En varios países europeos en los que la labor científica goza de un alto prestigio y de un amplio reconocimiento —nacional e internacional; social e intelectual— los profesores universitarios y los investigadores están asimilados a funcionarios públicos. Ese estatuto les garantiza que su trayectoria profesional se desplegará no en una institución específica, con condiciones laborales intransferibles, sino en un sistema unificado de derechos y obligaciones: el de la función pública. En dichos contextos, las personas ocupan sus puestos después de rigurosos concursos de acceso y están contratadas de por vida. A lo largo de las tres o cuatro décadas durante las que se extienden sus recorridos laborales, conservan su puesto, su remuneración y sus condiciones de trabajo, conforme con esquemas ascendentes de carrera. Reciben sueldos decorosos y homogéneos por categoría del escalafón, independientemente del prestigio diferencial acumulado por las instituciones de adscripción. Perciben reducidos porcentajes de ingresos extrasalariales, obtenidos tras la evaluación de su desempeño académico individual o debido a la ocupación temporal de funciones administrativo-científicas. Los montos de las pensiones de retiro son proporcionales a los de los sueldos.

El estatuto de funcionario público de los docentes y científicos no abre paso a cuestionamientos externos que afecten la independencia intelectual y la autonomía institucional, condiciones consideradas indispensables para un buen funcionamiento de la academia. Cuando los universitarios solicitan una autorización para realizar actividades extraordinarias (en el sentido de no ser parte de su cotidianeidad laboral) pero que representan hitos importantes en una carrera científica normalizada, consultan reglamentos que establecen pautas para cada procedimiento. Si alguien pide un año sabático o una comisión para asistir a congresos o efectuar trabajo de campo en el extranjero, sabe con certeza cuáles son los elementos de juicio que se aplicarán para dictaminar su expediente. Cuando la norma interna así lo exige, lo argumenta ante comisiones de pares, institucionales y disciplinarias: esas comisiones otorgan el visto bueno final para que el “homo academicus” realice las actividades indispensables para producir y discutir los conocimientos generados en las áreas que cultiva.

Memorandum

Ilustración: Jonathan Rosas

En ningún caso intervienen en esos procesos personas ajenas a las instituciones o a los comités disciplinarios, sean burócratas o políticos. Son principios indeclinables que las autoridades y los claustros científicos de las instituciones públicas definan los rumbos académicos; que los docentes e investigadores ejerzan su libertad de cátedra y de investigación, y que los órganos colegiados tengan la última palabra en lo tocante a los procesos de producción intelectual.

Existe además un consenso amplio sobre el que la participación en redes disciplinarias multinacionales, las publicaciones en revistas internacionales y las estancias en grupos académicos del extranjero son actividades esenciales en la profesión académica. Lo corroboran los puntajes que les confieren los dispositivos nacionales e institucionales de valoración de las carreras científicas. Eso ocurre tanto en Argentina como en Brasil, en Canadá como en Estados Unidos. En México, el Sistema Nacional de Investigadores —coordinado por el CONACYT— y los reglamentos institucionales de evaluación científica en casi la totalidad de las instituciones públicas de educación superior se adhieren a una visión parecida: el conocimiento no tiene fronteras y el saber científico es universal. Axiomas que implican que los científicos tengan una proyección internacional sin dejar, por ello, de asumir compromisos políticos y éticos con la resolución de problemas de su entorno.

Esas reflexiones vienen al caso porque en el contexto mexicano es innegable una embestida a los centros públicos de investigación y a todas las instituciones en las que los académicos están clasificados como funcionarios públicos —sin matices ni excepciones. El desasosiego y el descontento se incrementan día a día en detrimento de la serenidad requerida para una productividad sostenida y una debida atención a los estudiantes, actividades a las que tradicionalmente se han comprometido esos centros. Además de las legítimas inquietudes que desencadenó la eventual aprobación de la Ley de Austeridad  —que como otras propuestas de reforma, va y viene entre la Cámara de Diputados y el Senado desde semanas atrás— un memorándum enviado el 3 de mayo de 2019 por el Ejecutivo Federal dicta que cualquier solicitud de comisión internacional, financiada con recursos fiscales y presentada por los funcionarios públicos, tiene que estar firmada por el presidente de la República, previo visto bueno del director de las instituciones y del titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP.  Algunas instituciones, como el Cinvestav, han girado instrucciones a su personal para que así se haga, ya que el memorándum es de observancia obligatoria y aplicación inmediata.

No soy abogada. Ignoro cuál es la prevalencia de un documento de esa naturaleza con respecto de la normatividad sectorial o institucional y de la Ley Federal del Trabajo. Tampoco sé si las autoridades disponen de recursos legales para objetar su aplicación.  Pero sí me constan las reacciones adversas que, inmediatamente, provocó esa instrucción en la comunidad académica.

Si bien a nadie extraña que el presidente de la República autorice las comisiones internacionales de sus colaboradores más cercanos  —que lo acompañan a diario en su labor y le reportan directamente en tanto es su jefe— la lógica se difumina si se pretende aplicar el procedimiento a todos los funcionarios en todo el sistema de la función pública. Por tanto, es necesario examinar lo dispuesto por el memorándum en términos de racionalidad, de aplicabilidad y de transparencia.

El presidente de la República es un jefe de Estado. En esa perspectiva, desempeña un rol esencial en los sistemas políticos contemporáneos, aunque varios de sus poderes “jupiterianos” hayan sido, para bien, limitados por el escrutinio permanente de actores sociales, participativos y comprometidos, y de partidos de oposición robustecidos en las pasadas décadas. El presidente de la República representa al país hacia dentro y hacia fuera. Firma tratados y convenios con otros gobiernos. Pero no sé de precedentes (quizás los haya y sería conveniente, en ese caso, que los conociéramos) que esa figura, en regímenes democráticos, autorice (o niegue) a un académico realizar una estancia en otro país, después de que ese académico cumpliera con la reglamentación institucional y la normatividad laboral correspondiente a su sector profesional.

Primero, porque las responsabilidades sustantivas de la presidencia son otras. Segundo, porque ya no estamos en las épocas de Leonardo Da Vinci o de d’Alembert: nadie posee hoy un conocimiento enciclopédico que lo legitime para juzgar la pertinencia de una solicitud de índole científico en disciplinas tan especializadas y diferenciadas como la física, la filosofía o la medicina. Tercero, porque el efecto “masa” diluye cualquier posibilidad operativa de aplicar lo propuesto con base en  reglas que garanticen a todos los que presenten solicitudes que esas serán evaluadas sin discrecionalidad; es decir, conforme a criterios formalizados, y en el plazo de respuesta que la Ley impone a cualquier servidor público, incluido el del más alto nivel jerárquico.

La pregunta que surge entonces es: ¿qué beneficios se obtienen y quiénes ganan o pierden con una medida contraproducente en términos de eficacia en el ejercicio de la función presidencial? Esa medida, además, lesiona la capacidad de autogobierno de las instituciones académicas, conforme sus principios éticos y organizacionales, y erosiona los usos y costumbres del mundo académico, aceptadas aquí y en otras partes.

El 4 de junio, la directora del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla emitió un comunicado en el que precisó que las directivas sólo aplicaban a los altos funcionarios y al personal de enlace pero no afectaban académicos ni becarios. Se ignora si la rectificación se debió a la avalancha de críticas que circularon en la prensa y en las redes sociales o a la inoperatividad de la medida. Pese a su desenlace “feliz”, el episodio corrobora que la situación de la ciencia en el país es inquietante. Muchas instituciones y sus académicos han vivido en una permanente zozobra en los pasados meses. Los directivos del CONACYT han reiterado que el financiamiento a la ciencia aumentaría, dentro de un nuevo marco de apoyos. Sin embargo, los convenios de ciencia Básica aprobados por comités de pares desde octubre 2018 (la anterior administración) no han sido firmados, el futuro del programa de Cátedras es incierto y se ignora si otras iniciativas, como las redes temáticas, serán reconducidas. El compás de espera se alarga en demasía y los recursos no fluyen.

Apremian en México problemas cuya resolución ha sido promesa de campaña y compromiso del actual gobierno. Para avanzar en esa vía se requiere focalizar las prioridades, repartir responsabilidades y dejar a las instituciones consolidadas la rectoría de las tareas que les incumben, en educación, ciencia, salud o justicia. Diríamos los sociólogos, con nuestro particular lenguaje, que una sociedad democrática es una sociedad de responsabilidades compartidas y de organizaciones fuertes, con dispositivos de contrapeso ante cualquier tentación o intento de centralización unipersonal del poder. Para ello, se requiere una autoridad distribuida y un líder que asuma las tareas sustanciales que le han encargado los ciudadanos cuando depositaron su voto en las urnas ¿Abona el memorándum examinado en esa dirección?

 

Sylvie Didou Aupetit
Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de  Estudios Avanzados (Cinvestav).