Varios estudiantes de la Universidad de Arizona (UA) protestaron recientemente debido a la presencia de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) —mejor conocida como “la migra” entre la comunidad latina de Estados Unidos — en una feria del empleo patrocinada por la UA. Un encuentro en particular se volvió viral cuando se escuchó a una estudiante coreando “Murder Patrol” a agentes durante un evento de reclutamiento. Ese incidente en particular llevó a muchos analistas a centrarse en temas de civilidad y libertad de expresión. Pero para nosotros, la cuestión era diferente: ¿por qué no protestaron más personas dado el historial de esta agencia? Para ello es importante ofrecer datos de contexto.

Aquí en la frontera, los agentes de la CBP están fuera de control bajo la actual administración del presidente Donald Trump. Una de las cosas más graves es el impedimento a los solicitantes de asilo para entrar al país. Están ayudando a separar a los padres de sus hijos como medida “disuasiva”. Han criminalizado a voluntarios que proveen ayuda humanitaria y a quienes dejan agua en el desierto para los migrantes, y recientemente, han llegado al punto de presentar cargos de tráfico y trata de personas contra Scott Warren, un voluntario que proporcionó agua, alimentos y asistencia médica a dos migrantes (se presume una sentencia de 20 años).

Ilustración: Patricio Betteo

En lugar de perseguir a “violadores y traficantes de drogas”, como le gusta decir al actual presidente de Estados Unidos, esta agencia se centra en familias vulnerables que sólo intentan escapar de la pobreza y la violencia de sus países de origen y de los que la primera potencia del mundo se ha beneficiado económica y políticamente. Los migrantes —históricamente— buscan países con mejores condiciones a los suyos tratando de construir una vida mejor para ellos y sus familias. Sin embargo, en la actualidad las familias migrantes provenientes de Centro América y de México únicamente se encuentran con castigos draconianos, como si la dureza de este trato hiciera algo para evitar que crucen la frontera.

Del otro lado de la frontera, el actual presidente de México aceptó recientemente hacerle el “trabajo sucio” a los Estados Unidos. Para evitar aranceles a productos mexicanos encomendó un control más enérgico de la migración Centroamericana a la recién creada Guardia Nacional. Ahora, ambos países realizan acciones, a diferentes niveles, contra la inmigración indocumentada.

Dejando de lado ese análisis, la retórica de los presidentes de Estados Unidos y México ha permitido, respectivamente, que los agentes de la CPB ignoren rutinariamente los derechos humanos básicos en la aplicación de la ley y que la Guardia Nacional pueda “verificar” la nacionalidad de las personas que cruzan por México. Desde 1994, la creciente búsqueda de migrantes y la militarización de la frontera (“prevención a través de disuasión”) sólo ha empujado a migrantes a ir de centros urbanos hacia el desierto. Únicamente en Arizona, esto ha provocado que aproximadamente 3,000 personas mueran en el desierto tratando de cruzar hacia Estados Unidos desde 2001.

Volviendo al tema de la CBP en el campus, este tema ha sido controversial. ¿Por qué el problema principal es de “libertad de expresión” cuando seres humanos mueren de manera cotidiana y familias enteras son destruidas a manos de esta agencia? Esta discusión sólo tendría sentido si los analistas ignoran a las muertes en la frontera y a las políticas migratorias de Estados Unidos que las crean. Si uno relaciona de manera profunda estas políticas y su intención, el término “Murder Patrol” parece apropiado.

Hay otro punto que vale la pena mencionar aquí. A raíz de la controversia en la UA, el jefe de la policía del campus hizo la audaz declaración de que los agentes están en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto da un contexto importante ya que muchos dicen: “puede haber crisis en la frontera, pero los estudiantes de la UA no tienen nada de qué preocuparse”. Usando la lógica del jefe de policía de la UA, los agentes de la CBP que vienen al campus tendrían la obligación profesional de detener a cualquier estudiante, profesor o empleado en su presencia que sea sospechoso de ser indocumentado.

Aquí es donde nos topamos con un callejón sin salida. Las universidades tienen la obligación de proporcionar un ambiente seguro para que sus estudiantes aprendan. Esto fue consagrado en los principios universitarios Lehrfreiheit (libertad académica, profesores) y Lernfreiheit (libertad para aprender, estudiantes), apoyados legalmente. En pocas palabras, no es posible enseñar, estudiar, administrar o aprender si se encuentra bajo la amenaza constante de ser separado de la familia. Por lo tanto, como parte de los principios rectores de la universidad, no se puede permitir la presencia de la CBP en el campus.

La presencia de la CBP no es simplemente una amenaza para los estudiantes indocumentados, sino para cualquier estudiante, profesor o empleado que sea “sospechoso” de ser indocumentado. Esto es especialmente importante en el contexto de Arizona, donde la ley SB1070 de 2010 requería que los agentes de policía trabajaran con autoridades federales de migración si pensaban que, durante una “detención o arresto”, la persona era indocumentada.

Si bien esta forma legalizada de caracterización racial perdió gran parte de sus ramificaciones al exigir que los agentes de la policía reportaran a los sospechosos de ser indocumentados, estos todavía tienen la capacidad de hacerlo. Usamos el término caracterización racial intencionalmente porque —siendo honestos— la policía y los agentes de la CBP no están persiguiendo canadienses indocumentados. Sólo las personas de piel oscura o morena de América Latina son vistas como “una amenaza”.

Esto tiene enormes divergencias en las comunidades latinx en Arizona. Tan sólo en esta primavera, dos adultos y un niño de 12 años fueron detenidos por la patrulla fronteriza después de que la policía de Tucson detuviera su vehículo por tener vidrios polarizados demasiado oscuros. Un estudiante de la preparatoria Desertview, Torres Maytorena, fue detenido por un agente del alguacil del condado de Pima un mes después de su graduación. Después de descubrir que estaba conduciendo sin licencia y con el registro vehicular vencido, Maytorena fue entregado a la Patrulla Fronteriza y detenido.

Dadas estas políticas inhumanas que separan familias, traumatizan niños y hacen que comunidades enteras vivan con miedo, la protesta social es una de las únicas alternativas morales como respuesta. Muchos criticaron a los estudiantes de la UA que se manifestaron por considerarlos demasiado disruptivos. Pues ese es el propósito de protestar: ¡ser disruptivo! Son precisamente las personas que ejercen la libertad de expresión quienes tratan de cambiar las condiciones opresivas que conducen al verdadero cambio social.

Por lo tanto, esta controversia en la UA no es una elección entre la seguridad de los estudiantes y la libertad de expresión, ya que se trata de un falso binario. Aquellos que ejercieron con más fuerza los derechos de la Primera Enmienda estadounidense lo hicieron a favor de la seguridad de los estudiantes. La protesta social con frecuencia hace que las personas que no son blanco de leyes racistas antimigrantes se sientan incómodas, pero su silencio es una forma de aprobación tácita. Su trivial incomodidad palidece en comparación contra las vidas destruidas a causa de estas políticas, y como Howard Zinn nos recuerda: “No puedes permanecer neutral en un tren en movimiento”.

La mera existencia de la CPB debe ser desafiada filosófica e intelectualmente, especialmente en las instituciones de educación superior. Las misiones de investigación, enseñanza y servicio de una universidad pública le confieren el más alto grado de obligación de cuestionar la existencia de la CBP o la Guardia Nacional mexicana, que actualmente toma la iniciativa estadounidense de criminalizar a migrantes centroamericanos y activistas. Esperamos que los estudiantes valientes que apenas protestaron  dejen un legado donde incluso sea ridículo pensar que cualquier gobierno patrocine una agencia como la CPB.

 

Adrián Arroyo
Gestor de Integración Curricular Global por la University of Arizona (Estados Unidos).

Nolan L. Cabrera
Profesor Investigador Asociado por el Center for the Study of Higher Education, University of Arizona (Estados Unidos).