Además de tener serios problemas en la información en que se sustenta, la iniciativa —hay que insistir: sólo ha sido congelada, no retirada— carece de datos acerca de los impactos que tendrá: incumplimiento de obligaciones a cargo del Estado mexicano, afectación de derechos y expectativas de personas, incluso posibles efectos confiscatorios de derechos patrimoniales de entidades con personalidad y patrimonio propios.