A partir del 23 de agosto de 2019 —días antes de que el presidente López Obrador rindiera su primer informe de gobierno— empezaron a circular los primeros spots publicitarios en las redes sociales. Estos anuncios ilustraban el lema “soy hombre de palabra” y concernían la supresión de los privilegios a la burocracia (abatimiento de las prestaciones extra salariales, supresión de los seguros de gastos médicos mayores), el control de las cargas impositivas y de la deuda pública y el aumento del  sueldo mínimo y del gasto en programas sociales. A partir del 26 de agosto, el número de promocionales en circulación incrementó. Varios de ellos presentaban los apoyos al campo y  los ejes principales de la “cuarta transformación”. Pero, poco o nada sobre otros temas de preocupación, como la recesión económica, la contracción en el número de puestos de trabajo o la seguridad pública.

Los spots sobre el tema de la educación superior fueron pocos, con excepción de los anuncios publicitarios y de los carteles sobre los 10 millones de becas para el sistema educativo y  la reiteración de la consigna: “becarios sí, sicarios no”. Pero las becas no habían sido el único compromiso gubernamental expresado en el discurso de toma de posesión del presidente López Obrador el primero de diciembre de 2018, o en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024). En esos documentos se había anunciado que el gobierno cumpliría el derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior y  crearía 100 universidades públicas. En ciencia y tecnología: “promovería  la investigación científica y tecnológica; apoyaría a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas” (PND, 2019). Sin embargo, pocos promocionales hicieron gala de avances.

Ilustración: Izak Peón

Preocupan esas omisiones si se considera, primero, la rispidez de las relaciones entre los funcionarios gubernamentales y parte de las comunidades académicas y estudiantiles; segundo, el bajo orden de prioridad que, al parecer, se otorga a la educación postobligatoria y a la investigación e innovación y, tercero, a los problemas estructurales detectados en esas dos esferas. Aunque las medidas mencionadas en los documentos oficiales son de por sí escasas y no son suficientes para sostener políticas públicas sectoriales, informar sobre su implementación corroboraría, simbólicamente, que se dejó atrás un sexenio durante el que, en su mayoría, las decisiones gubernamentales fueron centradas en reformar la educación básica.

Entre 2012 y 2018, en efecto, la administración del presidente Peña Nieto mantuvo los programas de educación superior y de ciencia instrumentados, desde antes, por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por el Conacyt, garantizando, eso sí, su continuidad inercial. Dicho gobierno no procuró resolver los problemas diagnosticados por los especialistas, tales como: el agotamiento de los dispositivos de evaluación; la inobservancia de los porcentajes de inversión financiera prometidos;  la redefinición de la autonomía; la existencia de sesgos geográficos y sociales en la cobertura; la excesiva burocratización de las modalidades de gestión académica; las perennes dificultades para mejorar la equidad e inclusión y los obstáculos para rearmar en forma integrada el sistema de educación superior y el de ciencia. Como consecuencia de ello, las disfuncionalidades no atendidas se mantuvieron, o incluso se agudizaron. Se requiere ahora atenderlas con urgencia.

A continuación se presenta un ejemplo. Pese a que, desde hace casi tres décadas, el aseguramiento de calidad ha sido clave en el discurso oficial sobre la educación superior, los sesgos por subsistema no fueron superados.  En 2019, en promedio nacional, el 46% de la matrícula se distribuía en carreras acreditadas pero con grandes disparidades por sector. Las universidades públicas estatales, las federales y los institutos tecnológicos se situaban por arriba de la media (con 84, 68 y 51 por ciento, respectivamente) pero las universidades politécnicas, tecnológicas  e interculturales apenas contaban con 39, 35 y 6 por ciento de sus estudiantes en programas con “sello de calidad”.  Ese indicador, y muchos otros más, incluyendo los de financiamiento por alumno, muestran la urgencia de emprender una acción pública de gran envergadura para resarcir desigualdades internas. Los datos corroboran que si bien el sistema nacional de educación superior se ha diferenciado, lo ha hecho mediante una profunda segmentación de los recursos y de los medios otorgados a los sectores que lo integran.

En ese contexto, ¿dio pistas el mensaje presidencial de introducción al primer informe de gobierno sobre cómo reunir condiciones y aplicar medidas pertinentes para superar los obstáculos detectados y garantizar efectivamente una educación de calidad  para todos? ¿Aportó datos puntuales sobre los programas faros del sexenio? ¿Informó principalmente sobre los de becas? Si bien el presidente señaló que, a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, unos trescientos mil estudiantes universitarios pobres recibían 2,400 pesos mensuales, y que el Conacyt incorporó con becas de posgrado a 9,000 beneficiarios adicionales a los ya registrados, habrá que revisar los datos oficiales y anteriores. Igualmente, reportó que en las 100 universidades del sistema educativo “Benito Juárez” estaban inscritos 39,170 estudiantes y se había contratado una planta docente de 815 maestros. López Obrador divulgó, por ende, cifras que versaban, esencialmente, sobre los mecanismos de redistribución de oportunidades mediante la canalización de apoyos financieros a sujetos predefinidos. Esas acciones son de corte tradicional aunque el número de sus beneficiarios es elevado. Mediante una estrategia convencional en su naturaleza —aunque masiva en su cobertura— el gobierno pretende imprimir su marca distintiva en educación superior y ciencia, recurriendo a intervenciones referidas a la política social más que a la propiamente educativa o científica.

 En contraste, el mensaje a la nación proveyó escasas pistas para orientar una reforma de fondo (le grand chantier) que requerirían tanto la educación superior como la ciencia para asegurar su sustentabilidad y su visibilidad.  Tampoco aportó información sobre programas recientemente lanzados; por ejemplo el de Rechazo cero de la SEP. Este programa está encaminado, al igual que las becas, a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, pero es de tipo más “académico” que esas al auspiciar una dinámica de inclusión de poblaciones vulnerables por su rendimiento escolar.  “Rechazo cero” invita a los aspirantes al primer ingreso a la educación superior que no fueron admitidos en la ronda anterior de selección a que postulen a ocupar vacantes disponibles en las instituciones de educación superior. La idea es interesante pero sus condiciones de operación, sus costos y sus criterios de monitoreo requieren ser precisados.

Por ahora, la situación presente y la tardanza en diseñar, presentar y concretar medidas sustantivas de conducción y de reorganización en los ámbitos de la  educación superior y de la ciencia dejan vislumbrar que se corre el riesgo de aplazar la indispensable revisión de los instrumentos para la gobernanza de sistemas sólidos y para su proyección, nacional e internacional. Indican que, por lo pronto, necesitaremos darle más tiempo al tiempo antes de conocer cómo la SEP y el Conacyt diagnosticaron y propusieron resolver los numerosos problemas, no políticos sino normativos, estructurales y organizacionales,  de los sectores bajo su responsabilidad. Es posible que la aprobación de los textos finales de  las leyes secundarias, la puesta en circulación del texto íntegro del primer informe de gobierno, con las observaciones de los legisladores, y la publicación de los planes nacionales de educación y de ciencia arrojen luz sobre los lineamientos de una indispensable política de Estado en ambas esferas.

¿Cuándo se cerrará el compás de espera? ¿Hasta dónde alcanzarán los documentos programáticos? Dos interrogantes sobre los que urge obtener respuestas.

 

Sylvie Didou Aupetit
Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de  Estudios Avanzados (Cinvestav).