¿Monólogos para la participación en el proceso de política educativa?

Antes del inicio del actual sexenio y ante las expectativas —un tanto desbordadas— con la llegada del nuevo gobierno, participé en la construcción de una agenda, concretamente la Agenda intercultural para la educación en México. Fue un ejercicio llevado a cabo por un colectivo plural de investigadores educativos que, durante meses, elaboró un diagnóstico de la atención educativa de una población mexicana pluricultural y plurilingüe, así como una serie de recomendaciones concretas para transformarla a partir de la evidencia encontrada en un cúmulo importante de investigación educativa que se ha generado por años. Los seis campos prioritarios identificados en la agenda son: 1) la construcción de políticas públicas “desde abajo” y con la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos; 2) la valoración de las lenguas y culturas indígenas, dejando de considerarlas vulnerables y deficitarias; 3) el diseño de políticas lingüísticas y educativas para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, con especial énfasis en el desarrollo de materiales didácticos para una educación bilingüe; 4) la formación inicial y continua de docentes e investigadores en educación intercultural bilingüe; 5) la ampliación de la estrategia educativa intercultural bilingüe a zonas urbanas; 6) la interculturalización de la educación superior de las instituciones convencionales y el fortalecimiento de las universidades interculturales.

Ilustración: Adrián Pérez

La Agenda fue enviada a las autoridades educativas federales con la expectativa de que fuera retomada en el diseño de la nueva política educativa, y de contar con espacios, como ciudadanos y como académicos, para ampliar y detallar recomendaciones, es decir, para participar en la transformación de la educación intercultural y bilingüe de nuestro país. Además, se presentó en diversos espacios públicos y se hizo difusión en algunos medios. En mi seguimiento del proceso de política educativa durante este año, no pude advertir signos de que dicha Agenda estuviera siendo retomada.

Mantener el adjetivo de "intercultural" para caracterizar a la educación en México en el nuevo artículo 3o. de la Constitución, no es suficiente. Es necesaria una política educativa basada en la evidencia que desde la investigación educativa se ha generado para su diagnóstico, diseño e implementación.

Hace unos días, una estudiante del curso de Políticas educativas en México que imparto, descubrió que la Agenda Intercultural —abordada en el curso— fue mencionada en la versión escrita del Primer Informe de Gobierno 2018-2019, diciendo: “Para atender a los pueblos indígenas y a los diversos grupos discriminados, en educación intercultural, se desarrolló la “Agenda intercultural para la educación nacional” realizada por un grupo de investigadores y especialistas en educación intercultural. Este documento identifica las problemáticas educativas prioritarias de atención a la diversidad en los distintos niveles educativos, y señala la emergencia de acciones para el mejoramiento de la educación, dirigida a la población indígena, afrodescendiente y migrante”. Una de las colegas que nos convocó a este ejercicio de incidencia política en su carácter de investigadora educativa, y que labora en la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB), nos contó que desde la Coordinación se propuso la mención de la Agenda en el Informe. 

Y, en todo caso, ¿es importante dicha mención? Sería importante sí, ahora que está incluida en el Informe, las autoridades educativas y tomadores de decisiones la leyeran. El documento tiene un formato sintético, ejecutivo, “va al grano”, con el objetivo de fomentar su lectura. Lograr este tipo de formato fue uno de los principales retos al que nos enfrentamos en este ejercicio. No sólo hemos señalado la importancia de diseñar acciones públicas orientadas a la interculturalización de la educación, hemos dado pautas de cómo hacerlo. Sin embargo, personalmente dudo que las autoridades educativas, nuestros principales destinatarios, la hayan leído y la estén considerando para el diseño, hasta ahora conocido, de la política educativa y de lo que llaman la “Nueva escuela mexicana”. Si bien, ésta ha sido caracterizada como intercultural, y, en fase iIntensiva de los consejos técnicos escolares (CTE) del ciclo escolar 2019-2020 se propuso a los participantes reflexionar y formular acciones para impulsar la educación plurilingüe e intercultural, no es claro cómo se crearán condiciones para poder llevarlas a cabo; ni tampoco queda claro cómo y en qué medida esta “Nueva escuela mexicana” innovará con acciones públicas que reviertan los procesos de exclusión, inequidad, castellanización y homogenización cultural a los que los niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas han sido expuestos históricamente en el sistema educativo mexicano. Para ilustrar lo anterior con un ejemplo, el Programa editorial 2019-2020 “Lenguas indígenas, ciencia, tecnologías y narrativas” de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) da continuidad a lo hecho en sexenios anteriores, sin innovar ni plantear un nuevo diseño del programa que esté articulado a la construcción del nuevo currículum y que integralmente atienda la diversidad lingüística del país y posibilite el ejercicio del derecho de los NNA indígenas de todos los niveles educativos a una educación bilingüe. Aunque es justo decir que dicho Programa cuenta por primera vez con presupuesto y no ha sido necesario negociar la obtención de recursos para la impresión de los textos, como año con año se venía haciendo.

Ante, este panorama, me preocupa el escaso éxito que tienen este tipo de ejercicios ciudadanos y académicos para incidir en la política educativa. Conozco y he participado en otros ejercicios como los del Consejo Mexicano de Investigación Educativa con la organización de los Foros COMIE: La investigación educativa ante el proceso electoral 2018 y la elaboración del documento “Propuestas de Atención para la Educación Rural” por parte de la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER). ¿Cuál ha sido la recepción y capitalización de dichos ejercicios por parte del Gobierno federal y concretamente la SEP? No es queja, es certeza de que la política basada en evidencia no es lo que se construye en México. Evidencia es lo que construimos, en muchos casos con recursos públicos, a través de nuestros procesos de investigación; muchos tenemos la intención explícita de que los resultados sean insumo para la política educativa; lo anterior en congruencia con nuestro compromiso con el ejercicio del derecho a la educación y de los derechos de los pueblos indígenas, así como con la solución de problemas que desde hace años han sido identificados.

Este tipo de ejercicios colectivos desde la academia, así como la participación en foros y espacios de participación que se han abierto a propósito de la reforma educativa, constituyen intentos deliberados para la incidencia que tristemente se convierten en monólogos. La interlocución con las autoridades difícilmente ocurre. Paradójicamente, estos monólogos se han convertido en “actos”, que simplemente por ocurrir, le sirven al gobierno para tratar de legitimar el diseño de políticas educativas, que lejos de ser públicas, son gubernamentales. Transitemos a una política educativa basada en evidencias, de carácter público con el diálogo —y no el monólogo— como centro.

 

Rosa Guadalupe Mendoza Zuany
Investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.