El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha emitido directrices para hacer frente a los principales desafíos en el sistema educativo mexicano. En diciembre de 2017 se emitieron las directrices para la mejora de la permanencia en la educación media superior (EMS), nivel educativo donde se presenta un especial rezago en eficiencia terminal, además de bajos niveles de desempeño y carencias severas en infraestructura. Las directrices son producto de un análisis profundo que ha incorporado opiniones de académicos, tomadores de decisiones e integrantes de las comunidades escolares. Así, se proponen medidas para “fortalecer, con un enfoque de equidad, las políticas dirigidas a institucionalizar acciones para la permanencia escolar en los planteles de EMS” (Directriz 1), para “mejorar la formación de los tutores académicos y las condiciones institucionales para su adecuado desempeño” (Directriz 2); para “fortalecer las competencias docentes para generar interacciones pedagógicas pertinentes a las necesidades educativas de los jóvenes” (Directriz 3); para “afianzar la identidad de los jóvenes con la escuela, promoviendo ambientes escolares seguros, incluyentes y democráticos” (Directriz 4), y para “ampliar las estrategias de reincorporación educativa de los jóvenes, atendiendo la diversidad de sus contextos sociales” (Directriz 5).

Los gobiernos estatales contaban con 60 días para informar si decidían alinear sus acciones de política educativa a estas directrices. Si los estados responden que se atenderán las directrices, se espera que las instituciones que integran a la autoridad educativa estatal se coordinen para establecer objetivos y planes de acción. Al 14 de febrero, fecha en que venció el plazo señalado, se registraban respuestas afirmativas de subsistemas y autoridades educativas de 18 entidades . Uno de los estados donde se registran respuestas afirmativas por parte de los subsistemas de EMS es Oaxaca, donde el pasado 11 de enero se realizó la presentación de directrices. Si bien es de celebrarse la disposición de la autoridad educativa estatal para atender las directrices del INEE, es necesario discutir las acciones específicas para lograrlo. Esto es de particular importancia en una entidad donde cientos de comunidades se encuentran desde hace décadas en una situación de exclusión económica, social y política. Si bien no es el papel de la escuela acabar con las condiciones de pobreza, tampoco es posible hacer como si la pobreza no existiera, como si no afectara la experiencia de los estudiantes, o como si no dificultara las condiciones de trabajo de los docentes. Si la política educativa que resulte de la adopción de directrices no contempla la diversidad y complejidad del sistema educativo oaxaqueño, se corre el riesgo de que reproducir lo que Solís (2013) y otros académicos llaman “estratificación horizontal”. Esto significa que en la entidad seguirán existiendo escuelas públicas buenas, pero los jóvenes de niveles sociales inferiores permanecerán en y egresarán de escuelas de menor calidad y/o prestigio.

Así, se proponen tres estrategias para comenzar a alinear las directrices para la mejora de la permanencia en EMS en Oaxaca, todas ellas en concordancia con las prioridades estratégicas que el INEE señala: En primer lugar, se plantea involucrar a los presidentes municipales. En las directrices se habla de autoridades federales y estatales, pero poco se dice de las autoridades municipales, quienes son reconocidas en la Ley General de Educación como responsables de participar en la prestación de servicios educativos. Algunos estudios de caso (de la Cruz Orozco, 2016; Pardo, 2003) sugieren que las autoridades municipales pueden gestionar recursos para la educación local, exigir rendición de cuentas a padres de familia, docentes y directores, o promover medidas que desincentivan la deserción. En segundo lugar, se resalta la necesidad de generar estudios de trayectorias: en el estado de Oaxaca no son públicos –si es que existen– estudios de trayectorias durante la EMS. Si bien sabemos cuántos jóvenes se inscriben y cuántos egresan, no hay información representativa y sistematizada sobre los factores que desincentivan la permanencia. Se requieren diagnósticos por subsistema y por tipo de comunidad. Y obviamente, se requiere de la disposición y apoyo de los tomadores de decisiones para usar esa información en la construcción de estrategias para mejorar la permanencia escolar. En tercer lugar, se plantea considerar las características de las comunidades para implementar políticas educativas. Esta tercera estrategia puede parecer una obviedad, pero debe decirse y repetirse. Es imperativo basar las políticas educativas —tanto las nacionales como las estatales— en las características de las comunidades, en las necesidades y fortalezas de quienes integran sus escuelas. Si hablamos de los estudiantes en comunidades rurales, por ejemplo, debería tomarse en cuenta que muchas veces han tenido que mudarse, dejar su pueblo, vivir en un albergue, sin la compañía de un mentor ni un familiar que los apoye y acompañe diariamente en este nivel educativo. Aunque existen programas de becas para estudiantes en estos entornos, su operación debe mejorarse. Presento dos ejemplos. Primero, en una nota anecdótica, la autora ayudó a un estudiante a enviar una solicitud de beca por internet.  Aunque el formato era sencillo, la plataforma no funcionó durante horas. ¿Qué pasa si el estudiante vive en una comunidad sin internet? ¿O si no puede costear otra hora de internet para saber si ya funciona la plataforma? En un segundo ejemplo, un docente de EMS en la entidad refería que sus estudiantes deben trasladarse a otras comunidades para recibir su beca, pero era frecuente que no pudieran costear el viaje. Así, incluso los estudiantes con beca siguen en riesgo de no graduarse.

Considerar las características de los estudiantes en estas comunidades también implica recordar que quienes reciben los servicios educativos son estudiantes indígenas y/o estudiantes que habitan comunidades que se rigen por usos y costumbres. Conforme se asciende en nivel escolar, se va perdiendo el uso y la valoración de las lenguas indígenas. Mayor escolaridad también se asocia con el abandono de los sistemas de cargos que las comunidades han establecido para que los jóvenes ejerzan una ciudadanía responsable. Insisto, primero deben entenderse las fortalezas y necesidades de los estudiantes para que las políticas educativas contribuyan a la permanencia escolar apoyándose en sus conocimientos y formas de vida. El INEE ha empezado este trabajo a través de la Consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre evaluación educativa. En dicho documento se presentan las posibilidades de mejora educativa que las comunidades observan en cuanto a infraestructura, personal, organización de actividades de aprendizaje, uso de las lenguas indígenas en las actividades escolares e integración de la comunidad educativa a la vida comunitaria. Las autoridades educativas estatales podrían extender las consultas para promover políticas educativas pertinentes.

Las propuestas para alinear las directrices de mejora de permanencia a los contextos oaxaqueños aquí presentadas pueden tener sentido para otras entidades con condiciones igualmente diversas y complejas. Dichas propuestas se centran en actores a nivel de la escuela y la comunidad porque, como afirma Ball (2015), la política pública se hace y rehace en distintos momentos, en distintos lugares, por distintas personas. Sin embargo, la inclusión de actores a nivel local no quiere decir que la implementación de las directrices sea únicamente responsabilidad suya. Para que las directrices del INEE se traduzcan en acciones efectivas para mejorar la permanencia escolar se requiere también del compromiso de quienes dirigen y operan los distintos subsistemas de EMS en las entidades, de quienes dirigen los múltiples sindicatos en este nivel escolar, de legisladores con capacidad de aprobar partidas presupuestales para esta política educativa, de autoridades educativas federales y del propio INEE para promover y participar en sistemas de gestión y seguimiento. En este sentido, es necesario considerar las distintas formas de colaboración entre actores a nivel federal, estatal, municipal y escolar para contar con estrategias específicas que mejoren la permanencia escolar y promuevan la coherencia entre las particularidades de las escuelas y las políticas educativas estatales y nacionales.

 

Ivania de la Cruz Orozco 
Profesora-investigadora del Programa Interdisciplinario de Política y Prácticas Educativas (PIPE)  del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).