Para comprender lo que ocurre con la educación superior en Brasil en el gobierno de Bolsonaro es necesario volver hacia atrás para comparar cómo estaba antes, cómo surgió el actual gobierno y cuál ha sido su postura sobre este sector. Brasil tiene hoy cerca de 8.5 millones de estudiantes en educación superior, de los cuales 6.4 millones se encuentran en instituciones privadas; 1.3 millones en instituciones federales y los demás en universidades públicas de los estados, entre las que destacan tres universidades del estado de São Paulo: Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas y Universidade Estadual Paulista. Entre las tres tienen 120 mil alumnos y son responsables de un 40 % de la producción científica de calidad internacional del país, según la clasificación de la Universidad de Leiden.

Hasta 2015 —en los gobiernos del Partido de los Trabajadores— hubo una política de destinar más recursos y aumentar el acceso tanto en las universidades federales como en las privadas, que crecieron más o menos en la misma proporción. Para las universidades federales se creó una política de abrir nuevas universidades y se desarrolló un programa para construir nuevos espacios y contratar profesores en instituciones que aceptaran recibir más estudiantes. Para las universidades privadas se otorgaron exenciones de impuestos a cambio de becas parciales o totales para determinado número de estudiantes y se creó un sistema muy amplio de préstamos garantizados por el gobierno. Estas dos políticas lograron que el número de estudiantes se duplicara entre 2003 y 2015, quedando todavía por debajo de los principales países de Latinoamérica.

Ilustración: Víctor Solís

Con la crisis económica y fiscal que comenzó en 2015, los recursos se tornaron muy escasos y el gobierno creó un sistema de préstamos mucho más restringido para el sector privado. Las políticas de restricción del gasto público en general, no solamente para las universidades, empezaron desde el inicio del segundo gobierno de Dilma Rousseff y siguieron después del juicio político en los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro. En las universidades del sector público, un 90 % de los costos se destina a los sueldos de los profesores, que son empleados públicos y no pueden ser despedidos. Lo que los gobiernos pueden hacer, e hicieron en cierta medida, fue reducir los gastos de manutención, obras y becas estudiantiles. El sector privado empezó una fuerte política de expansión de educación a distancia, que reduce mucho los costos, para adaptarse a la reducción del sistema de préstamos.

Mientras tanto, el gobierno de Bolsonaro llegó al poder sin ninguna idea de lo que pasaba en el sector de educación, más allá de una impresión difusa de que las escuelas y universidades estaban llenas de “marxistas”. Hasta su elección, Bolsonaro era un diputado con poca visibilidad que, siempre con sus hijos, se desempeñaba en la política gracias —sobre todo— al apoyo de militares de bajo rango, sectores asociados a organizaciones paramilitares que controlan gran parte del territorio de Rio de Janeiro y grupos evangélicos. Él y su grupo manifestaban una ideología política de extrema derecha, defendiendo el antiguo gobierno militar brasileño, la tortura y la ampliación del uso de armas. Su elección fue un resultado del resentimiento de la población en contra del Partido de los Trabajadores y de los partidos políticos tradicionales por la crisis económica y los escándalos de corrupción, por un lado, y del uso eficiente de las redes de internet , por el otro, que anuló los efectos de la propaganda política de los partidos tradicionales, con un discurso simple, criticando a la corrupción, a los políticos y de defensa de valores culturales tradicionales.

Sin organización política, ni equipo propio mas allá de sus hijos y unas pocas personas, Bolsonaro reconoció públicamente que no entendía nada de economía y entregó las cuestiones económicas a Paulo Guedes, un economista del mercado financiero egresado de la Universidad de Chicago. Consiguió que el juez Sergio Moro, que había coordinado los procesos contra la corrupción, aceptara el puesto de ministro de justicia con la promesa de que tendría total libertad para actuar, y trajo un gran número de militares —en su mayoría jubilados— para puestos administrativos. Bolsonaro tuvo mucha dificultad, por otro lado, en decidir a quién encargar el ministerio de educación, porque los nombres que le eran presentados eran vetados por grupos ideológicos más cercanos a la extrema derecha. La solución fue apoyarse en Olavo de Carvalho, un filósofo autodidacta, ex astrólogo, versión brasileña de Steve Bannon, que vive en Estados Unidos y que se transformó en el gurú intelectual de su grupo. La persona que sugirió Carvalho fue Ricardo Vélez Rodríguez, nacido en Colombia y que había hecho una carrera en Brasil como profesor de filosofía de orientación conservadora. Vélez quedó algunos meses en el ministerio sin alcanzar a entender la complejidad de la máquina burocrática que tenía que administrar; después de dar una presentación en el Congreso Nacional fue duramente criticado por Tábata Amaral, una joven diputada de 25 años por São Paulo, por su desconocimiento e incompetencia de los temas de educación.

El segundo ministro fue Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub, quien tiene el apellido de la familia real brasileña: Orleans e Bragança. Weintraub viene del mercado financiero, forma parte del grupo más cercano de Bolsonaro y es activo en las redes sociales, donde se distingue por enviar mensajes agresivos. En los primeros días, dijo que las universidades federales, además de guaridas de izquierdistas, eran dominadas por “el desorden” (“balbúrdia”) y que buscaría cortar los recursos de las que siguieran portándose “mal”. Más adelante dijo que algunas universidades mantenían plantaciones de marihuana en sus laboratorios. Anunció, además, que iba reducir el número de becas de los programas de posgrado. Con motivo del “Día de la República”, que se conmemora en Brasil el 15 de noviembre, declaró que los buenos tiempos del país eran los del imperio, en el siglo 19, que fueron también los tiempos de la esclavitud.

En la práctica, hizo mucho menos de lo que amenazó. Los recortes en los recursos de las universidades federales fueron de un tercio de los gastos corrientes, correspondientes a cerca del 3 % del total. Fue parte de una reducción general de gastos de todo el gobierno, que al final del año fue cancelada porque hubo una mejora de la situación fiscal. Lo mismo ocurrió con las becas, cortadas en el primer momento y restablecidas después. Otros puestos en el ministerio fueron llenados por economistas y funcionarios de carrera del gobierno federal, que de a poco empezaron a entender mejor cómo funcionan los diferentes sectores de la educación. La CAPES, la agencia que se encarga del apoyo al posgrado, siguió funcionando normalmente y la secretaría de educación superior desarrolló un programa para crear un fondo de apoyo a proyectos universitarios en las áreas de innovación, emprendimiento e internacionalización, con instrumentos modernos de rendición de cuentas y gestión de derecho privado. Además, existió una amenaza del gobierno de intervenir en el contenido del examen nacional de evaluación de la educación secundaria (ENEM), por supuestamente tener contenidos ideológicos, pero esto no ocurrió y el examen de 2019 fue conducido normalmente.

En resumen, las previsiones más catastróficas de una política destructiva del gobierno Bolsonaro en contra de la educación pública no se han cumplido, pero, por otra parte, no hay señales de el gobierno sepa qué hacer con una serie de cuestiones pendientes como, por ejemplo: modernizar y conseguir que las universidades públicas sean más eficientes; regular de manera adecuada el sector privado; decidir sobre qué políticas llevar adelante en el área de ciencia y tecnología; organizar el sistema de financiamiento de la educación básica; tomar decisiones sobre la formación de maestros, entre muchos otros temas pendientes.

Después del primer año queda claro que el gobierno de Bolsonaro tiene muy poca capacidad de aprobar sus políticas en el congreso, la economía no logra mejorar significativamente y las promesas de avanzar en la lucha contra la corrupción se han frustrado, en gran parte por que uno de sus hijos, y varios de sus aliados, están siendo investigados por actos de corrupción. La mayoría de los militares de algo rango que entraron al gobierno en el primer momento se han alejado, principalmente, por conflictos con el grupo más cercano al presidente y existen situaciones de tensión entre la presidencia y los “superministros” de economía y justicia. La aprobación del gobierno en las encuestas de opinión se ha reducido a casi 30 %, y lo más probable es que, en los próximos años, las preocupaciones económicas y electorales sigan en el primer plano y la educación siga más o menos como está hasta el momento: sin rumbo.

 

Simon Schwartzman
Investigador asociado al Centro de Estudos de Política Econômica – Casa das Graças – en Rio de Janeiro.