De no atender la problemática financiera en el corto plazo, la crisis que enfrentan 11 UPES —Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas— que no cuentan con recursos suficientes para terminar el año, podría presentarse en otras universidades. La dinámica que ha imperado en los últimos años es insostenible y las consecuencias para la educación superior podrían ser de gravedad.

Recientemente han surgido voces que atentan contra la labor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; primero reduciendo su financiamiento y luego excluyendo su participación en los órganos de toma de decisiones del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación. La nueva Ley General de CTI deberá reconocer los espacios de participación pública existentes, como lo es el FCCyT.

En resumidas cuentas, urge dejar atrás la percepción de que el subsistema de educación superior tecnológica se “cuece aparte”. Es indispensable establecer sus perfiles específicos de desempeño e identificar sus aportaciones, sustantivas y particulares, a un proyecto nacional de educación superior.

En un país en el que el 45.6% y el 7.6% de la población se encontraban en situación de pobreza y pobreza extrema en 2016, mejorar la equidad educativa es una asignatura pendiente sobre todo en preescolar y en educación superior. Pero hacerlo de manera apresurada implica el peligro de generar decepción y frustración en quienes depositaron su aspiración a mejorar su calidad de vida en la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades.