El pasado 15 de febrero se inauguraron de manera formal las escuelas universitarias impulsadas por el partido político Morena, mismas que iniciarán cursos propedéuticos de actualización para los jóvenes que recibirán en agosto y que no han tenido la oportunidad de ser aceptados en las instituciones públicas de educación superior. El proyecto incluye de manera inicial ocho planteles: las escuelas de Ingeniería “Heberto Castillo”, en la delegación Tláhuac; la de Derecho “Ponciano Arriaga”, en la Cuauhtémoc; la de Medicina Integral y Salud Comunitaria, en Tlalpan; la de Contabilidad y Administración Pública “Leona Vicario”, en Azcapotzalco; la de Educación Normal “José Santos”, en Xochimilco; la de Educación Superior, en Comalcalco, Tabasco; la de Agricultura y Agronomía, en Calkiní, Campeche; y la Normal Intercultural Bilingüe, “María Alicia Martínez”, en Valladolid, Yucatán.

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Ninguna de ellas cuenta todavía con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), asunto que no impide que operen como tal, pero las imposibilita para otorgar títulos profesionales como ocurre en muchas instituciones privadas a lo largo y ancho de México. Por lo mismo, conviene preguntarse: ¿Por qué empezar a funcionar con una oferta educativa sin tener el respaldo legal correspondiente? ¿Qué ocurriría si la SEP les niega el RVOE? ¿”Al diablo con las instituciones”?

Pese a no tener el aval de la SEP, Morena anunció con bombo y platillo su proyecto educativo en el cual ningún estudiante pagará cuotas, y la operación de las escuelas se mantendrá con los recursos aportados por legisladores, delegados y otros representantes del partido, quienes contribuirán con la mitad de sus salarios que provienen del erario público. Es decir, el financiamiento de las Escuelas dependerá de la buena voluntad de los legisladores y funcionarios públicos en turno que representan a Morena, bajo el supuesto de que no sólo mantendrán su presencia legislativa de representación para mantener los costos de infraestructura, servicios y pago de académicos y personal administrativo, sino supongo esperan acrecentarla, pues de otra forma no hay como sostener ocho instituciones. La misma Raquel Sosa, coordinadora del proyecto, ante cuestionamientos de periodistas respondió que “el PRI y el PAN podrían desaparecer, pero nosotros creceremos. En todas partes habrá Escuelas Universitarias”. (La Jornada. 7/II/2016).

Hay por supuesto muchos temas de reflexión, pero al no contar con información oficial de parte de Morena uno sólo puede plantearse preguntas o conjeturas, y por supuesto muchas dudas, a la luz de la experiencia del proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) creada por Andrés Manuel López Obrador, la cual ha sido seriamente criticada por su alta deserción y su bajísima eficiencia terminal en sus estudios por parte de sus alumnos.

Llama la atención que las denominen escuelas y no universidades. Una posible lectura es que no existirán formas de gobierno democráticas como ocurre en todas las universidades públicas federales y estatales autónomas, donde los planes y programas de estudio y el nombramiento de las autoridades académicas lo decide la comunidad. Por lo pronto, parece que las Escuelas ya tienen designados directores o directoras. Pero, ¿quién los o las nombró? ¿Morena, Andrés Manuel López Obrador, Raquel Sosa, Martí Batres?

En segundo lugar, leyendo las declaraciones en la prensa de Raquel Sosa, Javier Jiménez Espriú, Martí Batres y el propio Andrés Manuel López Obrador, todas apuntan a que se trata de una iniciativa que pretende propugnar por la inclusión educativa a sectores sociales que no han logrado incorporarse a las instituciones públicas existentes; que la educación es un derecho irrenunciable para todos y que debe ser gratuita. Este planteamiento no es nuevo por parte de Morena y sus allegados, pero uno de los propósitos centrales que anuncian es que formarán jóvenes con vocación comunitaria, que realicen trabajo para la colectividad y las familias, a fin de resolver las verdaderas necesidades de México; aspiran a formar profesionales “profundamente respetuosos de la individualidad pero a la vez conscientes de su papel colectivo, sensibles, honestos, solidarios y virtuosos”.

En este contexto, no se puede dejar de pensar en dos de los proyectos educativos impulsados por Hugo Chávez en Venezuela entre el año 2003 y 2009: la Misión Alma Mater y la Misión Sucre, que han tenido como eje de gobierno en materia de educación superior profundizar la inclusión a través de la creación de nuevas instituciones paralelas a las públicas existencias, así como el desarrollo de la municipalización de la educación superior. Sin embargo, varios expertos, como la reconocida académica Cristina Parra, sostienen que en el sistema educativo venezolano ambos proyectos presentan ya debilidades sustantivas porque no sólo no han garantizado la igualdad, sino que han profundizado la inequidad y la exclusión, además de haber construido dos sistemas de educación superior que han confrontado a autoridades, académicos y estudiantes entre sí. 

Los críticos observan que el crecimiento de la plataforma institucional con esa perspectiva no ha respondido a criterios que atiendan a las necesidades de formación profesional y de creación de conocimiento sistemáticamente detectadas, sino a un discurso cargado de consignas muy generales, con escasas referencias técnicas, pero con un acento socio-humanístico, que no es criticable, pero que es insuficiente.

Desde mi perspectiva, en buena medida los proyectos educativos iniciados por Chávez han tenido el objetivo de formar cuadros políticos adeptos al régimen del gobierno. Un clientelismo político que deja de lado la formación profesional de los estudiantes para convertirlos en defensores de la República Bolivariana, o sea, del chavismo, en sus comunidades locales para ganar votos en cada elección.

¿No les parece que el proyecto de Escuelas de Educación Superior creadas por Morena se parece a las Misiones del gobierno venezolano? Si esto es así, habrá que seguir de cerca el desarrollo de estas Escuelas que, en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República en 2018, serían, con sus ajustes, el modelo para la educación superior mexicana en el próximo sexenio. Porque como dijo el ingeniero Javier Jiménez Espriú, presidente del consejo de la nueva Escuela de Ingeniería Heberto Castillo, la apertura de cursos marca el inicio de un proyecto que “trascenderá en la historia de la enseñanza superior en México”. [sic]. (La Jornada. 16/II/2016). Y para decirlo en términos coloquiales aprovechando el efecto mediático de la pasada visita del Papa Francisco a México: “Que Dios nos agarre confesados”. 

Adrián de Garay es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.