El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta actualmente numerosas protestas estudiantiles como resultado de su intento por volver más selectivo el acceso a la educación superior de su país. A los estudiantes franceses se les pide aprobar un examen al término del bachillerato (que no es lo mismo que sólo graduarse de ese nivel) para poder tener derecho a un lugar en una institución de educación superior cercana a su domicilio. Sin embargo, la demanda de lugares ha crecido considerablemente y uno de los principales problemas de la educación superior francesa es que casi un 60% de estudiantes abandona la universidad en el primer año. Para Macron es imperativo modificar estas políticas de ingreso, pero los estudiantes franceses parecen no estar dispuestos a aceptarlo.

En Alemania, el sistema funciona más o menos de forma similar: existe un riguroso examen que se realiza una vez concluidos los estudios de bachillerato aunque en disciplinas con alta demanda como medicina se realiza un proceso de selección más riguroso. Otros ejemplos de políticas de “puertas abiertas” para el nivel superior son los colegios comunitarios (Community Colleges) en los Estados Unidos que representan una oferta de estudios no universitarios. Sin embargo, una institución que aún mantenía una estrategia parecida, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, se ha visto obligada a modificarla porque las tasas de abandono de sus estudiantes también eran muy altas en el primer año de estudios. Finalmente, un ejemplo más cercano al contexto de América Latina es Argentina con el acceso libre y gratuito que mantiene en las universidades de gestión estatal, una medida no exenta de problemas como sucede en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que reporta tasas de abandono de casi un 40% en los estudiantes de primer año. Así, los resultados de las políticas de acceso abierto en la educación superior no son del todo alentadores alrededor del mundo.

En este sentido es necesario discutir la propuesta del candidato presidencial mexicano puntero en las encuestas —Andrés Manuel López Obrador— quien ha manifestado que “no habrá ningún rechazado de universidades públicas”. El Proyecto de Nación 2018-2024 del candidato incluye tres documentos sobre educación (Educación para todos; Inclusión de jóvenes y La autonomía universitaria de las instituciones de educación superior particulares. Fundamentos y referencias). En el primero de esos textos señala que su gobierno buscará: “incorporar a escuelas universitarias públicas y privadas a todos los estudiantes que aspiren a estudiar y cuenten con certificado de estudios de educación media superior”. El candidato llegó a declarar que se deberían de “quitar los exámenes de admisión” en las universidades públicas. Esta propuesta ha generado muchas críticas debido a que el establecimiento de mecanismos de admisión de las universidades es una decisión de cada institución y pretender que el gobierno federal interfiera en tal medida sería una intromisión hacia las instituciones de educación superior (IES) (especialmente hacia las universidades autónomas). En un reciente programa de televisión, el candidato afirmó que se buscaría una decisión “en conjunto”, que el presidente de la República se sentaría con los rectores para que “sin violar la autonomía” se vea la manera de recibir a más estudiantes de acuerdo a la normatividad de cada universidad. Ahí mismo, el candidato López Obrador afirmó que se trata de buscar acuerdos con universidades públicas y privadas.

De hecho, llama poderosamente la atención que otro de los documentos de su “Proyecto de Nación” propone otorgar autonomía a las instituciones de educación superior privadas como un reconocimiento a su “compromiso y calidad”. ¿De dónde vendrá este interés por otorgarles autonomía a las IES privadas? En el proyecto no queda claro en qué universidades se está pensando. Se trata de un tema delicado y se debe recordar que a raíz de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia, el ministro José Ramón Cossío Díaz señaló que las universidades privadas pueden acceder a cierta autonomía aunque no de rango constitucional, pero sí mediante la “emisión de decretos por parte del Ejecutivo federal o locales”. El “Proyecto de Nación” habla de que las IES necesitan autonomía de “gobierno, económica y académica”. ¿Este planteamiento será una forma de asumir que para que las universidades acepten abrir más espacios para los rechazados de la educación superior, su incentivo será otorgarles autonomía? ¿Bajo qué justificación un gobierno de izquierda incluirá en su agenda apostarle al crecimiento de las universidades privadas para ofrecer lugares a quienes no encuentren un sitio en las IES públicas? Más aún, el “Proyecto de Nación” critica textualmente: “la proliferación de universidades privadas de muy dudosa calidad, en un afán por convertir la educación en un mercado y a los educandos en consumidores de servicios”, pero dedica uno de sus tres documentos a justificar la autonomía de las universidades particulares. ¿En qué quedamos? Más grave sería si pensamos que con este impulso a las IES privadas se puede estar considerando también implementar algún tipo de subsidios públicos indirectos —o inclusive directos— a dichas instituciones, tipo váuchers; ¿no significaría eso una forma de privatización de la educación superior?

Además de las contradicciones en estos planteamientos, los números del candidato no cuadran. En el documento “Inclusión de jóvenes” se señala como meta que se incorporará “aproximadamente” a 150 mil estudiantes en educación media superior y a 150 mil en educación superior en algo que denominan un: “proyecto educativo emergente”, otorgándoles “una beca anual de 29,000 pesos”. Nunca se aclara a qué se refiere ese “proyecto educativo emergente” pero, ante el silencio sobre la continuidad y resultados de las llamadas Escuelas Universitarias de Morena, queda la duda: ¿se estará pensando ampliar o usar dicho modelo para responder a la necesidad de ofrecer más lugares para los alumnos rechazados?

De acuerdo al Anuario Estadístico de la ANUIES, sólo en la zona metropolitana se calculan unas 293,637 solicitudes rechazadas para la educación superior en la Ciudad de México y en los 20 municipios del Estado de México que conforman dicha zona (el número no siempre representa las cifras reales en tanto que los aspirantes suelen presentar más de un examen por año y en diferentes instituciones). En todo caso, la oferta de 150 mil lugares en el “Proyecto de Nación” es un dato interesante, pero considerando la cantidad de jóvenes rechazados en todo el país parece una cifra francamente insuficiente. La matrícula actual nacional —en modalidad escolarizada y no escolarizada— es de 4,096,139 estudiantes, según el plan que le presentó recientemente la ANUIES a los candidatos a la presidencia (Visión y acción 2030). Por lo tanto, la oferta del candidato de Morena en su “Proyecto de Nación” sería incrementar la matrícula en apenas un 3.6%. Si la tasa bruta actual de cobertura es de 37.3% su propuesta alcanzaría apenas un 40%. Esta cifra se queda corta en relación con las propuestas de otros candidatos a la presidencia como Ricardo Anaya que habló en la ANUIES de un incremento de la matrícula hasta alcanzar el 50%. Inclusive se quedaría corta de lo que prometió el candidato Enrique Peña Nieto en su momento (45%). Así que el dato incluido en el “Proyecto de Nación” desconcierta cuando en el discurso sostiene que “no habrá más jóvenes rechazados”. El candidato y su equipo deberían aclarar si esa propuesta de 150 mil estudiantes es sólo una cifra inicial y cuál sería la meta real de incremento de matrícula.

No hay duda que el proyecto del candidato López Obrador responde a una preocupación social, el documento “Educación para todos” afirma que “preferimos que los jóvenes sean becarios, no sicarios”. La frase que ha funcionado muy bien en la campaña necesitaría estar acompañada de algunas aclaraciones en cuanto a: cifras; contradicciones evidentes entre el “Proyecto de Nación” y sus discursos; papel que contemplan para las IES particulares; mecanismos de financiamiento para cubrir los costos de las becas y lo que representaría el “incremento presupuestal sustancial” a la educación y ciencia que prometen. Una política de “puertas abiertas” en la educación superior genera muchos cuestionamientos, y las pocas piezas sueltas del rompecabezas con las que contamos hasta ahora simplemente no cuadran.

Tampoco faltan razones para discutir el incremento del acceso a la educación superior en un país como México, empezando con la comparación de la cobertura de educación superior con otros países de América Latina. Mientras que en Chile tienen una tasa bruta de cobertura de poco más de 88%; en Argentina es de 83%; en Uruguay de 63 %; en Colombia de 56%; en Costa Rica de 53 % y en Ecuador de 41%; en México dicha cobertura apenas alcanza un 37.3%, lo cual habla de que no hemos hecho bien las cosas, aunque también nuestro tamaño y crecimiento demográfico son superiores a los de esos países. Además, existen problemas de inequidad graves, en 2016, el Banco Mundial analizó la distribución de la tasa neta en educación superior por deciles de ingreso y mientras el decil 10 —los más ricos— tuvo un 89% de participación, el decil 1 —los más pobres— apenas tuvieron una participación de 6% en el nivel superior. No sólo abruman las inequidades en el acceso sino además el subsistema terciario está muy estratificado y los lugares con mayor demanda casi siempre son para los estudiantes más privilegiados y con mejores herramientas académicas.

Igualmente, el problema social que representa no poder ofrecer opciones viables de futuro a los jóvenes considerando el contexto de violencia en el que estamos inmersos es otra razón poderosa para ampliar la oferta en este nivel. Sin embargo, nada de esto funcionará si no se incluyen en el debate temas como el establecimiento de políticas de acción afirmativa para asegurar lugares en universidades de prestigio para estudiantes que provienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos o grupos sociales tradicionalmente excluidos. O si no se considera el establecimiento de programas de nivelación académica para estudiantes que han sido rechazados de las IES o que provienen de bachilleratos con niveles desiguales a fin de ayudarlos a no abandonar sus estudios en el primer año (como ha ocurrido en otros países).

La propuesta del candidato López Obrador ha desatado críticas que van desde la defensa al acceso a través del mérito sobre cualquier otro criterio, hasta cuestionamientos respecto a si necesitamos más egresados con títulos universitarios cuando las ofertas laborales son cada vez más limitadas y precarizadas. Se trata de temas que merecen una discusión más amplia. No son preocupaciones menores y el candidato y su equipo harían bien en reaccionar a ellas.

Por último, un hecho que tampoco contribuye a transparentar las propuestas de López Obrador es que el candidato ha declinado participar en los foros que se han organizado para hablar de sus planteamientos educativos. Canceló su participación en 10 por la educación y tampoco asistió a la XXV Sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES a donde se invitaron a los entonces cinco candidatos. El candidato justificó su ausencia porque le está dando prioridad al recorrido por los 200 municipios del país —una estrategia más que válida— el problema es que, al no acudir a los foros especializados para hablar de sus propuestas educativas, crecen las dudas y predominan los mensajes truncos. Hace unos días, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) invitó a los candidatos a discutir sus planteamientos sobre educación. En caso de que no puedan asistir ellos se ha invitado a un representante. López Obrador ya presentó a Esteban Moctezuma como su futuro secretario de educación, ojalá que alguno de los dos acepte participar en este espacio de debate con investigadores educativos para hablar de los niveles obligatorios y superiores. Urgen respuestas y aclaraciones sobre una propuesta que discursivamente es muy atractiva para los jóvenes que anhelan un espacio en alguna IES. Lo que no se vale es crear altas expectativas con propuestas sin suficiente sustento sobre una problemática que no ha sido atendida por gobiernos anteriores, particularmente, cuando el autor es el candidato qie se encuentra más cerca de ocupar la presidencia del país.

 

Alma Maldonado-Maldonado es investigadora del DIE-CINVESTAV.