El actual sistema educativo, en México y otros países, ha visto en años recientes el auge de dos ideas íntimamente entrelazadas: la pantometría (la doble convicción de que “todo es medible” y de que medir es la forma más exacta de conocimiento) y la ubiquidad de la evaluación (el deseo omnipresente de estimar el valor de las personas e instituciones a través de examinaciones periódicas). La creciente injerencia de estas dos ideas se ha materializado en múltiples prácticas específicas, una de las más visibles es la aplicación masiva de exámenes estandarizados (pruebas donde todos los examinados responden preguntas equivalentes y son calificados con un mismo método).

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Los exámenes cuantitativos y estandarizados aplicados a gran escala son ya viejos conocidos en la vida de los estudiantes, sea que deseen ingresar a una preparatoria en el Distrito Federal (donde tienen que presentarse al Examen Único de Ingreso a Bachillerato, que se aplica desde 1996 y que el año pasado fue solicitado por más de 300 mil egresados de secundaria), ir a la universidad (anualmente, por ejemplo, más de 200 mil jóvenes realizan los exámenes estandarizados de la UNAM, UAM e IPN) o certificar su habilidad lingüística en inglés para asistir a alguna universidad extranjera (para lo que requieren presentar exámenes como el TOEFL, que empezó a utilizarse en 1964 y que es aplicado en más de 160 países).

Más reciente es la tendencia de obligar a los maestros a someterse a este mismo tipo de pruebas. En México, con la reforma educativa iniciada este sexenio, se están introduciendo evaluaciones —como el Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes, que se inició en 2013— para determinar quiénes podrán ingresar al servicio profesional docente dando clases en una primaria o secundaria y quiénes, entre los que ya son maestros, podrán retener sus plazas o aspirar a una promoción. Como en los casos anteriores, el número de examinados en estas pruebas alcanza los cientos de miles cada año. Las ondas de choque provocadas por la implementación de esta política han sido registradas cotidianamente por la prensa; pero poco se ha discutido sobre qué opciones se han utilizado en otras partes para evaluar a los maestros.

Valga el caso de Estados Unidos como botón de muestra. Ahí, en lo que va del siglo XXI, se pasó de evaluaciones a los maestros realizadas por los directores de cada escuela (quienes, presumiblemente, tienen el conocimiento más detallado sobre cada profesor individual) a lo que ahora llaman la Iniciativa de Estándares Comunes, que pretende homogeneizar a nivel nacional los contenidos de la educación y donde la federación da apoyo presupuestal a las escuelas de los estados bajo la condición de que las evaluaciones de los maestros estén ligadas a los resultados de sus alumnos en exámenes nacionales estandarizados. Así, lo que antes era una evaluación contextualizada y con conocimiento de primera mano, se convirtió ahora en una donde la opinión del director sólo pesa 60% y los resultados de los alumnos en los exámenes significan el 40% restante. Esta política no deja de tener sus consecuencias negativas (e inesperadas): los docentes dedican demasiadas horas prepararando a sus estudiantes para responder un examen, sacrificando tiempo valioso para desarrollar contenidos; y los padres de familia se quejan de que los niños se estresan mucho cuando se acercan los exámenes. Estos problemas han sido suficientemente significativos como para que Barack Obama anunciara que las escuelas no deberán dedicar más de un 2% del tiempo en el aula a la preparación para esos exámenes.

Regresando a México, hay que decir que los profesores de educación superior viven también bajo la férula de las evaluaciones cuantitativas y estandarizadas. Muchas universidades administran las recompensas simbólicas y económicas (nombramientos, sobresueldos, becas, estímulos) por medio de tabuladores que traducen en puntos cada una de las actividades de los profesores. Éstos tienen también que someterse a los cuestionarios estandarizados que llenan los alumnos para evaluar sus clases (cuestionarios que en algunas universidades tienen un peso considerable). Para algunos profesores es necesario, además, pasar por evaluaciones de instancias fuera de sus universidades, como el Sistema Nacional de Investigadores, del Conacyt, o el Programa de Mejoramiento del Profesorado, de la SEP.

Aquí vale la pena decir que un aspecto poco estudiado es cómo las tecnologías de la información están multiplicando el número de actores sociales que se involucran como evaluadores en la educación (y en otras áreas de la vida social). Hoy, las habilidades de un profesor universitario pueden ser evaluadas por los estudiantes del mismo modo que los comensales califican con estrellitas su experiencia en un restaurante usando sitios de internet como Tripadvisor. En el caso de los docentes esto sucede, por ejemplo, con la página misprofesores.com, donde los usuarios califican a los maestros según los criterios de “facilidad, ayuda y claridad”. La versión en inglés de esta página (RateMyProfessors.com), fundada en 1999, enlista a más de ocho mil universidades en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido y ha acumulado más de un millón de calificaciones para los profesores de esas instituciones —la página tiene 800,000 consultas mensuales—. Y aunque hay una completa falta de controles sobre la veracidad o representatividad de los comentarios ahí vertidos, es un secreto a voces que esos “índices de popularidad docente”, por más cuestionables que puedan ser, son consultados por académicos y administradores para formarse una opinión sobre sus colegas y empleados. Instancias evaluadoras de este tipo están fuera del control de las universidades o de las oficinas gubernamentales, pero tienen un lugar en el intrincado paisaje de las evaluaciones educativas donde todos estamos bajo la lupa de alguien más.

Esta amplia gama de evaluaciones y mediciones puede estar bien o mal hecha y puede utilizarse para muchos fines. No hay nada intrínseco en ellas que las haga despreciables y malévolas; pueden ser útiles para asir realidades amplísimas que de otro modo sólo podríamos conocer precaria y anecdóticamente. Tampoco son indispensables e infalibles, pues tienden necesariamente a ser reduccionistas, como toda medición (que para ser efectiva requiere concentrarse en unas pocas de las múltiples cualidades del objeto medido). Finalmente, hay que evadir la idea de que lo que estamos viviendo es simplemente producto de una arbitrariedad burocrática o el capricho de algún funcionario. Nos encontramos frente un fenómeno de época, una corriente internacional que si bien no es inevitable tampoco va a desvanecerse fácilmente; tenemos que entenderla y estudiarla para usarla a nuestro favor (o al menos para navegarla con cierta elegancia).

Héctor Vera es investigador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, UNAM.