La educación superior es concebida como uno de los mecanismos por excelencia para el cambio social. El mayor nivel educativo de los individuos y sociedades es visto como una fuerza transformadora en múltiples niveles. Especialistas, funcionarios, y el público en general comparten la noción de que los estudios universitarios traen consigo conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo profesional de las personas y les abren puertas para obtener mayores ingresos y ascender en la escala social. De manera similar, se sostiene que una amplia base de ciudadanos educados al más alto nivel es condición necesaria para que un país desarrolle su aparato productivo y tecnológico, fortalezca sus capacidades institucionales, incremente su productividad, y potencie su crecimiento económico. Desde una perspectiva no económica, se atribuye a la educación superior un papel relevante en, por ejemplo, el desarrollo equitativo y sustentable. A través de la enseñanza, la investigación y la difusión del conocimiento, la educación superior coadyuva de manera sustantiva a la valoración, preservación y divulgación de la identidad y cultura propias, así como a la construcción de un entorno abierto a nuevas ideas y a la diversidad.

Para hacer factibles los anteriores resultados, es necesario que el acceso a la educación superior –y de calidad– se difunda entre todos los grupos que componen una sociedad. Esto es particularmente cierto en países altamente segmentados como México, donde amplios sectores de la población permanecen al margen de los beneficios asociados con la realización de estudios superiores. La construcción de una sociedad verdaderamente democrática e integrada precisa de un mayor nivel educativo de los sectores sociales más postergados.

Una notable propuesta y experiencia de intervención institucional en este ámbito fue el Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas, el cual operó entre 2001 y 2013. Conocido también como el IFP México, este programa formó parte del International Fellowships Program (IFP), el programa más grande emprendido hasta entonces por la Fundación Ford, reconocida organización filantrópica estadounidense. Además de México, el IFP operó en 21 países de América Latina, África, Asia y en Rusia, apoyando a personas académicamente talentosas y socialmente comprometidas de grupos sociales marginados para realizar estudios de posgrado. La inversión total realizada de 420 millones de dólares, da una idea del tamaño y alcance del proyecto. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) fue la institución encargada de operar el programa en México y adaptarlo a las condiciones específicas del país.

Es conveniente apuntar que en 2012 comenzó el Programa de Becas de Posgrado para Indígenas (PROBEPI), basado en el modelo y los resultados del IFP en México. Este programa también es operado por CIESAS en asociación y con el financiamiento del CONACYT. En conjunto, estos programas han otorgado becas a 354 hombres y mujeres indígenas para realizar estudios de posgrado en México y en el extranjero. Vistos como una sola acción –y por su funcionamiento ininterrumpido desde 2001– destaca como única en México y América Latina.

El caso del IFP en México es particularmente interesante por varios motivos. Uno de ellos es porque uno de sus propósitos centrales fue ampliar el acceso a la educación superior de calidad y, por esta vía, impulsar el desarrollo social entre la población indígena –la más rezagada del país en todos los componentes del Índice de Desarrollo Humano– incluyendo el educativo. Además, el programa, que como ya se dijo concluyó hace cuatro años, es actualmente parte de un estudio de evaluación a largo plazo del IFP para conocer en qué medida la relación entre programas de becas, educación superior y justicia social –la base conceptual que guió su diseño y funcionamiento– se está cumpliendo en México. En otras palabras, se pregunta si brindar oportunidades educativas y apoyo institucional a individuos puede traducirse en cambios sociales más allá de los beneficios y experiencias personales. 

Sin entrar en detalles, por su diseño y funcionamiento, este fue un programa no convencional de becas. Entre otras innovaciones, incorporó una serie de mecanismos y estrategias para: 1) reclutar candidatos y seleccionar a sus becarios teniendo en cuenta los efectos de las desventajas educativas y sociales de la población indígena; 2) asesorar a sus becarios en la elección del curso de posgrado más acorde con sus necesidades e intereses académicos y profesionales; 3) reforzar habilidades y conocimientos académicos relevantes antes de comenzar estudios de posgrado; 4) apoyarlos y acompañarlos durante sus estudios y, a partir de 2005, en su reinserción después de graduarse.

Entre 2001 y 2010 –último año en que se seleccionaron becarios– el IFP México otorgó un total de 226 becas, 190 (84%) de maestría y 36 (16%) de doctorado. Del total de becarios, 91 fueron mujeres (40%) y 135 (60%) hombres. Dentro de este universo están representados 34 de los 62 grupos étnicos oficialmente reconocidos en México, y 20 de los 31 estados del país. La mayoría de los becarios era originario de zonas rurales y pequeños pueblos alejados de las capitales estatales. También en su mayoría, fueron la primera generación de sus familias con estudios universitarios.

En cuanto a sus campos de especialidad, predominaron las ciencias sociales y las humanidades. El mayor número de becarios hizo su posgrado en temas relacionados con educación, desarrollo rural, manejo de recursos naturales, y derecho. 39.5% del total de becarios cursó sus estudios en México. España (26.5%), Chile (30%) y Costa Rica (9%) fueron los destinos más socorridos fuera del país. El dominio nulo o insuficiente de un idioma extranjero (inglés, por ejemplo) fue un factor de peso para que 95% de los becarios eligiera estudiar en América Latina y España.

Al concluir el programa en 2013, una de sus apuestas de arranque se había convertido ya en un legado fehaciente. El desempeño y resultados académicos de las mujeres y hombres indígenas becados (calificaciones obtenidas en sus cursos, promedios finales de aprovechamiento, tiempo de conclusión del programa de estudios, tasas de graduación) hicieron patente que la inclusión y la participación exitosa de estudiantes de sectores marginados en la educación superior de calidad son objetivos compatibles, necesarios y alcanzables. En contraste, y pese a la labor de seguimiento de exbecarios realizada desde 2005 por la Coordinación del IFP México en el CIESAS, quedaron abiertas preguntas centrales sobre el impacto a largo plazo que el programa tendría en la vida personal de sus becarios y la proyección social más amplia de sus acciones.     

Un importante paso dado para responder a tales cuestionamientos está contenido en el reporte Leaders, contexts, and complexities: IFP impacts in Latin America, el cual salió de la imprenta hace unos días. Este reporte forma parte de un estudio de seguimiento a diez años del IFP a nivel global realizado por el Instituto Internacional de Educación (IIE, que tiene su sede central en los Estados Unidos) por encargo de la Fundación Ford. En la región latinoamericana, México fue seleccionado junto con Guatemala y Brasil, para realizar un primer y exhaustivo trabajo de campo para completar la información y visión derivadas de una encuesta en línea realizada en 2016 a los exbecarios del programa, los que fueron dados a conocer bajo el título Social Justice and sustainable change. The impacts of Higher Education.

En lo que aquí más nos interesa, el caso de México, los hallazgos del estudio de campo –que fue comisionado a un equipo del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV– entregan una imagen compleja, donde las oportunidades abiertas a los exbecarios a través de los conocimientos, habilidades y credenciales adquiridas a raíz de sus estudios de posgrado, enfrentan desafíos importantes planteados por las realidades sociales y políticas locales. Apartándose de las narrativas lineales de éxito que caracterizan al común de los estudios de impacto sobre programas de becas internacionales, este reporte subraya atinadamente la importancia de los contextos nacionales para la cabal comprensión de los alcances y límites de tal tipo de programas, especialmente de aquellos orientados al cambio social. El reporte presenta de manera sintética la abundante información recabada a través de los testimonios de 67 exbecarios y 34 miembros de sus comunidades que fueron entrevistados en sus sitios de residencia. Se trata de un esfuerzo fructífero de investigación educativa y sobre el impacto de intervenciones institucionales como las que aquí nos ocupan. Entre otros frutos, permite conocer las vías a través de las cuales la experiencia educativa ha impactado en las trayectorias personales y profesionales de profesionistas indígenas posgraduados, y en su presencia y participación comunitaria.

Las consideraciones anteriores nos llevan de vuelta a la pregunta central sobre el rol que puede jugar la educación superior para la transformación de las condiciones de marginación que afectan a amplios sectores de nuestra sociedad. La lectura de “Leaders, contexts…” ilustra que si bien la mayoría de los profesionistas indígenas entrevistados han podido avanzar en sus carreras, varios se han enfrentado a desafíos importantes debido a la continua discriminación y las difíciles condiciones del mercado laboral que imperan en nuestro país como resultado de las políticas económicas dominantes desde hace varias décadas. Los logros alcanzados en la esfera educativa y las fuerzas de cambio que potencian, chocan de frente con rígidos entornos económicos y laborales, y con valores y prácticas excluyentes muy extendidas y profundamente enraizadas en la sociedad mexicana. El estudio reproduce testimonios de exbecarios que retratan vívidamente esta problemática. Se trata, por cierto, de una condición compartida con Guatemala y Brasil, con sus respectivas especificidades. Esto nos recuerda la dimensión regional y los vasos comunicantes de problemas históricos y estructurales compartidos por nuestros países, como la discriminación y la desigualdad de oportunidades para los grupos minorizados. A la vez, las acciones individuales y colectivas de beneficio social documentadas, así como el esfuerzo incesante e inquebrantable de las mujeres y hombres indígenas, ladinos y afrodescendientes apoyados por el IFP en los tres países examinados, refieren la existencia de rutas de cambio y soluciones compartidas.

El estudio global sobre el IFP, y de su capítulo sobre México, concluirá en 2023. Habrá que estar pendiente del siguiente reporte de la serie para confirmar si los hallazgos dados a conocer ahora obedecen a condiciones coyunturales o a obstáculos estructurales que afectan a nuestro país y que toca atender a todos. 

 

David Navarrete G.
Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).