agosto 14, 2019

¿Qué pasa con el Conacyt?

Desde el largo periodo de transferencia de poderes (julio-noviembre de 2018), el presidente electo —Andrés Manuel López Obrador— y la anunciada directora del Conacyt —María Elena Álvarez-Buylla— han realizado acciones que han sido mal recibidas por la comunidad científica. La primera de ellas fue una comunicación que Álvarez-Buylla envió al director en funciones del Conacyt —Enrique Cabrero Mendoza— en la que le solicitaba suspender las entregas de recursos a un gran número de proyectos previamente aprobados y en ejecución, así como cancelar algunas convocatorias ya en curso. Álvarez-Buylla, siendo parte del equipo de transición pero sin contar con un nombramiento oficial, no tenía atribuciones para solicitar tales acciones. De hecho, Cabrero habría incurrido en responsabilidades administrativas de haber obedecido la indicación. Por otra parte, una decisión de esa magnitud habría causado perjuicios a cientos, tal vez miles, de investigadores, estudiantes, becarios, proveedores y usuarios de los proyectos afectados. El famoso memorándum fue filtrado a través de redes sociales y divulgado en la prensa. Ante las protestas generalizadas de la comunidad, Álvarez-Buylla tuvo que revertir su decisión.

Ya en funciones, la directora Álvarez-Buylla realizó varios nombramientos que pueden calificarse, cuando menos, de inadecuados. Los dos primeros son las designaciones de Edith Arrieta Meza y de David Alexir Ledesma como Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y como Subdirector y Coordinador de Comunicación e Información Estratégica, respectivamente. En este caso no hubo necesidad de filtraciones; al ser nombramientos oficiales, la información era pública. Nuevamente, la prensa y las redes sociales criticaron ampliamente la notoria falta de preparación y capacidades de ambas personas para ocupar los puestos señalados. El propio presidente trató uno de estos casos en sus conferencias de prensa y ambos funcionarios tuvieron que renunciar o fueron despedidos en cuestión de días.

Ilustración: Víctor Solís

Existe un tercer nombramiento que considero inapropiado y que —por razones que desconozco— no ha recibido la atención debida de la comunidad científica y de la prensa. Me refiero al nombramiento de Mario de Leo Winkler como director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  De Leo Winkler cuenta con una muy escasa producción científica, al grado que nunca ha pertenecido al SNI. Resulta difícil de entender cómo una persona que nunca ha pertenecido al SNI puede evaluar con justicia a grandes investigadores que cuentan con decenas o centenas de publicaciones y miles de citas. En cualquier sociedad profesional, los pares eligen a un miembro destacado de la comunidad como directivo de la misma. Aquí, Álvarez-Buylla procede a contrario sensu. Espero que esto no traiga consecuencias negativas en los resultados de la convocatorias de ingreso y reingreso al SNI, que se encuentran ya en curso. Aunque este nombramiento ha recibido poca atención de la prensa, quiero destacar que investigadores como Antonio Lazcano han abordado este tema en algunas entrevistas.

Otro caso muy comentado en la prensa fue el menú gourmet contratado por la directora Álvarez-Buylla para el comedor del Conacyt. El contrato incluye especificaciones sobre el origen de los alimentos que deben servirse (orgánicos, agro-ecológicos, sin tóxicos, de alta calidad y adquiridos a productores de la región). Además, especifica su contenido calórico y  que deben ser avalados por un nutriólogo. El asunto no pasaría de una anécdota chusca si no fuera porque la directora destinó a este contrato 15 millones de pesos más IVA. La vigencia del contrato va del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 y beneficiará a 120 trabajadores. Unas cuantas operaciones aritméticas nos hacen ver que se destinarán algo más de 900 pesos diarios en alimentación por cada trabajador. El asunto no puede ser soslayado cuando, por otra parte, hay recortes presupuestales que afectan a 27 centros públicos de investigación, varios ellos al borde del colapso, y que han sido documentados, especialmente a partir del memorándum sobre austeridad que emitió el presidente de la República.

Esta retahíla de decisiones cuestionables tuvo su más reciente episodio el lunes 29 de julio, cuando la directora del Conacyt emitió una dura comunicación contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). La directora del Conacyt protestó porque el FCCyT realizó una encuesta entre los miembros del SNI sobre una eventual nueva Ley de Ciencia y Tecnología; lo acusa de “duplicidad” de funciones y de hacer mal uso de la base de datos del SNI. Además, amenaza al FCCyT con denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con “consultar ante las autoridades competentes la viabilidad de transferir recursos públicos” al FCCyT. Este nueva escaramuza es tan grave que el día miércoles 31 de julio el propio presidente López Obrador fijó su postura. Quiero analizar el asunto con cierto detalle. Para ello, recordemos que el FCCyT es una asociación civil cuyas actividades y financiamiento están autorizados por la Ley de Ciencia y Tecnología vigente (que data de 2002 y fue reformada en 2015).

La directora del Conacyt se equivoca al reconvenir al FCCyT por realizar una encuesta. Una de las funciones fundamentales del FCCyT es, precisamente, realizar este tipo de levantamientos estadísticos para tener información oportuna y de primera mano de la comunidad científica. Durante años, el FCCyT ha realizado encuestas sobre temas muy diversos y ha hecho llegar dicha información al gobierno federal. Sin ir más lejos, hace algunos meses el FCCyT realizó una encuesta sobre los posibles miembros a integrarse a las comisiones dictaminadoras del SNI y el Conacyt no externó ningún reproche. Tampoco creo que haya duplicidad alguna: si el Conacyt o el SNI quieren realizar sus propias encuestas, pues qué mejor. Así podríamos, idealmente, contar con más bases de datos para conocer la opinión de la comunidad científica con respecto a una nueva LCyT. Considerar que sólo el Conacyt puede realizar dichas auscultaciones es una actitud profundamente antidemocrática y, desde luego, contraria al método científico, la forma de hacer ciencia en donde se trata de contar con el mayor número de evidencia posibles. En mi opinión, aunque la directora Álvarez-Buylla negó tener que ver con la propuesta de LCyT promovida por la Senadora Ana Lilia Herrera, parecería que la propuesta no le desagrada, sino al contrario. Por lo tanto, una encuesta amplia y con preguntas que no fueron diseñadas en el seno del nuevo gobierno pudiera resultarle incómoda. Tal vez esto puede explicar la dureza del comunicado 48/19 del Conacyt.

La directora del Conacyt amenaza al FCCyT con denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con “consultar ante las autoridades competentes la viabilidad de transferir recursos públicos” al FCCyT. La directora entra en terrenos pantanosos. Es muy rebatible que la ASF pueda auditar a una asociación civil, como lo es el FCCyT. Creo que aquí la denuncia no va a encontrar eco. Por otra parte, las “autoridades competentes” es el propio presidente de la República, vía la Secretaría de Hacienda. Por ello, el presidente López Obrador tuvo que fijar posición el miércoles pasado. Es posible pensar que el presidente se precipitó en sus declaraciones. El financiamiento al FCCyT está previsto en la LCyT vigente. Si el presidente suspende el financiamiento al FCCyT estará violando la ley. Así de simple. El presidente fue más lejos: dijo que no va a “mantener” al FCCyT, implicando que desea que desaparezca. El presidente no puede desaparecer una asociación civil. Se trata de un desliz muy lamentable.

Dada la gravedad del comunicado 48/19 del Conacyt, el pasado martes 30 de julio, Julia Tagüeña, coordinadora general del FCCyT, dio una extensa conferencia de prensa para fijar su posición ante la comunicación de la directora del Conacyt. Me parece que la conferencia fue mesurada; evitó caer en estridencias y reafirmó la autonomía del FCCyT. Me sorprendió la pertinencia de las preguntas y la cantidad de información con que cuentan los reporteros de temas científicos. Tagüeña evadió con habilidad dar respuesta a preguntas que la hubieran confrontado directamente con la directora del Conacyt o el presidente López Obrador. Pero el desenlace de este nuevo episodio se avecina. El tema de la posible desaparición del FCCyT ha inquietado nuevamente a la comunidad científica y ya existen varios grupos que piensan redactar comunicados colectivos para pedir al gobierno federal revenir sobre la decisión de “no mantener” al FCCyT. Quiero también destacar un ensayo de Raúl Rojas en defensa del FCCyT que ha comenzado a circular en redes sociales. 

Mi pronóstico: yo desearía que hubiera una diálogo abierto y productivo entre el FCCyT, la directora del Conacyt y la propia presidencia de la República, pero veo lejano este escenario. Creo que la directora del Conacyt se encuentra muy alejada y ajena de las opiniones de la comunidad científica. Más bien impera un clima de descalificación hacia las críticas. No ubico ningún CPI o asociación científica que haya salido a apoyar sus decisiones. Entonces no queda más que la vía de la protección de la justicia federal. En todo el país se promovieron alrededor de 27,000 juicios de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, amén de varios juicios de inconstitucionalidad promovidos por la minoría del Senado y por la CNDH. En el pleno de la SCJN sólo faltó un voto para declararla completamente nula (la LFRSP no fue desechada por los dos votos de los nuevos ministros propuestos por el presidente). Sin embargo, se anularon artículos que han restituido salarios y prestaciones a miles de empleados federales en el país. También vale la pena recordar las suspensiones definitivas obtenidas por numerosas guarderías infantiles (notablemente en Chihuahua) contra la cancelación del financiamiento que recibían y las suspensiones definitivas obtenidas por quienes se oponen a la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía.

Me atrevo a pronosticar que si el presidente López Obrador intenta desaparecer el FCCyT o eliminar su financiamiento, éste promoverá sendos juicios de amparo que ganará con facilidad. ¿De verdad es ésta la mejor vía para dirimir las diferencias de política pública y entre las diferentes comunidades involucradas?

 

Eduardo Aranda-Bricaire
Investigador titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAV.

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