Los atentados contra la neutralidad de la red no iniciaron con las medidas adoptadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) del gobierno estadounidense en torno a la apertura de Internet publicadas en diciembre de 2017. Previo a ello, se pudieron observar prácticas en el ciberespacio que pusieron en duda la neutralidad de la red. Algunos ejemplos de ello son el espionaje cibernético, práctica recientemente develada como de uso común por algunos gobiernos latinoamericanos en la que se atenta contra la privacidad de las personas, o, de la misma manera, las políticas de acceso a los sitios de redes social que permiten el despojo de algunos derechos y responsabilidades que tienen los usuarios  sobre las fotos o videos que comparten en sus plataformas, o incluso la opción de monetización de las vistas a los videos que suben a Internet los llamados “Youtubers” representan prácticas que atentan contra la neutralidad de la red. Internet es un espacio con grandes posibilidades para generar ingresos económicos, es innegable, pero también es un franco canal para el acceso al conocimiento y ese aspecto es el que las instituciones educativas deben procurar.

El acceso irrestricto a Internet en México es un derecho constitucional. En el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el Estado debe garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, estableciendo, asimismo, las condiciones adecuadas para que los proveedores de servicios de Internet presten sus servicios en apego a la ley. En los artículos 145 y 146 de la ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada el 14 de julio de 2014 en el Diario Oficial se dice explícitamente que los proveedores de Internet deberán: 1) respetar la libre elección de los usuarios para acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio en el marco de lo legal; 2) no obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios; 3) cuidar la privacidad de los usuarios; 4) transparentar las características del servicio que ofrecen; 5) preservar los niveles mínimos de calidad; y 6) sostener el desarrollo de la infraestructura de red. Por lo que, en caso de que los proveedores de Internet decidieran bloquear o ralentizar el acceso a sitios específicos de Internet estarían violando las leyes mexicanas.

En este sentido, Internet tampoco tiene límites geográficos. No hay una “Internet mexicana” que esté plenamente protegida por la Constitución o por la Ley de telecomunicaciones y radiodifusión, y si un país decidiera cambiar las reglas que rigen al acceso  —y empoderar así a los proveedores del servicio de Internet o ISP (por sus siglas en Inglés)— Internet dejaría de ser lo que hasta hoy había sido. Si Estados Unidos revoca las leyes proclamadas en 2013 —pero utilizadas implícitamente desde los inicios de las redes informáticas— en las que los ISP requieren aprobación explícita de sus clientes para acceder a su información personal, la huella digital de los usuarios de Internet se haría pública, evidenciando los historiales de navegación, sus preferencias de consumo y generación de información  incluidas, por ejemplo, las referentes a cuestiones de salud y finanzas.

Pero el problema no terminaría con la exposición de la huella digital de los internautas y lo que eso significaría en términos de su privacidad. El cambio de una red neutral a una red controlada pone en riesgo el acceso irrestricto a la información, su libre elección, la no discriminación y la transparencia misma de la red. La caída de la neutralidad permitirá que las compañías proveedoras de servicios de Internet ralenticen el acceso a la información, lo segmenten e incluso lo bloqueen, llevando a Internet de un espacio democrático, libertario y progresista en el que toda la información sin importar su adscripción política, cultural o comercial puede ser alcanzada, a un entorno nepotista, discriminatorio y reaccionario, en donde solamente se da cabida a la postura oficiales y a las que difieren, se les frena o bloquea.

La ralentización del contenido generaría un Internet para ricos y uno para pobres. Los creadores de contenido deberán pagar para que su información fluya y pueda ser encontrada de forma oportuna por su audiencia objetivo, considerando que en la mayoría de los casos el usuario de la red tenderá a preferir una experiencia de navegación veloz y fluida sobre la que obtenga en los sitios web ubicados en “terra lenta”.

La segmentación del contenido por su parte, genera una Internet de contenidos de primera y de segunda clase. Con esto, los ISP podrán manipular las rutas de acceso a la información, afectando la experiencia de usuario en dos sentidos. Por un lado, los resultados de las búsquedas de información serán sometidos a un filtro distinto al de fecha, tipo de medio o relevancia para el usuario, arrojando como coincidencias de búsqueda una serie de contenidos patrocinados o seleccionados por el ISP. Por el otro lado, la visibilidad del contenido generado por los clientes dependerá del pago de una cuota de despliegue, que de no cubrirse resultaría en el acallamiento del usuario y en casos extremos hasta su bloqueo, atentando contra el derecho de acceso a la información de los internautas.

Para el caso concreto de las instituciones de educación superior, atentar contra la neutralidad de la red tiene implicaciones preocupantes. Internet surgió para conectar redes de computadoras y equipos de cómputo ubicados a lo largo y ancho del planeta con la premisa de hacer fluir la información sin lucrar con ella. La neutralidad de la red garantiza su equidad. Al ser violentada, Internet dejaría de ser un servicio de telecomunicaciones, volviéndose un servicio mercantil de información, en el que los usuarios con recursos económicos acceden a una Internet “premium” y los que no tienen, podrán hacer uso de una Internet limitada con acceso a demos, a probaditas, a textos incompletos o a información controlada por el ISP.

Además de las diferencias existentes entre las  Instituciones de Educación Superior (IES) que operan con altos techos financieros y que pueden invertir en licenciamiento de software, equipamiento, conectividad y suscripciones a revistas de prestigio con respecto a las que su presupuesto solamente alcanza básicamente para cubrir la nómina del personal administrativo y académico, al segmentar el acceso a la información se generará una brecha digital de acceso a la información, afectando la producción académica de las instituciones en dos sentidos. Por un lado los académicos se alejarán de la información que requieren para hacer sus investigaciones, y por el otro deberán cubrir una cuota que les permita colocar el contenido de su autoría en el segmento de mayor visibilidad, yendo con esto hacia el lado contrario de los logros editoriales alcanzados por el movimiento de la ruta verde de publicación. Con Internet en manos de empresarios, el contenido que atente contra los intereses económicos de los grupos aliados al proveedor será bloqueado sin importar que éste sea un hallazgo médico, la liberación de una patente o un invento que mejore procesos sociales.

Para eludir la ralentización del acceso a la información, académicos e instituciones de educación superior deberán pagar otra cuota para acceder a las vías rápidas de la carretera de la información, marcando lo que en el mundo físico ya es evidente: las IES con mayor recursos económicos acceden a la información con mayor rapidez y oportunidad, mientras que las IES con menor presupuesto deberán conformarse con un acceso de baja velocidad a los contenidos de Internet.

El debate en México sobre la protección de la neutralidad de la red sigue pendiente. Después del anuncio de su derogación en Estados Unidos, en nuestro país no hubieron reacciones importantes. Por el momento, no hay posicionamientos de las IES Mexicanas al respecto; la actividad en redes sociales por parte de los activistas e “influencers” mexicanos es escasa y moderada como también , lo es la postura del capítulo mexicano de Internet Society en donde se ha hecho circular un texto en el que se explica la neutralidad de la red

En el corto plazo, la derogación de la neutralidad de la red hará evidente el tratamiento preferencial de los usuarios, la reducción de velocidad de acceso a la información y el bloqueo de contenido, para que en el mediano plazo, sea Internet un espacio virtual en el que se reproduzcan las desigualdades sociales, se diferencien a los internautas y se amplíen las brechas entre los “info ricos” y los “info pobres”. Con la supresión del principio de neutralidad de la red, la producción académica de las instituciones —que representa un patrimonio académico, científico y cultural de los países— no fluiría adecuadamente, siendo de facto un golpe directo a la libre divulgación de la ciencia y al acceso a la información académica. La intromisión de los ISP en la gobernanza de Internet abre la puerta a la vigilancia de la comunidad académica, atentando así contra la libertad de expresión, transparencia y democracia.

 

Alberto Ramírez Martinell
Investigador de la Universidad Veracruzana.