El  Poder Legislativo aprobó el 15 de mayo la incorporación de la fracción V del Artículo 3º constitucional, en la que el Estado asume la rectoría de la política nacional de ciencia y tecnología e incorpora el derecho ciudadano a los beneficios de la investigación y la innovación, respetando la libertad de investigación. En la actualidad, nos encontramos en el proceso de elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que definirá la estructura y  el derrotero que habrá de tomar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Para delinear una estructura acorde a la multiplicidad de necesidades, capacidades y condiciones existentes en el país, se requiere que quienes la elaboren tengan una valoración sensible y equilibrada —sin orientaciones ideológicas, ni preconcepciones morales— respecto de las instituciones que hoy componen el SNCTI.

Nuestro país vive momentos de cambios, los problemas de inequidad social y económica ponen de manifiesto la necesidad de una agenda económica diferente que permita establecer un equilibrio entre los mercados, el Estado y la sociedad. No hay una solución única al daño provocado por décadas de desregulación de los mercados laboral y de productos, y de la caída de ingresos en la base más amplia de la población. La CTI puede contribuir a generar la riqueza de la nación, y a su vez la organización social permitirá a los sectores trabajar juntos.

Ilustración: Estelí Meza

Una nueva agenda debería confluir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, centrándose en la educación, la investigación y las fuentes de riqueza, además de proteger al medio ambiente y combatir el cambio climático. No se trata de un problema moral o político: a las economías con menos desigualdad y mayor inversión en CTI en verdad les va mejor y es tarea del gobierno invertir activamente en investigación básica, tecnología, educación y salud.

México tiene los elementos para avanzar, pero debe reforzar su SNCTI. Éste se ha ido conformando y fortaleciendo a lo largo de las últimas cinco décadas con grupos distribuidos por todo el país. Su crecimiento ha sido complejo y lento debido a la poca apreciación de su importancia a nivel federal y estatal, lo que se ha traducido en una inversión en CTI errática y muy limitada.

A pesar de eso, nuestra nación dispone de grupos de investigadores de talla mundial que han hecho mucho con los pocos recursos que han tenido disponibles. Esto es corroborado por el reciente informe de Scimago, el cual muestra que a pesar de la modesta inversión, los grupos de investigación han ido consolidándose durante la última década y han incrementado su presencia internacional. Asimismo, nuestros investigadores están comprometidos con el desarrollo del país, como lo revela el estudio que acaba de realizar el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), donde casi un 90% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que respondieron al sondeo trabajan o han trabajado en al menos uno de los tres ejes del actual Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: justicia y estado de derecho, bienestar, y desarrollo económico. Esto muestra, de manera clara, que el SNCTI es un instrumento indispensable para lograr la transformación de México. No sólo debe ser reconocido y respetado, sino también fortalecido y aprovechado en beneficio de la sociedad.

El cambio nos necesita a todos y se requiere de la participación activa de los actores del SNCTI para identificar prioridades y adecuar lo que se tiene y funciona, articulándolo con la nueva vida nacional. Involucrar más voces, enfoques e ideas a lo largo y ancho del país permitirá que los contrapesos propios de la democracia eviten que el pensamiento único —verdadero cáncer de la ciencia— termine por concentrar las decisiones y la política, marginalizando la participación de todos los sectores, y reduciendo el federalismo en las decisiones de política de CTI del país.

Las universidades y los centros públicos de investigación tienen grupos de expertos e infraestructura que permiten realizar labores de investigación, docencia y formación de nuevos cuadros en casi todas las áreas de ciencia y tecnología. Desafortunadamente, su número y los presupuestos asignados resultan insuficientes para las necesidades del país; a pesar de estas limitaciones, su labor está dando frutos que representan buenas oportunidades y deberían ser aprovechados por los sectores sociales, gubernamentales y productivos. Si bien en el pasado se han hecho varios esfuerzos para vincular el trabajo de investigación con las necesidades sociales y económicas, esto sigue siendo una materia pendiente, cada vez más urgente.

En el terreno de la innovación, algunas empresas de diferentes sectores productivos han logrado vincularse con grupos de investigación e impulsan desarrollos tecnológicos y de innovación en sus áreas de competencia. Su impacto es aún muy restringido y estamos muy lejos de lograr el tan deseado aumento en productividad y competitividad que nos libere de la fuerte y costosa dependencia tecnológica. De hecho, el desarrollo de una planta productiva nacional de alta tecnología, que satisfaga la demanda interna y genere empleos bien remunerados, es también una asignatura pendiente que deberá trabajarse con un decidido apoyo federal y estatal.

Existen diferencias notables en el desarrollo de las entidades federativas, tanto en sus capacidades en educación superior e investigación como en las correspondientes a los sectores productivos. En las últimas décadas se han ampliado los espacios de formación a nivel de licenciatura y posgrado y también se han abierto centros públicos de investigación en prácticamente todas las entidades. Además, se han establecido algunos parques tecnológicos y polos de vinculación a fin de estimular las vocaciones de producción en las entidades. Estos avances son positivos y permitirán incrementar las capacidades locales en la generación y aplicación del conocimiento, pero las necesidades regionales son muy complejas y están aún muy lejos de ser satisfechas.

La Constitución establece la obligación correlativa del Estado de apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Se requiere que esto quede debidamente plasmado en la nueva ley general de CTI y que tenga en cuenta las características de los actores del sistema y sus relaciones. De igual manera, es muy importante que considere, respete y apoye los diferentes perfiles de cada entidad federativa para continuar con el camino ya iniciado de la descentralización y la federalización.

Los retos son muchos y muy grandes, por lo que es necesario disponer de organismos que permitan articular la labor de todo el SNCTI y contribuyan a acoplarlo a las necesidades actuales. Algunos de estos organismos ya existen —como es el caso del FCCyT— que suma las voces de todos los actores del quehacer en CTI y ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del sistema, como fue descrito en un artículo reciente. Por su relevancia, aquí damos una resumen de sus actividades.

El FCCyT tiene una mesa directiva cuya composición es única en todo el SNCTI, pues reúne a un conjunto representativo de todos los sectores, y en sus 17 años de existencia ha impulsado iniciativas, actividades y fomentado diálogos entre los actores. Entre sus actividades se destacan:

• Organizó las discusiones para el diseño del PECITI y ha colaborado con el CONACYT y las Cámaras Legislativas en foros para la elaboración de los Planes Nacionales de Desarrollo en los últimos tres sexenios; también ha colaborado con las comisiones de Ciencia y Tecnología de las dos cámaras para analizar los presupuestos federales al sector de CTI y dar información basada en evidencia sobre temas legislativos. 

• Efectuó reuniones en colaboración con instituciones de educación superior e investigación para analizar la situación de la CTI en las universidades públicas, así como para iniciar la discusión de una “Agenda de educación superior para la sociedad digital”.

• Creó la oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCYTU), que permite una colaboración más estrecha de la comunidad científica con el poder legislativo. Además, comparte las mejores prácticas de organismos internacionales que desarrollan una labor similar, ya que es miembro asociado de EPTA, la Red Europea de Oficinas de Asesoría Científica y Tecnológica para Parlamentos.

• Realizó diferentes eventos enfocados al análisis de los Indicadores en Ciencia y Tecnología en México y Latinoamérica y construyó diagnósticos Estatales de CTI, así como un ranking de entidades federativas.

• Impulsó iniciativas para el desarrollo de la CTI con perspectiva de género; coordinó la campaña #YoloBorro contra el ciberacoso.

• Implementó talleres para la formación de redes de innovación social y estimuló el involucramiento de estudiantes de educación superior en la solución a los problemas nacionales a través del seminario "Los jóvenes en la innovación social" y del concurso nacional “Vive ConCiencia”, como parte de la atención a problemas de las comunidades.

• Organizó la participación ciudadana en temas de CTI con el sondeo virtual “Agenda ciudadana de CTI en Iberoamericana”, donde se manifestaron cerca de 180 mil miembros de la sociedad civil.

• Consultó a los miembros del SNI sobre su participación en alguno de los ejes temáticos del PND 2019-2024. Participaron 6 mil 253 investigadores y los resultados dan muestra del gran compromiso del SNCTI con los problemas nacionales.

• Organizó talleres para estimular la vinculación, competitividad e innovación, como los talleres de competitividad, realizados en coordinación con la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, así como el IV Congreso Nacional de Legisladores sobre Políticas, Estrategias y Prioridades para la CTI.

• Participó en el estudio y dictamen sobre las condiciones de seguridad y salud en la Mina No. 8 de la Unidad Pasta de Conchos, Coahuila y realizó seminarios de protección civil y desastres.

• Entabló una demanda administrativa contra quienes resultaren responsables por el incumplimiento del artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, relativo a garantizar al menos 1 por ciento del PIB como gasto mínimo nacional en I+D.

• Ha publicado libros técnicos sobre temas relevantes para el desarrollo de la CTI.

• Creó la revista mensual Forum. Junto con la revista de la Academia Mexicana de Ciencias, son los órganos informativos de todo el SNCTI.

 

Recientemente han surgido voces que atentan contra la labor del FCCyT; primero reduciendo su financiamiento y luego excluyendo su participación en los órganos de toma de decisiones del sector de CTI. La nueva Ley General de CTI deberá reconocer los espacios de participación pública existentes, como lo es el FCCyT, cuya experiencia de más de quince años le ha permitido dar voz a todos los actores del SNCTI. Es una instancia colegiada que goza de una enorme credibilidad y capacidad de convocatoria, tanto en el sector académico como en el empresarial. Nuestro país avanzará más rápido si sumamos todos los esfuerzos exitosos al desarrollo de una nueva política de CTI que contribuya al desarrollo económico y el bienestar de la nación.

 

José Antonio de la Peña
Miembro de El Colegio Nacional.

Gabriela Dutrénit
Profesora/investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

José Luis Fernández Zayas
Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

José Franco
Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Juan Pedro Laclette
Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alfredo Camhaji Samra
Asesor de la Coordinación General del FCCyT.

Alfonso Morales Escobar
Coordinador de Comunicación Social del FCCyT.