Recientemente han surgido voces que atentan contra la labor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; primero reduciendo su financiamiento y luego excluyendo su participación en los órganos de toma de decisiones del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación. La nueva Ley General de CTI deberá reconocer los espacios de participación pública existentes, como lo es el FCCyT.

En resumidas cuentas, urge dejar atrás la percepción de que el subsistema de educación superior tecnológica se “cuece aparte”. Es indispensable establecer sus perfiles específicos de desempeño e identificar sus aportaciones, sustantivas y particulares, a un proyecto nacional de educación superior.

En un país en el que el 45.6% y el 7.6% de la población se encontraban en situación de pobreza y pobreza extrema en 2016, mejorar la equidad educativa es una asignatura pendiente sobre todo en preescolar y en educación superior. Pero hacerlo de manera apresurada implica el peligro de generar decepción y frustración en quienes depositaron su aspiración a mejorar su calidad de vida en la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades.

El descenso de solicitudes de nuevo ingreso a las escuelas normales obligó a que en algunas entidades flexibilizaran sus procesos de selección. En este escenario, resulta imprescindible determinar procesos de selección más rigurosos e integrales, en donde no se determine quién ingresa a la normal únicamente a través de un examen de opción múltiple, sino que se tomen en cuenta las características indispensables que se han identificado en docentes que logran mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.

Miles de jóvenes en el país se ven impedidos cada año a continuar sus trayectorias educativas en el nivel superior. ¿Qué esfuerzos tendría que emprender el nuevo gobierno para garantizar que ningún joven se quede sin “la oportunidad de estudiar una carrera, si así lo desea”? ¿En qué plazos podría concretarse este propósito?