzas que evitan la concentración del poder en un solo actor político.

Con el México independiente surgen varias instituciones científicas. Tal es el caso del Instituto de Ciencias, Literatura y Artes, fundado en 1826, al que pertenecieron Alexander von Humboldt y algunos gobernantes promotores de la ciencia como Simón Bolívar y Guadalupe Victoria. Fundado en 1833, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística fue la primera institución pública de investigación; este instituto jugó un papel importante en varios episodios de la historia del país. Ya en el siglo XIX, las academias, escuelas y sociedades científicas, como la Escuela de Minería, también contribuyeron al desarrollo de la ciencia nacional. El desarrollo de la ciencia en México se incrementó en el siglo XX; en este siglo se funda la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En este periodo también se sumaron otras universidades estatales e institutos tecnológicos públicos y privados.

Desde luego cualquier sociedad democrática necesita leyes que garanticen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, organicen la vida pública y regulen las actividades de la sociedad. En este sentido, la investigación científica no está exenta. En México este proceso empezó con los decretos de creación de instituciones académicas y continuó con aspectos relacionados a la invención, transferencia de tecnología, patentes y marcas. La Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, con sus enmiendas de 2015, es un ejemplo reciente.

En el marco de la nueva administración federal, durante los meses pasados se han aprobado leyes que han tenido un impacto negativo en la ciencia nacional y que han generado malestar en la comunidad científica en diferentes niveles. Tal es el caso de la Ley Federal de Remuneraciones que afectó los ingresos económicos de los investigadores adscritos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el CONACYT; las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dificultan los procesos de contratación de personal, y de manera más contundente, la Ley Federal de Egresos para el año 2019, que redujo los recursos otorgados a la investigación científica un nivel menor a cualquier año de la administración federal previa. Ahora, con el contenido de la iniciativa de Ley de Humanidades Ciencias y Tecnologías (LHCT), existe el riesgo de un impacto negativo de mayor magnitud.

Sabemos —hasta el momento— que en la iniciativa de Ley participó la senadora Rivera, pero desconocemos si contó con el apoyo de un grupo amplio de investigadores.  A pesar de que no queda del todo claro el origen de la iniciativa,  existen varios artículos de la misma que han sido cuestionados.  Sobre todo, vale la pena enfocarse en aquellos que permiten verificar el principio de constitucionalidad. Recordemos que el principio de constitucionalidad establece que cualquier ley o normativa que se emita debe derivarse claramente de la Constitución, los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, así como de las interpretaciones que la Suprema Corte les ha dado.

Un primer problema evidente en la iniciativa de LHCT es que se trata de una ley reglamentaria de párrafo quinto del Artículo Tercero constitucional vigente; por lo tanto, el título y términos de la iniciativa deben concordar con este artículo constitucional. En consecuencia, el uso del término “humanidades” podría resultar inapropiado e inconstitucional porque no se menciona en el artículo que da origen a la iniciativa.

De mayor importancia son los aspectos de inconstitucionalidad que afectan derechos humanos. Tener acceso a los beneficios de la ciencia y contar con libertad de investigación son derechos humanos tutelados por tratados internacionales. En virtud del artículo primero de nuestra Constitución tienen una jerarquía similar a la de la carta magna. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la UNESCO obliga a nuestro país como signatario a garantizar la participación de los ciudadanos en el desarrollo científico y a disfrutar sus beneficios. A los investigadores y académicos les garantiza el derecho de la libertad de investigación.

Los derechos humanos son universales, permanentes, progresivos e irreversibles. En este sentido la iniciativa de LHCT es regresiva, ya que restringe la participación ciudadana con la eliminación de cuerpos colegiados; también pone en riesgo la libertad de investigación al establecer estrategias a través una junta de gobierno en la que no participa la comunidad científica nacional.

Si esta iniciativa continúa en su forma actual se abre una puerta para que los legisladores promuevan recursos de inconstitucionalidad. Por otra parte, tendremos que esperar a ver qué sucede con el dictamen que modifica el Artículo Tercero que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, aparentemente congelado. La redacción aprobada en dicho dictamen sobre el tema de ciencia del quinto párrafo señala lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, en términos de los dispuesto por el artículo 4.

Además, el dictamen establece que una vez publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación se establece un plazo de 180 días para emitir la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si la iniciativa de LHCT fuese aprobada con la redacción actual, los ciudadanos e investigadores estarán en posibilidad de buscar el amparo de la Justicia de la Unión y de instancias internacionales. Y se trataría de la primera vez que los tribunales atendieran los derechos humanos que tutelan a la investigación científica. Para evitar una situación así, lo mejor es privilegiar las herramientas de la ciencia y la democracia, permitiendo la participación amplia de la comunidad científica nacional para decidir el futuro de esta propuesta de ley.

 

Juan Esteban Martínez Gómez
Investigador del Instituto de Ecología A.C. del CONACYT.