El tema de ciencia y tecnología ha encabezado titulares en la nueva administración pública federal, de forma discreta o indiscreta. No es para menos, pues la nueva Ley general de Ciencia, Tecnología e Innovación —que tiene que ser publicada el próximo año— guiará las directrices y objetivos de México para el resto del siglo XXI. Desde que inició el gobierno actual, las disputas, discrepancias y recortes presupuestales a la comunidad científica han sido objeto de discusión en diversos espacios públicos y medios masivos.

La Ley surgirá después de un largo proceso de diálogo, discusión y reflexión entre amplios sectores del gobiernos federal y los gobiernos estatales, el Poder Legislativo, la sociedad civil organizada, el sector privado y la academia, entre otros. El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) es la entidad gubernamental responsable de elaborar las políticas científicas nacionales; es de esperarse que dicho Consejo adquirirá un renovado impulso como institución primaria para el reajuste social de este sector, que sabrá salir fortalecido y acompañado por otros actores de la academia y la industria. El andamiaje gubernamental en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), aunque encapsulado en una estructura centralista y necesitado de mayor participación de otros actores y de gobiernos locales, está bien cimentado, cuenta con capital humano especializado y centros de investigación de vanguardia.

Ilustración: Raquel Moreno

Por su lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pertenece al andamiaje federal que contribuye, fortalece y sirve al desarrollo científico-tecnológico nacional, ya sea mediante la red de embajadas y consulados, las misiones en organismos internacionales, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el fondo sectorial de investigación SRE-CONACYT. En tal sentido, el canciller Marcelo Ebrard ha resaltado la importancia de fortalecer la política exterior mexicana en favor del  conocimiento, ya que “de ello depende la autonomía y el bienestar” del país, así como la relevancia de establecer alianzas de asuntos estratégicos.

La diplomacia del conocimiento —diplomacia científica—, considerada por algunos como elemento clave del “poder blando”, sirve de herramienta pública del Estado, promueve la labor científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en las relaciones internacionales. En el siglo XXI se incide directamente  a través de la diplomacia científica en la movilidad de académicos y científicos, en el fortalecimiento de proyectos de investigación entre países, y en la intervención de los científicos en la formulación de políticas públicas. Cada vez más, los países adoptan mecanismos de asesoramiento científico y otros medios para abordar la importancia de la ciencia en la toma de decisiones.

La diplomacia científica es considerada una prioridad pública en diferentes países entre los que destacan España, Canadá, Dinamarca, Francia, Japón o Panamá, en donde forma una parte cada vez mayor de los perfiles y requisitos de los embajadores, diplomáticos y agentes de cooperación internacional al servicio del Estado.

La iniciativa danesa Techdiplomacy se basa en un modelo novedoso diplomático enfocado en las empresas de alta tecnología como prioridad para la política exterior, así como en sensibilizar de los peligros de las tecnologías disruptivas y las brechas digitales. Dinamarca ha sido país pionero en conformar la figura del “embajador tecnológico”. En 2018, Panamá estableció la “Estrategia de diplomacia científica, tecnológica y de innovación, como instrumento de la diplomacia del siglo XXI”, que establece que los nuevos cuadros diplomáticos deben estar asimilados en disciplinas de CTI.

En Canadá, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau ha fijado la prioridad de impulsar la ciencia, la investigación y la innovación, e invertir en la nueva generación de investigadores (mujeres, minorías e indígenas). De las diez provincias canadienses, Quebec encabeza el ecosistema nacional en CTI que, con respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores, fortalece la investigación, la movilidad académica internacional y los recursos humanos de especialidad. Se prevé que esta tendencia continúe durante su segundo mandato.

Para España, la diplomacia científica contribuye a resolver los desafíos de la globalización como el cambio climático, las pandemias, los desastres naturales, la proliferación nuclear o la seguridad cibernética, apoyándose en el conocimiento científico y la tecnología innovadora. España ha realizado con éxito el programa piloto “embajadores para la ciencia” que incluye a diplomáticos y científicos nacionales para compartir experiencias y conocimientos. La cancillería española encuentra relevante crear las figuras de “consejeros científicos”, embajadores especiales para la CTI, y asesores específicos en la materia.

Por su parte, la diplomacia científica de Japón se centra en cuatro objetivos primordiales: negociar la participación de científicos japoneses en programas internacionales de investigación; asesoramiento científico para la formulación de políticas; ayudar a construir ciencia en los países en vías de desarrollo; y utilizar a la ciencia para proyectar la influencia japonesa en el escenario internacional para atraer inversión. Japón ha integrado a más de 20 embajadas en el exterior a oficiales especializados en ciencia y tecnología con el objetivo de ampliar el acceso a recursos para la investigación fuera de sus fronteras.

Francia, por su parte, posee una de las mejores redes y estructuras para desplegar la diplomacia científica; la cancillería promueve los resultados científicos de investigadores y la movilidad de los científicos, facilitando los visados tanto de entrada y salida de científicos. Un esquema exitoso de la diplomacia científica gala son los productos que las representaciones en el exterior difunden con los reportes que generan como observadores.

En distintos frentes, México ha logrado aciertos en las agendas de organizaciones multilaterales como la ONU, UNESCO, OCDE, OEA, así como en consulados y embajadas estratégicas. Ha tenido, también, presencia en los circuitos de alto emprendimiento, de empresas tecnológicas globales y de investigación en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en ciudades como Montreal, Boston, Seattle, Berlín, Londres y París, entre otras.

La diplomacia científica mexicana ha contribuido a que la agenda internacional aborde el impacto del cambio tecnológico en la vida humana y a concientizar que, si bien pueden aumentar las desigualdades, las nuevas tecnologías contribuyen a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Destacan también los impactos socioeconómicos y ambientales de la inteligencia artificial (industria 4.0) y otras tecnologías atomizadas (exponenciales), entre otros tantos temas.

En septiembre de 2019,  la oficina de UNESCO en México suscribió una carta de intención con la Red Nacional de Organismos de Ciencia y Tecnología para integrar la perspectiva de la ciencia como derecho humano. Dicho enfoque resulta novedoso incluso para la comunidad científica, los defensores de los derechos humanos, los cuerpos diplomáticos y las autoridades en general. El documento UNESCO-REDNACECYT podría significar un cambio de paradigma para el gobierno y la comunidad científica mexicana; podría, también, propiciar un diálogo multisectorial más humanista con enfoque científico apegado a los derechos de las personas. Cabe recordar que en 2011 se incluyó el principio de política exterior de los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. Es cuestión de tiempo para que dicha discusión comience a reflejarse en los sectores del país. En un mundo interconectado, volátil e inmerso en el proceso de la “cuarta revolución industrial” —o de “tercera ola”— el aislamiento científico-diplomático puede limitar el bienestar social y las oportunidades de desarrollo, así como amedrentar la paz y la seguridad internacional.

Hay especialistas que advierten que los cambios actuales sobrepasan toda revolución industrial 7 que el rumbo actual implica un cambio radical económico, social, político, cultural y cognitivo. El sector vinculado a las relaciones exteriores y a la política exterior mexicana no puede quedar ajeno a este proceso, debe mantener pasos firmes en favor del conocimiento científico, la cooperación y la política internacional científica, humanista y ética que conlleva la “cuarta revolución industrial”.  Esto lograría sumar al largo historial de la diplomacia mexicana los asuntos de ciencia y tecnología.

Con miras a la futura Ley y al replanteamiento del Conacyt, es necesario que la SRE/AMEXCID incorporen y se asesoren en asuntos de CTI, participen en la organización de foros y seminarios específicos, y fortalezcan la interrelación en asuntos teóricos, prácticos y de cooperación internacional. Los programas institucionales, aún en ciernes, deben delinear objetivos y proyectos en conjunto y no esfuerzos dispersos y aislados entre ambas. Las propuestas podrán ser múltiples; sin embargo, en aras de potenciar la diplomacia del conocimiento en el corto plazo, sería recomendable concretar algunos temas pendientes:

• Establecer la asesoría científica en la oficina el canciller y la figura de agregados y/o consejeros científicos en embajadas/consulados estratégicos y en organismos internacionales. Por años esto ha sido una asignación pendiente de la SRE y del Conacyt, imposibilitados tanto por motivos administrativos como presupuestales.

• Propiciar una mayor participación de la SRE en los órganos de consulta y asesoría del Conacyt, ya que no figura en la junta de gobierno, ni en la comisión asesora del consejo.  Lo anterior permitirá una mejor interrelación y mayor impacto de los programas y proyectos conjuntos, potenciaría la internacionalización de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) y fortalecería la vinculación con la comunidad científica internacional.

• Reorientar las premisas y objetivos del Consejo Técnico de la AMEXCID, en el que participa el Conacyt, con propósito de fortalecer el diálogo, la toma de decisiones y las acciones específicas que impulsen la cooperación internacional en CTI, para así dejar de servir solamente como foro informativo y descriptivo.

La coyuntura internacional y la transversalidad tecnológica que impera en la actualidad hacen evidente la necesidad de profundizar el conocimiento científico, el desarrollo económico y las políticas públicas para potenciarlo. En el actual contexto global, la diplomacia científica es herramienta fundamental para el bienestar económico y social de las naciones.

La cancillería no puede desaprovechar la oportunidad que la CTI representa para la evolución de las relaciones internacionales y la diplomacia contemporánea. Sería inaceptable que México, con todos los recursos necesarios para ello, quede a la deriva mientras otros gobiernos y sociedades avanzan; las consecuencias serían adversas en el mediano plazo. El futuro empieza hoy.

 

Carlos Rodríguez Campos
Cuenta con experiencia laboral en cooperación internacional para el desarrollo en la AMEXCID y actualmente se desempeña como consultor independiente.