abril 18, 2018
En este debate se debe tener presente a Foucault, cuando nos recuerda que la función social del examen tiene finalidades de regulación y control social en tanto su gestión permite administrar, a conveniencia, la entrada y salida de los sujetos en los diferentes niveles del sistema escolar. Regular los flujos y desplazamientos de los sujetos es una estrategia biopolítica desde la cual se organizan las sociedades actuales.
Mientras que en México la concepción de la ciencia como un lujo dispensable no cambie, el país tendrá pocos elementos para poder atraer/retener a sus “cerebros”. Por otra parte, mientras que el sector privado no muestre un mayor compromiso con el sector, será prácticamente impensable que nuestro país genere un ecosistema más armónico de innovación, en conjunto con el gobierno y la academia.
Se debe reconocer que la situación que vive el país en términos de calidad en la educación respecto a los servicios educativos es multifactorial, por esta razón, debe partirse del contexto de las escuelas para diseñar desde cada centro escolar un proyecto de investigación que devele y atienda los factores que inciden y limiten el logro de la calidad educativa.
Los alcances e implicaciones que el movimiento estudiantil ha tenido en las transformaciones que está experimentado la educación superior en Chile son difíciles de prever en el largo plazo debido a los vaivenes políticos y las alternancias de gobierno con diferentes intereses políticos y financieros. Sin embargo, la medida de gratuidad parece que “llegó para quedarse” como ha admitido el gobierno entrante del nuevo presidente Sebastián Piñera, quien representa un ala moderada de la derecha.
Los candidatos a la presidencia de la república no pueden cerrar los ojos a la afrenta que tiene el magisterio en este momento si lo que desean, realmente, es trabajar para mejorar la educación de nuestro país.
Lamentablemente, a pesar de que hoy se sabe más sobre la movilidad estudiantil en México gracias a Patlani, poco se ha aprovechado la estadística construida en los últimos 6 años para apuntalar el diseño e implementación de una política pública en pro de la movilidad estudiantil universitaria en el país.