Luego de un prolongado ir y venir, de debates más o menos informados, de recibir alguna atención pública y muchas ansiedades, angustias y preocupaciones grupusculares, tribales y privadas, finalmente fueron dictaminadas y aprobadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República las tres leyes secundarias que, en materia de educación, acompañan y teóricamente complementan, los enunciados generales de las reformas al Artículo Tercero constitucional que fueron aprobadas el 15 de mayo pasado. Las facultades legislativas y los poderes meta-constitucionales del jefe del Ejecutivo Federal se pusieron en acción y la maquinaria política morenista se encargó de negociar, ajustar, promover o imponer los contenidos de las nuevas leyes de acuerdo a las disposiciones formales e informales dictadas por el interés presidencial. Por si alguien lo dudaba: el regreso del hiper-presidencialismo mexicano anuncia los nuevos/viejos tiempos políticos de la República.

El oficialismo obradorista ha culminado con éxito sus promesas de campaña para el sector educativo: demoler la reforma educativa del sexenio pasado. En su lugar, se ha construido una nueva épica político-educativa bajo el emblema de la Nueva escuela mexicana. El mascarón de proa de la contrarreforma está hecho de un lenguaje extraño, un amasijo híbrido, acompañado por representaciones y significados ambiguos. Se elimina la evaluación; se tenía la intención de que apareciera la “evaluación diagnóstica” aunque al final quedó excluida de la Ley para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y apenas aparece una mención en la Ley para la Mejora Continua de la Educación. Desaparecen las referencias a la calidad, pero se habla de “mejora continua” y “excelencia” de la nueva educación. Se eliminan las referencias a la “modernización educativa”, o a la importancia los incentivos al mérito individual de los profesores como mecanismo principal de movilidad laboral —seguramente porque son parte del lenguaje “neoliberal” del pasado reciente— que se utilizaron sistemáticamente desde los tiempos del salinismo hasta el peñanietismo para promover cambios en el sistema educativo nacional. 

Ilustración: Pablo García

Las reacciones a las nuevas leyes no se han hecho esperar. Desde la oposición se argumenta que algunos de los cambios  a las leyes son inconstitucionales, por lo que seguramente se promoverán litigios que llegarán en algún momento a la Suprema Corte de Justicia. Para la derecha más radical, las reformas son regresivas, prebendarias, y amenazan la calidad y viabilidad de la educación mexicana. En distintos tonos dramáticos, la derecha panista califica al gobierno como “destructor” mientras que, desde la izquierda perredista (o lo que de eso quede), se acusa al presidente de que “no le interesan los niños”. Organismos como México Evalúa califican como “entreguista” al gobierno al ceder a la CNTE el control de las plazas docentes. En contraste, desde el morenismo en sus diversas versiones, se celebra con satisfacción el dulce sabor del deber cumplido. Para el sindicato, especialmente el representado por la Sección 22 de la CNTE, las nuevas leyes son producto de sus prolongadas luchas, plantones y movilizaciones; un triunfo político que demuestra que siempre tuvieron la razón, y ahora el poder, para oponerse a las “evaluaciones punitivas”, a los castigos salariales y laborales, a  la demonización de sus luchas por parte de analistas, medios y periodistas.

Estas reacciones confirman que la educación es un campo de batalla política, con sus respectivos actores, intereses, ganancias y pérdidas. Pero quizá lo analíticamente importante es que estamos observando un desplazamiento político fundamental en la configuración de la nueva reforma educativa: pasamos del énfasis de la gobernanza centrada en la promoción y coordinación del cambio educativo bajo las promesas (o ilusiones) de la calidad, a la reconstrucción de las bases de la gobernabilidad política del sector. Eso explica los gestos, los lenguajes, los símbolos de la nueva reforma.

Se trata de pactar, negociar y conceder a la CNTE y al SNTE los poderes y espacios de una imaginaria era dorada del sindicalismo corporativo, como moneda de transacción entre el Estado y la educación básica, o mejor dicho, entre la burocracia educativa y la burocracia sindical. El ”pase automático” de los egresados de las escuelas normales a las plazas docentes (que en realidad, ni es pase ni es automático, sino que tiene algunas condicionantes importantes ya contenidas en el nuevo tercero constitucional); la participación de los maestros y sus organizaciones en todas las instancias colegiadas del sistema educativo nacional (desde las Comisiones Nacionales hasta los Consejos Técnicos de Escuela); la opinión y propuestas de los profesores y profesoras en el diseño de contenidos y prácticas educativas forman parte de la Nueva escuela mexicana.

La lógica de la reforma a las leyes es, por supuesto, política, no técnica ni pedagógica ni romántica. Pero tiene sentido. Reconstruir las bases de la legitimidad de la autoridad educativa (el poder del Estado) es la tarea principal. Y eso sólo se hace reconociendo la legitimidad y el poder de las organizaciones de maestros: las que hay, no las que deberían ser o las que se imaginan los opositores a las nuevas políticas educativas. En este sentido, las reformas tienen un pragmatismo político inocultable, expreso, deliberado. Se trata de desactivar la conflictividad magisterial que se ha naturalizado desde hace treinta años en la vida pública mexicana. Es una hipótesis arriesgada pero interesante: es preferible mantener umbrales de gobernabilidad efectiva de la educación antes que promover cambios en nombre de la calidad internacional o la mejora de los aprendizajes nacionales y los logros locales del sector.

Las canonjías, privilegios, redistribución de recursos, y reconocimientos forman parte del nuevo acuerdo para la gobernabilidad educativa. Las posibilidad de corrupción, clientelismo y neo-corporativismo emergen en el horizonte como parte de las riesgos asociados a la hipótesis del nuevo oficialismo.  Para ello, habrá que esperar a observar el proceso de diseño e implementación de las políticas educativas específicas, y cómo se adaptan o cambian las prácticas políticas y magisteriales que forman parte de los usos y costumbres de la escuela pública contemporánea. Después de todo, hay que recordar que las leyes no son las políticas. Éstas requieren procesos de traducción, organización, financiamiento, coordinación, supervisión y evaluación.  Las leyes son el primer paso. La política y las políticas reaparecerán seguramente, durante el proceso de instrumentación. Existía la posibilidad de que las leyes se modificaran ayer en el Senado, pero esto no ocurrió, y se aprobaron las mismas leyes que salieron de San Lázaro. De cualquier modo, durante los próximos años veremos si el énfasis en la gobernabilidad —es decir, la gestión del conflicto— será suficiente para fortalecer la gobernanza educativa, que significa la gestión del cambio para la mejora del sistema.

Esa tensión entre gobernabilidad y gobernanza educativa constituye el centro estratégico de la nueva reforma del sector, tal como ocurrió con la experiencia del gobierno peñista. Hoy sabemos que la gestión del conflicto devoró la gestión de los cambios a lo largo del sexenio anterior. Bajo la sombra (y el poder) del nuevo oficialismo, el escenario se puede repetir, con todo y las leyes aprobadas. El riesgo mayor es que no pase nada, que el proceso de discusión, los diagnósticos, los relatos utópicos o catastróficos sobre las implicaciones de las reformas en la construcción de la Nueva escuela mexicana sólo queden en eso: un espectáculo político acompañado por la música de fondo de la 4T, la banda sonora de nuestra época. Para los simpatizantes del escepticismo metodológico, una extraña sensación dejà vú queda flotando en el ambiente. 

 

Adrián Acosta Silva
Coordinador de la Unidad de Política Educativa del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la U. de G.