La propuesta de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación limita sustantivamente la voz de las comunidades académicas en el diseño normativo de aspectos fundamentales para su vida interna. La anulación de los órganos colegiados, la pérdida de representación de las comunidades académicas, y la creciente verticalidad y discrecionalidad en la toma de decisiones, se volverá la norma para todos los centros públicos de investigación.