La discusión reciente entre aspirantes a cargos populares y autoridades sobre el tema educativo se ha concentrado en la reforma impulsada en esta administración —o mejor dicho— en un aspecto muy específico de esa reforma: la evaluación docente. Esto representa una reducción muy peligrosa por dos razones: primero, porque deja fuera de la discusión pública todos los demás retos del sector, muchos de los cuales son más apremiantes que dicha evaluación; segundo, porque ver la evaluación docente como un solo tema, sin analizar por separado los componentes de la misma que establece la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), nos puede llevar a consecuencias que a ningún partido le debería interesar provocar.

En los términos originales de la reforma, que son citados en la iniciativa presidencial enviada al Congreso de la Unión en diciembre de 2012, se propusieron dos acciones: la promulgación de la citada LSPD y el otorgamiento de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La LSPD, en sus principales líneas, establece que todas las plazas docentes y promociones se asignen por concurso de oposición, además de evaluar periódicamente a todos los docentes en servicio. En este último caso, la llamada “evaluación de permanencia”, determina que cuando un docente no obtenga un resultado satisfactorio en tres intentos consecutivos, se le retirará de las aulas y se le asignarán en su lugar tareas administrativas. En el caso de los docentes que ingresen al servicio después de la promulgación de la nueva Ley, un tercer intento fallido representa el retiro de su plaza sin derecho a que se le asigne automáticamente otra tarea en el sector público.  

En los últimos meses, distintas personas se han pronunciado para atacar o defender lo que denominan “reforma educativa”. Parte del problema es que parecen referirse a universos distintos, pues para la SEP la reforma no se limita a las dos acciones iniciales y se ha extendido a muchos otros programas realizados en la presente administración. El documento “Reforma educativa” publicado por la Presidencia enumera 14 acciones como parte de la reforma que, además de las inicialmente planteadas, incluyen temas de gestión escolar, financiamiento y participación social, entre otras. Prácticamente toda acción iniciada por la presente administración ha sido incorporada al concepto de “reforma educativa” y la SEP promueve dar continuidad a todo ello.

En el grupo contrario encontramos significados diferentes. El más visible opositor a la reforma entre los precandidatos presidenciales es Andrés Manuel López Obrador. Él ha señalado que —al triunfo de su movimiento— “cancelará la mal llamada reforma educativa”, por ser un “mecanismo de sometimiento [….] de coerción, de imposición”, pues “[…] no se va a seguir humillando al magisterio nacional”.. Queremos pensar que el precandidato se refiere no al concepto de reforma que maneja la SEP, y ni siquiera a toda la LSPD, sino a una parte concreta de la misma: la que obliga a todos los docentes a evaluarse periódicamente: la “evaluación de permanencia”, que es lo que ha desatado mayor polémica entre el magisterio.

Por estas razones, mi primera invitación es que los actores educativos no centren su debate en la “reforma educativa” en general. Sería más preciso y prudente definir en todo momento el programa o acción específica al emitir sus opiniones. En cuanto a la discusión actual, parece pertinente acotarla a la conveniencia o no de mantener la “evaluación de permanencia” y  –en su caso– de las modificaciones necesarias a la misma; de esa manera no se pone en la misma discusión la asignación de plazas docentes y ascensos por concursos de oposición, como lo establece la LSPD.

El otorgamiento de plazas y ascensos por concurso es un avance sumamente significativo para el sistema educativo mexicano. Sus beneficios son evidentes: permite pensar en que cada vez contaremos con los mejores perfiles disponibles de quienes se quieran dedicar a la profesión docente; termina con la privatización de facto que ejercían autoridades estatales y líderes sindicales, quienes por ley se repartían a partes iguales la atribución de asignar las plazas recién creadas sin la obligación de sujetarse a criterios académicos; dignifica al magisterio al asegurar que sea el mérito académico lo que determine ingresos y promociones; prohíbe que un acto de corrupción (la compra de una plaza por dinero o favores) sea necesario para ingresar a una de las profesiones más importantes en toda sociedad; evita que los maestros que se jubilan puedan heredar su plaza o venderla a quien ellos determinen; y logra que todas las plazas –al crearse o desocuparse– permanezcan en todo momento como “propiedad” exclusiva del sistema educativo nacional. Hoy, cualquier joven egresado de una escuela normal o universidad que desee una plaza docente puede concursar por ella y ganarla si su capacidad se lo permite, sin necesidad de comprarla o de conocer a “alguien” que le ayude a obtenerla: el proceso finalmente se ha democratizado.

Cabe señalar que la evaluación para el ingreso y promoción es bien recibida entre quienes desean ingresar al servicio docente. Una encuesta reciente entre más de 4 mil estudiantes de escuelas normales (Proyecto Educativo SC, 2017) nos hizo saber que para un 90 por ciento de los encuestados obtener una plaza por concurso les parece “agradable o indispensable”, en tanto que un 94 por ciento prefiere que los incrementos salariales y las promociones se otorguen según su desempeño profesional.

Una segunda invitación es la de no dejar fuera del debate los temas más sensibles de la agenda educativa, muchos de los cuales permanecen ignorados hasta ahora. Los ejemplos son muchos. En primera instancia está nuestra incapacidad para asegurar la asistencia escolar de todas las personas de entre 3 y 17 años de edad, como lo obliga la Constitución. De acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI, en 2015 había 4,762,863 personas de esas edades que no asistían a la escuela, de las que más de 2 millones de ellas viven en localidades de más de 50 mil habitantes: el problema aqueja a comunidades pequeñas y grandes urbes por igual. No obstante, el sector educativo no tiene una estrategia clara ni acciones acordadas con otras instancias para atender el que posiblemente sea el tema más esencial para este sector. Tampoco se escuchan voces en los partidos de oposición que demanden atender el asunto. Ello bien merece un esfuerzo nacional de articulación de instituciones públicas y privadas de todos los niveles (nacionales, estatales, municipales), dentro y fuera del sector educativo, para avanzar en el cumplimiento de la obligación constitucional del gobierno de impartir servicios educativos a toda la población hasta el nivel medio superior (Art. 3o) y la obligación de los padres de familia de hacer que sus hijos concurran a las escuelas hasta concluir ese mismo nivel educativo (Art. 31). 

Tampoco hay suficientes esfuerzos para lograr que todos los estudiantes permanezcan en la escuela hasta concluir al menos la educación media superior. El tema no es menos serio que el anterior: de mantenerse los indicadores actuales de eficiencia terminal (proporción de estudiantes que concluyen un nivel educativo de entre quienes ingresaron al mismo) y absorción (proporción de estudiantes que ingresan a un nivel educativo de entre quienes concluyeron el nivel previo), apenas un 56 por ciento de quienes ingresaron a primero de primaria en el presente ciclo escolar concluirá la educación media superior. Esto significa que el sistema es insuficientemente eficaz para cerca de la mitad de quienes inician la primaria. A este respecto, si bien el Gobierno Federal destina importantes recursos para becas, los niveles actuales de abandono escolar sugieren que las demás causales del problema (escolares, familiares) no están recibiendo la atención debida. Al igual que en la inasistencia escolar, tampoco identificamos a promotores de la permanencia escolar en las diversas opciones políticas del país. 

Otros temas esenciales para elevar la equidad y la calidad del sistema educativo mexicano que esperan promotores y propuestas de parte de los partidos políticos son el combate al analfabetismo, que en 2015 afectaba a 4,749,057 personas mayores de 15 años según INEGI; el fortalecimiento de las escuelas comunitarias a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), así como de las escuelas multigrado e indígenas, que son las que trabajan con mayores carencias aun cuando atienden a las hijas e hijos de las familias más vulnerables del país; el reforzamiento de la educación especial y la orientación educativa, que se vuelven fundamentales entre las familias con menores posibilidades de acompañar el desarrollo personal de sus hijos; el impulso a la educación inicial, especialmente entre familias de bajos recursos por ser factor importante para la equidad; la formación inicial de los docentes, que requiere acciones más sólidas para elevar su calidad y alinear sus contenidos a los de la educación básica; la capacitación de los maestros en servicio, que requiere estrategias y presupuestos más consistentes; y la formación de directores y supervisores, quienes en su gran mayoría ingresan a esas posiciones sin recibir capacitación alguna, por mencionar algunos temas cuya atención parece inaplazable.

En conclusión, esperamos que la agenda educativa sea parte fundamental de la oferta que presenten en sus campañas las opciones políticas tanto en el nivel federal como en los estados. Pero también esperamos que dichas ofertas permitan conocer propuestas concretas a problemas específicos, y que se incluyan los temas fundamentales de la educación, incluso de aquellos que puedan tener poco atractivo electoral. Así podremos identificar entre quienes ven a la educación como un tema electoral y quienes ven a la política como herramienta para la mejora educativa.

Bernardo Naranjo dirige la organización de investigación aplicada y asesoría a sistemas de educación pública: “Proyecto Educativo SC”.